Sánchez de diegoLa abdicación del Rey Juan Carlos I nos ha sorprendido a la gran mayoría del pueblo español. La comparecencia en televisión primero del Presidente del Gobierno que se equivocó al referirse a la voluntad del Rey de “renunciar al trono”[1] y el mensaje posterior del propio Monarca, nos ha hecho pensar que se abre una nueva etapa, con una cierta urgencia. Al parecer la decisión ya había tomada a principio de año y comentada con los líderes de los partidos mayoritarios sobre el mes de marzo, aunque esta información no está contrastada o, al menos existen dudas sobre su veracidad, dada la precipitación. Algunos han querido ver que el momento del anuncio de la abdicación vendría determinado por los resultados de las elecciones europeas que marcan el declinar del bipartidismo o, al menos el necesario cambio en el PSOE.

Independientemente de las razones de la abdicación, aunque por lo que conocemos del Rey Juan Carlos I, seguro que ha considerado que la abdicación era la solución mejor para España, nos ha sorprendido sin que se hubiese desarrollado previamente el andamiaje jurídico relativo a la Corona. Aunque existen normas reglamentarias, la mayor parte de ellas relativas a la organización de la Casa de S.M. el Rey, el Título II de la Constitución Española no ha sido desarrollado por ninguna ley orgánica. El artículo 57 en su párrafo 5 establece que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”. Pese a que UPyD presentó el 26/09/2013 una [2]“proposición no de Ley relativa al desarrollo del Título II de la Constitución sobre la Corona”, no ha existido una inquietud de los grupos mayoritarios en las Cortes Españolas para aprobar esa ley orgánica. La política sobre el desarrollo normativo de la Corona ha sido puramente pasiva, quizás porque se pensaba que discutir sobre el desarrollo de la Corona era abrir la caja de pandora de los republicanos.

Ante la abdicación, el Gobierno ha optado por enviar un proyecto de ley orgánica especial. Históricamente, las abdicaciones requerían autorización de las Cortes mediante una ley especial[3], porque se partía de la idea  decimonónica de la existencia de un pacto, expreso o tácito, entre el Rey ‑cabeza y representante de una dinastía‑, por una parte, y la nación, representada en las Cortes, por otra. Ese pacto era el que fundamentaba la ordenación constitucional.

En una monarquía parlamentaria como la actual en la que la soberanía reside en el pueblo español, la fundamentación constitucional es radicalmente distinta. Ni España es un feudo histórico de los Reyes, ni las Cortes operan como un contrapoder del Monarca. Por eso la institución de la abdicación no podemos entenderla como la ruptura de un pacto entre Monarca y Cortes que precise la conformidad de ambas partes. A mi juicio, la abdicación hay que entenderla como una decisión personal del Rey que ab initio no precisa refrendo de ninguna autoridad. Eso explicaría el documento que el Rey entrega al Presidente de Gobierno, firmado sólo por el Rey. Otra cosa será el cese del Monarca en el Boletín Oficial del Estado que sí que requerirá el refrendo del Presidente del Gobierno.

En principio las Leyes son de alcance general, no singulares. Por eso aunque en esta ocasión podemos admitir una ley orgánica para proceder a la abdicación del Rey, proponemos que una ley orgánica establezca el procedimiento para dar cuenta de la abdicación y hacer que esta surta efecto. Esa sería la interpretación del párrafo 5º del artículo 55 cuando se refiere a que las abdicaciones, “se resolverán por una ley orgánica”. Esa ley orgánica además debería establecer el procedimiento para determinar la resolución de cualquier duda de derecho, como podría ser cual es el estatuto del Rey que ha abdicado. Constituir un fuero jurisdiccional o cualquier tipo de inmunidad en un Decreto, una Ley ordinaria o una Ley Orgánica sobre el Poder Judicial o cualquier otra materia, es a mi juicio una incorrección normativa, expresión ésta más elegante que la de “chapuza jurídica”.

Por último, una reflexión sobre la Ley Orgánica especial de Abdicación: ¿se dan cuenta que quienes voten en contra, están manifestando que no quiere que Rey abdique? Esto es, están diciendo que no quieren que se marche el Rey Juan Carlos I.

Por todas esas razones, creemos que el Gobierno debería enviar cuanto antes un proyecto de Ley Orgánica sobre la Corona en donde se establezca el procedimiento para la abdicación y renuncias –entiendo que bastaría con conocer la voluntad inequívoca de abdicar o renunciar‑, el protocolo para afrontar cualquier duda de hecho o de derecho y para desarrollar alguna duda de derecho que ya se nos presenta: el estatuto del Rey que ha abdicado y de su consorte; de la Reina Letizia; de Leonor Princesa de Asturias y del resto de la familia del Rey.


[1] La mayoría de la doctrina entiende que la renuncia se refiere a los derechos dinásticos y afecta a los sucesores de quien renuncia. La abdicación supone el acto por el cual se deja de ser Jefe del Estado, ocupando sustituyéndole la persona llamada a sucederle.

[3] En la Constitución de 1845 el Rey necesita estar autorizado por una Ley especial “para abdicar la Corona en su inmediato sucesor” (artículo 46, párrafo 4º). En la Constitución de 1869 se exigía también una ley especial para “abdicar la Corona” (artículo 74, párrafo 7º). En la del año 1876, el artículo 55, párrafo 5º también exigía una autorización por una ley especial.


Manuel Sánchez de Diego Frdez. de la Riva, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid

[email protected]

http://sanchezdediego.blogspot.com.es/

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.