La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tiene previsto aprobar en los próximos días un decreto para restringir este servicio a españoles y extranjeros que verdaderamente lo necesiten.

Esperanza Aguirre esgrime tres razones para aprobarlo. La primera, la “confusión” que se ha venido produciendo entre la justicia gratuita y el turno de oficio. La segunda, el hecho de que “se nos obliga a asumir todas aquellas cuestiones judiciales de cualquier inmigrante que aterrice en Barajas”.

Y, la tercera, la nueva legislación sobre tráfico, que según ha explicado Aguirre, “hace que cualquiera que haya conducido a gran velocidad o bebido puede acceder a un abogado de oficio, incluso si se trata de alguien inmensamente rico”.

Los abogados de oficio cuestan a la hacienda autonómica alrededor de unos 50 millones de euros al año.

“La Comunidad de Madrid no va a seguir un año más alimentando lo que consideramos que es un fraude y una desnaturalización de la justicia gratuita, que debe ir a los madrileños y los extranjeros que no disponen de medios” ha explicado Aguirre.

El decreto anunciado modificará también la situación actual en la que cada recurso de un abogado de oficio tendrá que ir acompañado del correspondiente mandato de su cliente, que en muchos casos ya no están en España.

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