El instituto del Consumo de la Xunta impuso una multa 3.000 euros a Vueling por cobrar un suplemento
El Instituto del Consumo de la Xunta de Galicia impuso una multa 3.000 euros a Vueling por cobrar un suplemento de transporte de equipaje facturado

El TJUE se ha pronunciado a raíz de la cuestión prejudicial que planteó Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ourense sobre la adecuación de la normativa española, que no permite a las compañías aéreas cobrar un suplemento de precio a los pasajeros por transportar equipaje facturado, al derecho europeo. El litigio se originó entre Vueling airlines y una mujer cuando la compañía le cobró un suplemento de 40 euros por transportar dos maletas facturadas y ella lo denunció.

En definitiva, se trataba de saber si el Derecho de la Unión puede cuestionar el modelo de negocio adoptado por determinadas compañías aéreas desde la liberalización del sector y, en particular, por las compañías denominadas «low cost». En su sentencia, el Tribunal de Justicia responde que el Derecho de la Unión se opone a una norma, como la española, que obliga a las compañías aéreas, en cualquier circunstancia, a transportar no sólo al pasajero, sino también el equipaje facturado de éste por el precio del billete de avión, sin que pueda exigirse ningún suplemento de precio.

El Tribunal de Justicia considera que el precio que ha de pagarse por el transporte del equipaje facturado no es un elemento obligatorio y previsible del precio del servicio aéreo, sino que puede constituir, en el sentido del Derecho de la Unión, un suplemento opcional de precio relativo a un servicio complementario.

A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que, con la utilización cada vez más generalizada del transporte aéreo, los modelos comerciales de las compañías aéreas han experimentado una considerable evolución. Así, determinadas compañías siguen actualmente un modelo comercial consistente en ofrecer servicios aéreos al precio más bajo. En este modelo, el coste ligado al transporte del equipaje, en cuanto componente del precio de tales servicios, es un elemento importante. Por tanto, los transportistas aéreos de que se trata pueden querer imponer el pago de un suplemento de precio por ello.

El Tribunal de Justicia señala, además, que no cabe excluir que determinados pasajeros aéreos prefieran viajar sin equipaje facturado, a condición de que eso reduzca el precio de su título de transporte. En vista de estas consideraciones, el servicio de transporte del equipaje facturado no puede considerarse obligatorio o indispensable para el transporte de los pasajeros.

En cambio, el Tribunal de Justicia estima que el equipaje no facturado, es decir, el equipaje de mano, debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros. Por consiguiente, su transporte no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables.

A este respecto, el Tribunal de Justicia indica que existen diferencias entre el servicio de transporte del equipaje facturado y el del equipaje de mano. En efecto, el tratamiento y custodia del equipaje facturado puede generarle costes adicionales al transportista aéreo, lo cual no ocurre con el transporte del equipaje de mano. Además, la responsabilidad del transportista por los daños ocasionados al equipaje es mayor cuando éste ha sido facturado que cuando no lo ha sido.

El Tribunal de Justicia subraya que la norma española no permite manifiestamente a los transportistas aéreos facturar separadamente un suplemento en concepto de transporte del equipaje facturado y, por tanto, fijar libremente un precio por el transporte de los pasajeros. A este respecto, el Tribunal de Justicia indica que el Derecho de la Unión no se opone a que los Estados miembros regulen aspectos relativos al contrato de transporte aéreo, especialmente a efectos de proteger a los consumidores contra las prácticas abusivas pero recuerda que una normativa nacional de esta índole no puede cuestionar las disposiciones sobre precios establecidas en el ámbito de la Unión.

1 Comentario

  1. Deficiente sentència del Tribunal de Justícia de la Unión Europea que ante el conflicto de intereses en juego opta por el consumo antes que por la «alta protección de los consumidores españoles (en este caso)». Salva, livianamente este derecho, al indciar en la sentencia que los jueces (añado y los organismos de consumo) en cualquier caso deben velar porque las compañias aéreas cumplan con los derechos de publicación e información previos de los importes de facturación.

    La sentencia se plantea en términos generales la facturación de equipaje que no sea el de mano (sobre el que también se pronuncia); pero el caso planteado ser refiere a una sóla maleta y con unas condiciones determinadas y a la capacidad normativa de un Estado de proteger más a su consumidor permitiéndole llevar sin costo añadido una maleta facturada. Más de una o superar el peso o las medidas establecidas conlleva, sin discusión, el pago de suplemento de precio. El juez europeo, busca apoyar su tesis preconcebida y encuentra el absurdo del derecho de los viajeros que no quieren facturar a tener un precio más reducido de su viaje…y con ello equivoca todo lo bueno que se espera de nuestra justícia europea. Entre los efectos obtenidos está el de que transportar una maleta en «bodega» tiene o tendrá un precio superior al de llevar una persona en «preferente» siempre y cuando un debate sobre precios abusivos no lo impida.

    Por cierto, aprovecho para indicar que la Unión Europea, en este conetxto del transporte aéreo, debería obligar normativamente a las compañias a identificar ante el cliente el modelo de avión empleado porque empieza a darse una pràctica de sustitución (a la baja) que no se aviene a lo conocido (por otros viajes anteriores) porque lo empeora y que si que debe generar responsabilidad.

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