Urzúa, el jefe de turno de los 33 mineros el día del derrumbe y el último en salir de la mina en el rescate que se concretó hace una semana, fue interrogado por más de una hora por el fiscal regional de Copiapó -la ciudad más cercana al yacimiento-, Héctor Mella.
El fiscal investiga el derrumbe que el 5 de agosto obstruyó el acceso a la mina San José y dejó encerrados a los mineros por 69 días, a más de 600 metros de profundidad.
«Vamos a interrogar a los mineros y vamos a enviar a los mineros al Servicio Médico Legal con la finalidad de constatar su estado y confirmar y ratificar que no tienen lesiones atribuibles al derrumbe o si las tuvieron en algún momento», dijo el fiscal a medios locales.
«La idea es poder tener mayores antecedentes en la forma que se generó esta situación (el derrumbe) y contar con las declaraciones de ellos de manera directa», agregó.
Mella investiga el accidente que el 3 de julio le cercenó una pierna a Gino Cortez, trabajador de la mina San José, y en ese marco amplió la investigación al derrumbe que ocurrió casi un mes después y que sepultó a los trabajadores.
Dos querellas judiciales fueron ya presentadas por familiares de los mineros atrapados cuando estos aún se encontraban encerrados: una por el delito de ‘homicidio frustrado’ y otra por prevaricación, al estimar que tanto las autoridades como los dueños del yacimiento permitieron que la mina siguiera funcionando a pesar de sus problemas de seguridad.
Ahora el fiscal debe determinar si acoge o no estas querellas que apuntan al Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) -encargado de fiscalizar la actividad minera- y a los dueños de la Minera San Esteban, los socios Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny.
El Senageomin clausuró la mina en 2007 por la muerte de un trabajador pero un año después visó su reapertura.
Trabajadores de la minera denunciaron hace unas semanas que el yacimiento estaba «sobreexplotado», lo que debilita sus paredes subterráneas, mientras que los rescatados relataron que pidieron salir de la mina tres horas antes del derrumbe debido a que oían fuertes ruidos pero el personal a cargo negó la autorización.
La empresa minera rechazó en un comunicado que los mineros hubieran advertido del riesgo el día del accidente y que hubieran pedido autorización para salir de la mina.
Tras el derrumbe el presidente Sebastián Piñera descabezó el Sernageomin y anunció una comisión para mejorar las condiciones laborales en todas las áreas.
En paralelo, en el Juzgado de Letras de Copiapó se lleva adelante una demanda civil interpuesta por 29 familias de los mineros contra los dueños de la mina en que solicitan una indemnización de unos 12 millones de dólares por los daños morales causados por el encierro.
Frente a esta avalancha de demandas, un experto facilitador estudia si la empresa es viable o si se declara en quiebra, mientras que un tribunal accedió a retener el patrimonio total de la compañía -de unos 9,7 millones de dólares- para asegurar el pago de indemnizaciones y de los costos del rescate, estimados entre 10 y 20 millones de dólares.
Los 33 mineros fueron rescatados en buen estado de salud en un operativo que fue seguido y elogiado en todo el mundo.
