La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial denuncia ante el Consejo Consultivo de los Jueces Europeos tres proyectos del Gobierno que atacan completa y absolutamente la Independencia Judicial y desmantelan el Estado Constitucional de Derecho.

Uno de los proyectos es la llamada “ley de tasas”, que hará muy costoso el acceso de las clases medias y bajas a los tribunales, e, incluso, antieconómico y desaconsejable ya que los ciudadanos se gastarán más de lo que podrían obtener, de dárseles la razón.

Otro de los proyectos, que reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, bajo el pretexto de la crisis económica, pretende la eliminación de unos 900 jueces sustitutos que ejercen con total plenitud la jurisdicción en toda España y que ayudan a los jueces de carrera a resolver una carga descomunal de trabajo. Se obvia que los jueces de carrera españoles ya trabajan como dos alemanes, por lo que, en lo sucesivo, tendrían que trabajar como tres jueces alemanes.

Y, con ello, los jueces españoles se enfrentarán a un trabajo inhumano y excesivo, que les obligará a resolver de una forma  inaceptable para la sociedad:

    • O garantizar el estudio del caso y la resolución pensada y motivada, con retraso de otros asuntos, resultando lento aunque no lo sea.
    • O bien, prescindir de motivación y dictar muchas resoluciones de forma rápida, con riesgo de error y sin poder “oír”, realmente, al ciudadano ni estudiar su asunto.

La queja identifica la solución: crear 3.000 plazas de nuevos jueces profesionales, que absorban el exceso de asuntos por juez, y reorganizar la planta judicial a nivel de TSJ. Pero, además, denuncia que el legislador español, aún conociendo esta solución sencilla y poco cara, no la aborda para tener asfixiado al Poder Judicial bajo esa inhumana y descomunal carga de trabajo.

Y, como colofón de lo anterior, el tercer proyecto crea un títere del Ministerio de Justicia dentro del Poder Judicial, que es el nuevo CGPJ, para que los jueces y tribunales estén organizados de forma jerárquica, bajo apariencia de no estarlo, y los jueces resuelvan conforme a la “política judicial” que se les marque según el Gobierno de turno.

Se adjunta informe que próximamente se presentará de forma oficial ante el Consejo Consultivo..

 La “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial” es una asociación compuesta en la actualidad de unos 190 socios, entre los que hay jueces, abogados, catedráticos, profesores, notarios, abogados del Estado, empresarios y estudiantes, entre otros. Fundada en mayo de 2011, está presidida por el catedrático de derecho procesal José Mª Asencio Mellado y es secretario general el magistrado Jesús Villegas.

 

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