Es más, ha asegurado que el trato que reciben los internos en ellos es «correcto». Del mismo modo se pronunció el último lunes la fiscalía de menores de Cataluña, que subrayó su «sensación positiva» tras visitar 20 centros en la región.
Moix ha asegurado que la Fiscalía que dirige no ha recibido ninguna queja ni denuncia en los últimos años de parte de educadores o internos de los centros que están siendo investigados por el Defensor del Pueblo.
Además, ha apuntado que él mismo y sus ayudantes realizan visitas periódicas, la última hace tan sólo unos días y «nunca» ha observado malos tratos, ni menores atados, ni que se les dé medicación por doquier, como se ha denunciado.
En la más amplia investigación sobre los centros realizada hasta el momento, el Defensor del Pueblo analizó 27 centros de los 58 existentes y su diagnóstico no puede ser más alarmante: recurso frecuente al castigo corporal, a la medicación descontrolada, al aislamiento en sitios cerrados y a la violación generalizada de la intimidad epistolar y telefónica.
De los 27 centros investigados por el Defensor del Pueblo, 25 tienen encomendada la gestión a entidades privadas, la mayoría sin ánimo de lucro. Los gestores no sólo incumplen o vulneran los objetivos de la ley, sino que la Administración autónoma brilla por su ausencia. El extenso informe, de casi 500 páginas, fue enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación.
Entre los centros de la región citados por el informe se encuentra Picón de Jarama, donde se les da a los niños «collejas educativas» y los menores aseguran que les obligan a medicarse. Gestionado por la Fundación O’Belen, allí se suicidó un chico de 12 años y acumula numerosas denuncias.
