Por MIGUEL BUSTOS RUBIO Doctorando en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Derecho Público; especialidad en Derecho Penal (UCM). Licenciado en Derecho (UAM).

 

El Proyecto de reforma de Código Penal anunciado por el Gobierno prevé, entre sus novedades más destacables, la supresión del Libro III del Código, esto es, de las faltas penales. La modificación se dirige a reubicar algunas de esas infracciones en el Libro II bajo una nueva denominación de “delitos leves”, y a expulsar definitivamente del ámbito penal a otras (que a lo sumo se convierten en infracciones administrativas o de carácter civil).

El hecho de expulsar unas faltas del Código y reintegrar otras en el Libro II a modo de “delitos leves” tiene que ir acompañado de una profunda fundamentación en aras a imbricar lo anterior con el principio de proporcionalidad (a veces tan dado de lado hoy). No puede simplemente cambiarse la denominación de lo que hasta ahora había conformado una categoría, la de las faltas, que se caracterizaba precisamente por el carácter leve del daño. Si un puñado de esas faltas se cambia de lugar y se ubica ahora en sede administrativa o civil, habrá que fundamentar por qué ya no son merecedoras de reproche penal.

Pero sobretodo, si otro puñado de faltas se va a reubicar en el Libro II en forma de “delitos leves”, tendremos que justificar qué ha cambiado para que ahora sea delito lo que ayer no merecía dicha etiqueta. A mi juicio no basta con otorgar ahora la ingeniosa calificación de “delitos leves” a esas antiguas faltas. Esta nueva denominación atenta contra lo que venimos entendiendo como principio de proporcionalidad, toda vez que el delito, en sí mismo y en respeto del citado principio, nunca debería poder ser considerado como “leve” (¿a dónde va la proporcionalidad, la intervención mínima del Derecho Penal, y la última ratio?).

Lo más destacable de esta reforma es precisamente esto último: la nueva concepción de las antiguas faltas como “delitos leves”. Entre los principios sobre los que descansa nuestro Derecho Penal se encuentra el principio de mínima intervención, por el cual el Estado se limita a ejercer su potestad coercitiva respecto a determinadas actuaciones que justifican el recurso a la pena debido a su importancia respecto de los bienes jurídicos que vienen a menoscabar.

Si ya los criterios de diferenciación de la inmensa mayoría de las faltas penales con respecto de las infracciones administrativas eran difusos e imperfectos, por la extraordinaria similitud entre ambas, nos encontramos que ahora el caprichoso legislador decide que la mitad de esas faltas penales pasen a constituir delitos. ¿Qué ha cambiado para que esas faltas, próximas al orden administrativo, sean ahora merecedoras del calificativo de “delito” en nuestro Código Penal? ¿Existe al menos una fundamentación dogmática/práctica real y suficiente para acompañar el cambio que se nos anuncia? ¿Debemos conformarnos con que de repente un conjunto de faltas pasen a considerarse “delitos leves” porque el legislador así lo considere, en base a un mero aumento de penas que en su mayor parte resulta inexplicable? En mi opinión, el legislador está empleando un argumento tramposo con este Proyecto, pues pretende fundamentar la eliminación del Libro III en base a la necesidad de expulsar del ámbito penal determinadas infracciones leves, silenciando sin embargo cualquier explicación sobre por qué ahora algunas pasan a constituir un “delito leves”.

Por ejemplo, lo que hasta hoy era una falta de maltrato de obra, prevista en el art. 617,2 CP., pasa a ser considerada “delito leve” ubicándose en el art. 147,3 CP. Antes esta infracción se acompañaba de una pena de multa de 10 a 30 días. Ahora, el Proyecto prevé, ante idéntica conducta, una sanción de 1 a 2 meses de multa. Se aumenta el límite mínimo y se duplica el máximo: no hay duda de que estamos ante una clara agravación de la sanción penal. Y sin embargo, ¿dónde está la justificación, en base a la proporcionalidad penal, para elevar la pena? Por mucho que en este último ejemplo la agravación de sanción sea mínima, ello no obsta para exigir una explicación sobre este cambio, explicación que se echa en falta en el Proyecto.

Además, debe advertirse que la reforma no supone un cambio meramente nominal sino efectivamente sustancial, por las consecuencias jurídicas que conlleva la misma. Así por ejemplo, lo que antes no generaba antecedentes delictivos, las faltas, ahora sí lo hace (a pesar de que el Proyecto contempla expresamente que el juez pueda seguir acordando la suspensión de pena pese a la existencia de antecedentes por “delitos leves”; lo cual no deja de ser una mera potestad discrecional). Pero además, fuera del Derecho Penal material, podemos preguntarnos qué ocurrirá con el proceso de faltas en la jurisdicción penal.

La lógica nos induce a pensar que desaparecerá definitivamente. Pero no nos engañemos: no por ello se disminuirá el patente colapso actual de los juzgados españoles, pues alguien tendrá que seguir juzgando lo que antes era falta y ahora es “delito leve”. La reforma que se predica deberá venir acompañada de modificaciones de la legislación procesal, pues con este cambio se ven afectadas tanto la competencia objetiva de los juzgados como el propio desarrollo del proceso. A pesar de todo, el Proyecto se ha querido cubrir las espaldas con una Disposición Transitoria que permite, por el momento, que los Juzgados de Instrucción sigan conociendo de lo que se denominará “delitos leves” (lo cual no es más que un parche momentáneo, que obligará en un futuro no muy lejano a abordar este problema por medio de una profunda reforma de la legislación procesal).

En suma, la desaparición del instituto de las faltas penales no es en modo alguno baladí. Con la misma se trastoca todo el sistema procesal penal; y con la misma se infringen, a mi modo de ver, y una vez más, determinados principios que sustentan el Derecho Penal material. Así la intervención mínima o última ratio, cuando se nos anuncia la conversión de algunas faltas en “delitos leves” sin ulteriores explicaciones. Ello, en mi opinión, es solo una muestra más del endurecimiento del instrumento penal y, con ello, de la potestad punitiva del Estado.