La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se ha congratulado de las declaraciones efectuadas por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. El titular de hacienda anunció, el pasado lunes, que a partir del próximo verano todas las administraciones públicas en España van a aplicar los plazos que establece la Ley de Morosidad, de forma que todas ellas “van a pagar a proveedores a 30 días”.

La PMcM ha informado que próximamente se reunirá con el titular de Hacienda para presentarle su propuesta de régimen sancionador, una de las claves que considera fundamentales para reducir la demora en los plazos de pago. Además, la Plataforma ha recordado que la Ley española obliga a partir del 1 de enero de 2013 a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.

Igualmente, la Directiva Europea, que se implantará a partir de marzo, prevé la posibilidad de cobrar interés legal de demora, la compensación por los costes de cobro y, según fuentes europeas, hasta se podría llegar a sancionar al Gobierno español si la incumpliera.

Dobles dificultades para pymes y autónomos

La PMcM denuncia que pymes y autónomos están sometidos actualmente a un doble estrangulamiento, el de la restricción crediticia y el del impago de los importes que tanto Administraciones Públicas como otras empresas les adeudan. Este hecho se agrava en el caso de aquellas empresas a las que sus proveedores les exigen pagar en plazos sin ningún tipo de demora. Según la PMcM, estas pymes y autónomos tendrán que realizar, con la llegada de la nueva reducción de los plazos de pago, un esfuerzo mayúsculo para pagar en unos plazos aún más reducidos pero sin que por ello vayan a cobrar de sus clientes conforme a la ley. Esto causa un desfase insostenible que, aseguran, empeorará si el Gobierno no pone en marcha de forma inminente las medidas necesarias.

Ante esta situación, la PMcM ha solicitado a la Administración que ponga en marcha con carácter de urgencia medidas que permitan mejorar la liquidez de las empresas en estos momentos de escasez de crédito. Por ejemplo, la implementación de la prometida aplicación del criterio de caja en las declaraciones de IVA de pymes y autónomos evitaría que tuvieran que adelantar el importe del IVA de facturas que todavía no han cobrado, lo que supondría un gran alivio financiero que compensaría en parte el citado desfase.

Asimismo, la entidad propone la creación de un Observatorio de la Morosidad que ponga de manifiesto la situación real de los pagos en España, y, sobre todo, la aprobación de un régimen sancionador con multas ejemplarizantes que normalice los pagos entre compañías. También señala que hay que implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador. La PMcM indica que esto es especialmente importante ahora, “cuando debido a las nuevas tasas judiciales se va a producir un encarecimiento aún mayor de los ya de por sí onerosos y tediosos procedimientos legales de recobro”.

La morosidad, causa del cierre de empresas

Para la PMcM, la morosidad no es un tema colateral sino que se ha convertido en un problema trascendental y social, ya que “si consiguiéramos reducirla podríamos dar algo de oxígeno a las empresas en general y a las pymes y autónomos en particular, para evitar así la desaparición de más empresas y puestos de trabajo”. Desde que se inició la crisis, la PMcM estima que de unas 500.000 empresas que han desaparecido entre pymes y autónomos, un tercio ha sido debido a la morosidad.

Por último, la Plataforma contra la Morosidad ha manifestado su voluntad de trabajar mano a mano con el Gobierno y resto de partidos políticos para ir creando los mecanismos necesarios para que se cumpla la Ley en España y se transponga la Directiva Europea lo antes posible, con el objetivo de que este cumplimiento ayude a salir más pronto de la crisis.

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