La sala propondrá además al Gobierno que modifique la tramitación de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OED) para que, en vez de acordar las entregas de los terroristas por cada causa pendiente en los tribunales españoles, lo hagan por todos los procedimientos.
Así lo ha dado a conocer a los medios de comunicación el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que ha explicado que tanto la decisión de Velasco de imponer la fianza a Aranalde por un delito de tenencia de explosivos, como la de su compañero Baltasar Garzón -instructor de la causa- de reformarla y ordenar su ingreso en prisión, «son resoluciones jurisdiccionales motivadas que responden a criterios legales de los jueces».
Por tanto, la Sala de Gobierno «se da por enterada» del asunto y, «sin perjuicio ni invasión» de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha decidido que no ha lugar a incoar diligencias informativas para que sean remitidas al órgano de gobierno de los jueces.
Juanes ha detallado los pasos seguidos por el juez Velasco, que también retiró el pasaporte a la etarra y fijó comparecencias semanales, y ha recordado que la Fiscalía recurrió en un mismo auto tanto la fianza como las medidas cautelares impuestas a Aranalde, y solicitó que se le impusieran comparecencias diarias y vigilancia policial permanente.
Ese recurso se registró en el Juzgado a las 13.40 horas del pasado viernes y Velasco dio traslado a las partes para presentar alegaciones en un plazo de tres días, tras lo que Garzón resolvió el recurso el lunes y acordó su ingreso en prisión. «No ha habido ninguna anomalía en el funcionamiento del Juzgado en cuanto a la tramitación del recurso», ha subrayado Juanes.
Para evitar casos como este, la Audiencia Nacional elevará la petición de modificar la tramitación de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero durante la presidencia española de la Unión Europea (UE), que tendrá lugar el primer semestre de 2010.
La fórmula que propondrá la Audiencia Nacional contempla que los terroristas y demás delincuentes sean entregados «en bloque» y no por cada uno de los procedimientos que tienen abiertos en los tribunales españoles.
Aranalde, tras ser extraditada por Francia la semana pasada por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al comando Donosti y no por uno de estragos terroristas, fue puesta en libertad bajo fianza de 12.000 euros y posteriormente se dio a la fuga.
Las autoridades francesas «perdieron» la documentación relativa a la presunta participación de Aranalde en la colocación de varias bombas en gasolineras de Madrid en el puente de la Constitución en 2004 y por ello no pudieron entregarla también por esa causa, por la que podría haber sido encarcelada, ya que la Fiscalía habría instado esta medida y se habría evitado su puesta en libertad.
