la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acuerda por unanimidad INFORMAR FAVORABLEMENTE la propuesta aprobada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión extraordinaria de 3 de mayo de 2012, relativa a las “Bases para una nueva demarcación judicial”, entendiendo que constituye un punto de partida coherente y válido para el estudio de la nueva, y necesaria, articulación organizativa de los actuales partidos judiciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (foto juzgados Almeria?

Sobre la base de las consideraciones efectuadas por los Presidentes de las Audiencias Provinciales en sus respectivos informes, ponderando las razones que se aducen en las mociones y memorias remitidas a este Tribunal Superior por las distintas instituciones mencionadas, tras el oportuno debate en el Pleno de la Sala de Gobierno, reunido en sesión ordinaria celebrada en Cádiz el 17 de julio de 2012, se emite el presente informe con el contenido que a continuación se expone, bajo Ponencia del Presidente del propio Tribunal, del que extractamos algunos pasajes

Se trata de un documento que plasma una necesidad de política judicial y debe servir de revulsivo para una mejor e indispensable reorganización territorial futura de nuestra justicia, proceso que necesariamente se prolongará en el tiempo al estar inmerso en una reforma más extensa y amplia de la Administración de justicia.

Asimismo, esta Sala de Gobierno, sin perjuicio de tal valoración general positiva acerca de la necesaria reagrupación de los actuales partidos judiciales, entiende razonable tomar en consideración las precisiones de todo tipo que, al respecto, se realizan en el presente informe y Anexo, en particular el obligado acompasamiento de la pretendida reestructuración de la demarcación judicial con otras posibles reformas legislativas, que condicionan sensiblemente el éxito de cualquier iniciativa de reorganización territorial.

En ese informe se señala que La organización territorial judicial vigente está, por tanto, desfasada y no responde en absoluto a criterios de racionalidad y eficacia. La realidad sobre la que se configuró ha quedado superada y, aunque el acceso a la justicia sigue precisando la proximidad, las actuales infraestructuras permiten obtener resultados análogos a los del pasado con una menor dispersión territorial. Al tiempo, están implantándose nuevos medios tecnológicos que agilizan y favorecen el acceso a los órganos judiciales y, por tanto, a la tutela judicial. La proximidad es comodidad, pero no necesariamente es calidad

Resulta, pues, incuestionable la inaplazable necesidad de abordar reflexivamente un cambio de modelo y diseñar un nuevo mapa judicial que armonice la facilidad de acceso de los ciudadanos a los órganos judiciales con la eficiencia de la Administración de Justicia. La reordenación de la demarcación lleva necesariamente a la concentración, especialización y firme apuesta por una organización judicial colegiada. Debemos caminar hacia la comarcalización de las jurisdicciones y de los servicios de apoyo a la función judicial, junto a un decidido compromiso para que los órganos judiciales sean preferentemente especializados y cuenten, en condiciones de igualdad, con similares servicios complementarios, presupuestos esenciales de una justicia de calidad

Por todo lo expuesto, la futura demarcación judicial lleva implícita la flexibilidad y progresividad, e impone un proceso programado y elástico que necesariamente deberá prolongarse en el tiempo y adaptarse a las peculiaridades de cada Comunidad, sin que suponga, de forma necesaria o automática, la desaparición de toda presencia judicial en los actuales partidos o el cierre de las infraestructuras judiciales

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