infanta CristinaEl juez José Castro ha imputado a la infanta Cristina de Borbón por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de marzo en Palma de Mallorca, según un auto, de 227 folios, dictado este mismo martes.

Esta es la segunda ocasión en la que Castro imputa a la duquesa de Palma tras haberlo hecho el 3 de abril del año pasado y haber sido desimputada por la Audiencia de Palma, en un acto procesal insólito, que reclamaba más pruebas de los presuntos delitos. La declaración tendrá lugar en el marco del sumario por supuesta corrupción del caso Urdangarín, tambien llamado caso Nóos.

Tras una prolija investigación sobre la participación de la Infanta en la actividad de Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo y a través de la que presuntamente se desviaron fondos captados de manera fraudulenta de instituciones públicas, el magistrado pidió el pasado 9 de diciembre a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la duquesa de Palma.

Solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se declaró favorable a que Castro llamase a declarar a la infanta, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia duquesa de Palma se han manifestaron contrarias a la imputación. Con toda probabilidad, el auto será recurrido ante la Audiencia de Palma.

La Fiscalía Anticorrupción ha subrayado en un detallado escrito previo cuyos argumentos volvió a reiterar después de que Castro le solicitara su opinión, que contra la hija del Rey solo hay “conjeturas o sospechas”. Por su parte, el fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido “indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación”. Además, Horrach reprochó a Castro que hubiese ordenado diligencias “irrelevantes desde el punto de vista penal” cuya práctica solo ha servido para ocasionar “una dilación no conveniente del procedimiento”.

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