Ayer 10 de octubre se celebró el Día Mundial y Europeo contra la Pena de Muerte. La abolición de la pena de muerte en todo el mundo es uno de los principales objetivos de la política de derechos humanos de la UE. En efecto, la UE considera que se trata de una pena despiadada que, además de violar la dignidad humana, no consigue erradicar los delitos violentos. La aplicación de la pena capital como consecuencia de un error judicial, posibilidad de la que ningún sistema legal está exento, acarrea la pérdida irreversible de vidas humanas.
Esta celebración coincide con el debate abierto en nuestro país sobre la cadena perpetua revisable, propuesta que anuncia el PP que incluirá en su programa político y será una de sus líneas de actuación en materia de justicia. A este respecto, las asociaciones de jueces no acaban de ponerse de acuerdo. Mientras que la asociación Jueces para la Democracia (JpD) rechaza la ausencia de rigor de la propuesta del PP de incluir en su programa electoral la cadena perpetua revisable, la Asociación Profesional de la Magistratura recuerda que esa pena ya se aplica en la mayoría de las democracias de nuestro entorno.
Jueces para la Democracia, asociación de corte progresista, ha censurado en un comunicado que de esa propuesta del Partido Popular «solo se conozca poco más que slogans». «Debe rechazarse la ausencia de rigor y seriedad con que se trata esta materia en la búsqueda de réditos electorales, pues el Código Penal, esa Constitución negativa, debe nacer de un consenso profundo y racionalmente fundado» y no, según indica JpD, de aparentes urgencias o exigencias del presente, ni de la explotación de la «sensación social de inseguridad» sin que existan riesgos que la justifiquen.
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) recordó que la cadena perpetua revisable es una pena que recogen de forma generalizada la mayoría de los países europeos, además de EEUU y Canadá, para prevenir delitos muy graves y para personas que no tienen un pronóstico de rehabilitación favorable.
Mientras tanto en Bruselas se celebraba esta efemérida «Hoy, día en que celebramos el Día Mundial y Europeo contra la Pena de Muerte, declaro mi compromiso personal e inalterable, así como el de la Unión Europea, con la abolición de la pena de muerte, castigo que no tiene cabida en la sociedad actual», afirmó Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea.
La UE lidera los esfuerzos desplegados por las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo en sus campañas por la abolición de la pena de muerte, de las que es además la principal donante. La UE mueve todos los resortes de la diplomacia y la ayuda a la cooperación para avanzar hacia la abolición de la pena capital. En los lugares donde sigue existiendo esa pena, la UE aboga por su progresiva restricción e insiste en que se lleve a cabo en cumplimiento de unas normas mínimas internacionalmente acordadas.
La UE propicia la celebración de un debate público sobre esta cuestión que refuerce la oposición de los ciudadanos a la pena de muerte y ejerza presión sobre los países contumaces para que se decidan a abolir la pena de muerte o, al menos y como primer paso, para que introduzcan una moratoria. La UE también interviene contra la pena de muerte en foros internacionales como las Naciones Unidas; culminación de ese esfuerzo ha sido la serie de resoluciones sobre la moratoria de la aplicación de la pena de muerte adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En julio de 2011 se cumplió el vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, principal instrumento internacional en pro de la abolición de la pena de muerte. La UE anima a todos los Estados a que ratifiquen ese Protocolo o se adhieran a él.
La UE es además la primera organización regional en haber adoptado normas que prohíben el comercio de mercancías utilizadas para la pena capital (y para la tortura y el trato degradante), así como la prestación de la asistencia técnica relacionada con esos productos. El compromiso político de la UE va acompañado de una cuantiosa ayuda financiera para los proyectos concretos.
Para más información, consúltese el documento MEMO/11/669
Declaración conjunta:
http://www.consilium.europa.
