El contexto de crisis global de nuestro país no podía dejar de lado la justicia, un servicio que nunca ha funcionado de forma ejemplar y al que se destina escasamente el 0,38 del PIB anual, una cantidad a todas luces insuficiente para actualizar juzgados y organizar mejor nuestro sistema judicial. Al hilo de las declaraciones del conseller de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, sobre que no descarta implantar el pago de una tasa «como medida para agilizar los trámites judiciales», se han alzado en estos últimos días diferentes voces que valoran esta medida, ya bautizada como copago judicial. Secretarios judiciales, asociaciones de jueces, partidos políticos empiezan a opinar de forma prudente sobre esta nueva figura que podria modificar la justicia de forma esencial
Algunas de estas entidades muestran su interés en aplicar esta medida aunque es evidente que para aquellos ciudadanos sin recursos podría peligrar el propio derecho a la defensa. Por su parte, Pepe Blanco, Ministro de Fomento y portavoz del Gobierno descarto implantar esta medida a la que calificó de broma. Este es un debate que no acaba más de comenzar, como puede apreciarse..
La penúltima institución que ha opinado sobre esta cuestión es el SISEJ, Sindicato de Secretarios Judiciales, quien ha mostrado su disconformidad con esta hipótesis. En un comunicado enviado a los medios por Rafael Lafuente su portavoz indican que su rotunda oposición a cualquier medida que, como la que se sugiere, establezca condiciones económicas a la ciudadanía para acceder a la justicia.
«Desde el SISEJ rechazamos que se pretenda culpar públicamente a los ciudadanos de la tradicional falta de eficacia de la justicia, así como que se proponga hacer recaer sobre los mismos el coste económico de una supuesta agilización.» se explica en la nota a la que ha tenido acceso nuestro medio. · El ciudadano ante la justicia ha de ser el usuario de un servicio público, y el acceso a este servicio no puede hacerse depender de la capacidad económica individual. La garantía de la igualdad en este acceso, y la responsabilidad de ello corresponde precisamente a los poderes públicos. Consideramos que este tipo de iniciativas constituyen un ataque flagrante al estado de bienestar y al principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos.», señala en la citada información
El SISEJ no acaba de entender que desde un determinado sector de la judicatura se haya participado de modo entusiasta en la defensa de esta idea, que estimamos profundamente injusta.
Para el sindicato de Secretarios Judicials se señala que Todos los operadores jurídicos, los Secretarios Judiciales y también los jueces y magistrados, saben perfectamente, y la opinión pública cada vez es más consciente de ello, que «la justicia no empezará a ser moderna y eficaz mientras no se culmine la transformación organizativa de la misma que debe suponer la implantación de la Oficina Judicial, y se coloque por encima de otros intereses la satisfacción de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, sin distinciones en función de su capacidad económica o de cualquier otro tipo.»
Los jueces, divididos ante el copago
Jueces para la Democracia (JpD) explicó en un comunicado que aunque las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio «no tendrían ningún problema en pagar las tasas, a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».
Para JpD, «esta perspectiva de limitación de los servicios públicos a través del copago, como otras similares referentes a la educación o a la sanidad, representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado social, democrático y de derecho».
La asociación subrayó que la gestión de la Justicia podría mejorar «con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas» por la Generalitat Valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales, o una reducción de gastos «superfluos».
APM, partidaria
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, señaló que es lógico que los gastos ordinarios de la Administración de Justicia sean soportados en mayor medida por aquellas personas que acuden a los tribunales con mayor frecuencia.
No obstante, Llanera indicó dos limitaciones para el copago: que aquellas personas que carezcan de recursos para poder litigar tengan derecho a la justicia gratuita y que el gasto sea soportado por aquellos que acudan a los tribunales y éstos no les den la razón.
El representante de la APM defendió que quien pierde un juicio asuma mediante el copago un porcentaje del gasto derivado del funcionamiento de la Administración de Justicia -los medios personales y materiales-, en lugar de que sea sufragado por todos los contribuyentes españoles como ocurre en la actualidad.
Extender las tasas a otras jurisdicciones
Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, recordó que ya existe una tasa en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa, que se podría extender al resto de los órdenes judiciales.
Tras indicar que la competencia para fijar un impuesto corresponde al Estado, Sexmero argumentó que el establecimiento de una tasa en la Administración de Justicia no sería onerosa para los usuarios y contribuiría a mejorar este servicio público.
La Administración de Justicia necesita de medios económicos para poder funcionar, resaltó Sexmero, antes de apuntar que o el Estado incrementa los presupuestos de Justicia o se establece una tasa por la prestación de este servicio en el conjunto del Estado.
El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, comentó ayer que no hay que descartar que los usuarios tengan que sufragar una tasa «simbólica» por la prestación de un servicio en la Administración de Justicia, aunque ha reconocido la dificultad de implantarla en las jurisdicciones social o penal.
Varona aboga por distinguir en qué jurisdicciones y por qué actos se pagaría la tasa, que, en su opinión, podría suponer una mejora de la calidad de la Justicia