PCmCLa Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras analizar el anteproyecto de ley de fomento de la financiación empresarial, manifiesta su desacuerdo con las novedades que se incluyen en materia de morosidad, concretamente, dos disposiciones que permiten a las empresas pagar su deuda comercial más allá de los 60 días fijados por ley, siempre y cuando haya acuerdo entre el deudor y el acreedor para ceder la deuda a un tercero, quien abonaría el pago en plazo.

Este “pacto entre las partes” está recogido en dicho anteproyecto en su disposición final tercera, que modifica la ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Ésta permite que en los casos en los que se produzca la cesión de la deuda a un tercero (como por ejemplo ocurre en el factoring o confirming bancario), se puedan alargar los plazos de pago cargando los costes financieros al acreedor.

En este sentido, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, insta al Gobierno a que “siga en la buena dirección como lo ha hecho hasta ahora” con la transposición de la Directiva Europea y la puesta en marcha de los diversos planes de pago, que “son prueba de su buena voluntad de mejorar la situación”.
Asimismo, ha solicitado que “no se vuelva a introducir el concepto del pacto entre las partes”, y que “no se confunda plazos de pago con medios de pago”. Al respecto, denuncia que “en ningún caso el medio de pago debe suponer un coste financiero para el proveedor por cobrar en el plazo que legalmente le corresponde, sino que tiene que soportarlo el deudor. El plazo de pago debe ser siempre el legal”.

Pese a toda la legislación aprobada anteriormente, tanto en nuestro país como en la Unión Europea, la redacción del texto podría suponer, además del coste financiero para el proveedor, también volver a los plazos de pago ilimitados. “La experiencia nos enseñó que pactar plazos hace que se incrementen y esto nos llevó a tener los periodos más amplios de nuestros vecinos europeos, solo por detrás de Grecia. Sin duda, aprobar esta disposición solo va a empeorar la situación de las pymes y autónomos para cobrar de acuerdo a los plazos legales”, explica.

?Asimismo, el presidente de la PMcM ha querido hacer referencia a que también es “necesario que, dentro de la Ley del Comercio Minorista, se anule el artículo que permite pagar por encima de los 60 días, para que las empresas de todos los sectores, ya sin excepción, tengan los mismos derechos y deberes”.

Necesidad de un régimen sancionador

Para hacer frente al problema de la morosidad, la PMcM insta a establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas desde 30.000 hasta 900.000 euros.

Durante la II Cumbre de Morosidad organizada por la PMcM, los grupos parlamentarios ya se comprometieron a realizar entre enero y febrero del presente año una propuesta de ley para iniciar el trámite parlamentario del régimen sancionador. El pasado 22 de enero CiU la presentó en el Congreso de los Diputados. La PMcM recuerda que es necesario que se cumpla este compromiso para poner fin a la lacra de la morosidad, que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.

Por otra parte, ante el hecho de que determinadas compañías están comunicando a sus proveedores que si se acogen al IVA de caja no les contratarán más, para así optar por aquellos proveedores con los que pueden deducirse el IVA sin haber pagado, la PMcM propone una medida que acabaría con este abuso. Se trata de que el Gobierno invierta el sujeto pasivo para que el proveedor (en su mayoría pymes) quede exonerado del anticipo del impuesto y se ponga de manifiesto qué clientes (muchos son grandes empresas) no pagan sus facturas a tiempo.

Asimismo, la PMcM propone también otros caminos para reducir de forma efectiva la morosidad, por ejemplo, implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador que tanto éxito cosecha en Francia; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.

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