El borrador de la ley contempla también la mejora de la regulación para que las asociaciones sectoriales puedan denunciar posibles «prácticas abusivas» en materia de plazos de pagos, así como la potenciación de procedimientos abreviados para reclamar deudas de las administraciones.
Todo ello con la finalidad de aplicar un marco legal «más ambicioso» para la morosidad, evitando que los deudores utilicen los plazos dilatados de pago como un mecanismo de financiación de bajo coste.
La Ley, que también contemplará mejoras en materia de educación y ciencia e innovación para propiciar el cambio de modelo productivo, recoge, igualmente, la necesidad de reformar los organismos reguladores.
Se introducen las bases para una futura Ley de Reforma de Organismos Reguladores Sectoriales, con el fin de reforzar la autonomía orgánica y funcional de estos organismos, mejorar su gobernanza y perfeccionar su mecanismo de rendición de cuentas, con nuevos procedimientos de consulta pública y de información al Parlamento. Además, se potenciará la cooperación entre los distintos organismos reguladores, así como entre éstos y la Comisión Nacional de Competencia.
En materia de contratación pública, se flexibilizará el uso de los contratos de investigación y desarrollo, se agilizarán los plazos y los trámites dentro de la administraciones públicas y se aumentará la transparencia y la información relativa a la contratación a través de internet.
Asimismo, se impulsará la colaboración público-privada, clarificando el régimen de financiación y el colaboración y regulando los procedimientos para la modificación de las sociedades de economía mixta. También se permitirá la colaboración público-privada en la contratación que efectúan las entidades públicas empresariales.
Además del apoyo a la internacionalización empresarial, el borrador de la Ley de Economía Sostenible, que recoge un fondo de 20.000 millones de euros, contempla la agilización de los trámites para la creación de empresas. Así, se prevé la eliminación de trámites y la reducción de su duración y, para ello, se estandarizarán los estatutos y denominaciones sociales.
