Lo ha venido anunciando el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz, Gallardón, desde que tomara posesión de su cargo de Ministro de Justicia. Y este martes, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que ha acudido la plana mayor de los operadores jurídicos del país y diferentes medios de comunicación corroboró, «por la situación de extremada gravedad que vive el pais», dos medidas, la congelación de las oposiciones de jueces y fiscales para este año y el desarrollo de nuevas tasas judiciales que ayuden a financier el modelo de justicia gratuita.

  Este  aviso progresivo que Gallarón ha ido lanzando en diferentes comparecencias suyas al final ha tomado forma porque hace pocos dias el Ejecutivo aprobó el anteproyecto de ley que extiende el copago en la justicia. Una decisión que ha venido acompañada de polémica y que ha sembrado la división de opiniones entre jueces y abogados. ¿Es acertada esta medida para evitar la litigiosidad de nuestros tribunales? ¿Atenta contra el derecho a una tutela judicial efectiva? Antes de responder estas preguntas de la mano de las principales asociaciones de jueces y de los Colegios de Abogados, es necesario conocer cómo quiere regular el Gobierno español la introducción del copago judicial.

Por tasas judiciales se entiende el abono de una cantidad de dinero para poner una demanda en primera instancia o para recurrir una sentencia en segunda instancia. De hecho, ya existen tasas en nuestro sistema judicial, aunque estas se dirigen únicamente a empresas que tengan un mínimo de facturación. Lo que se pretende ahora es ampliar este copago también a particulares en las jurisdicciones civil, contencioso – administrativo y social. La jurisdicción penal, por lo tanto, queda exenta. Es necesario matizar que en la jurisdicción civil, aquella que tramita los pleitos entre particulares, no se gravarán los asuntos de familia, es decir, todas aquellas causas de divorcios, menores o filiación ni tampoco las causas relacionadas con la protección de derechos fundamentales.

El Gobierno sostiene que esta es una medida necesaria fundamentalmente por dos aspectos. Por un lado argumentan que nuestro sistema judicial está saturado por un exceso de litigiosidad, y consideran que estas tasas pueden disuadir a quienes se pasan años recurriendo con el único objetivo de dilatar el proceso judicial. Además, por otro lado, sostienen que el dinero de estas tasas servirán para financiar el servicio de justicia gratuita, el llamado turno de oficio que vive momentos complicados en muchas comunidades autónomas, con retrasos o impagos a los letrados e incluso con recortes en las ya de por sí bajas retribuciones de los abogados que prestan este servicio.

Pero los argumentos del gobierno no logran convencer a muchos profesionales del sector jurídico. Los Colegios de Abogados se oponen de una manera contundente a la medida. También los secretarios judiciales se muestran desfavorables a las tasas mientras que los jueces se encuentran más divididos. Las asociaciones progresistas han puesto de manifiesto su disconformidad mientras que el resto, favorable al copago, no comparte algunos aspectos de la regulación que está llevado a cabo el ejecutivo.

Oposición de la abogacía

El Consejo General de la Abogacía Española no tardó en dar su respuesta al anuncio del ministro. Lo hizo tres días después en forma de comunicado manifestando su «enérgico rechazo» a la revisión de las tasas. Su presidente Carlos Carnicer, envió una carta al ministro considerando que el turno de oficio “apenas representa un 6,5% del gasto en Justicia, afecta al corazón del Estado de Derecho y debería ser financiado desde los Presupuestos y no desde tasas especiales”. Carnicer recrimina a Gallardón que no haya tenido en cuenta la opinión de este colectivo y que no les trasladara el anteproyecto de revisión de tasas, como habia prometido. Y alerta también de que con esta medida “se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la Justicia Gratuita, el último recurso para hacer valer sus derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza”.

Finalmente el presidente del CGAE (en la fotografia a la izquierda) recrimina al ministro que haya  dicho que «pagar al abogado no se considera una barrera para acceder a la Justicia y que el importe de los honorarios de los abogados es muy superior a las tasas que se van a fijar” ya que según Carnicer “en una situación como la actual, de enorme dificultad para todos y de forma especial para los profesionales liberales, que dependemos de nuestros clientes, no resulta justo ni tolerable argumentar que pagar estas tasas no tiene importancia a la vista de lo que cobran los abogados”.La postura de este organismo refleja lo que ha sido una constante entre los diferentes colegios españoles. Nos podríamos mover de Vigo a Zamora y de Santiago a Salamanca y encontraríamos exactamente lo mismo: sendos colegios de abogados en contra de la revisión de tasas.

Para las asociaciones de jueces favorables al copago en la justicia, la postura de los letrados tiene fácil explicación. Su motivación no es sólo ideológica, pues a ellos les pasa factura de manera directa en su negocio. Esta es de hecho una de las principales críticas que han recibido los abogados: que su imparcialidad puede ser dudosa cuando se trata de una medida que les afecta directamente a su profesión porque encarece los servicios que estos prestan.

La división entre los jueces

Se puede realizar una clara distinción entre la asociación de jueces denominada habitualmente como «más progresista» y el resto. Mientras que «Jueces para la democracia» es contraria a la medida, las otras dos principales asociaciones de magistrados, Asociación Francisco de Vitoria y Asociación Profesional de la Magistratura, están a favor de extender el copago en la justicia. A pesar de que todas ellas coinciden en alguas críticas que se hacen a la actual revisión que plantea el ejeuctivo de Rajoy, hay que diferenciar los motivos, pues el planteamiento de modelo de justicia que defienden parte de criterios distintos.

La segunda instancia

Si algo ha creado consenso en las críticas de los portavoces de las distintas asociaciones de jueces, es el hecho de que el copago se interponga a partir de la segunda instancia. A todos les parece desacertado. Para José Luis Ramírez, de Jueces para la Democracia (fotografía de la derecha), se trata de una propuesta ineficaz, porque asegura que la problemática de la saturación de la justicia se encuentra fundamentalmente en la primera instancia. Esta tesis la suscribe en parte el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria y juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, que dice que ellos son partidarios de la implantación en la primera y la segunda instancia y que el gobierno con esta medida lo que demuestra es que su voluntad es rebajar el número de recursos.

También Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura se alinea con esta tesis y defiende que el mayor nivel de colapso está en la primera instancia – ellos son partidarios de tasas en todas las jurisdicciones y todas las intancias -, aunque defiende también que de esta manera no puede decirse que quede afectada la tutela judicial efectiva porque todos pueden tener una respuesta judicial con relación a cualquier conflicto. En todo caso, argumenta, se restringe la revisión, porque la tasa se está estableciendo para aquél que ya ha tenido una respuesta judicial pero que no ha quedado conforme.

Saturación o tutela judicial efectiva

Para  Llarena es necesario revisar las tasas para reducir la litigiosidad que tiene ahora mismo España. Es más, dice que actualmente hay personas que pueden pasar años recurriendo sentencias y que con el actual sistema, los recursos los sufragan únicamente los presupuestos directos e indirectos de todos los ciudadanos. Precisamente las tasas pueden servir, según su opinion, para corregir lo que consideran una injusticia, para que paguen aquellos que más litiguen, y concretamente, aquellos que litiguen a sabiendas que no tienen razón.

También José Luis Armengol considera que la tasas pueden servir para evitar la litigiosidad, sobretodo en las cuestiones banales. Defienden que las tasas deben implementarse en todas las jurisdicciones y en todas las instancias aunque eso sí, no comparten las cifras que propone el gobierno, que consideran desorbitadas.

Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como Francisco de Vitoria consideran que la tutela judicial efectiva no queda tocada por el copago porque quedarían exentos aquellos que no fueran solventes, que no tuvieran los recursos económicos suficentes para permitirse pagar abogados y tasas.

En este punto Jueces para la Democracia defiende una postura opuesta. José Luis Ramírez no sólo dice que la propuesta es ineficaz sino también profundamente injusta. Asegura que el problema es que el propio enfoque es equivocado. Según Ramírez la aspiración no puede ser disuadir a la gente de acudir a los tribunales, porque ese un derecho de los ciudadanos, sino que hay que rediseñar los organismos judiciales para lograr evitar la saturación: una reforma estructural de los Tribunales para que sea más eficaz. Con el modelo que propone el nuevo gobierno, según Ramírez, el efecto disuasorio afectará a las clases más bajas. Defiende que para evitar la mala fe ya existe el actual sistema de costas, y que por tanto, es innecesario introducir las tasas.

La cantidad de la tasa

La Asociación Francisco de Vitoria (su portavoz, José Luis Gonzalez Armengol en la fotografía) defiende que la tasa debe ser mínima, de entre 5 y 10 euros para los procesos más simples, no sólo para evitar la saturación sino también como mecanismo de financiamiento de la propia administración de justicia. También José Luis Ramírez, de Jueces para la Democracia critica la cifra. La asociación que representa está en contra de las tasas pero además, les parece demasiado elevado las cifras que se manejan. Asegura Ramírez que los ciudadanos no querrán litigar en los asuntos más sencillos, porque a los mejor para una reclamación de cantidad de 150 euros debes pagar alrededor de 300. Por su parte, Pablo Llarena hace hincapié en la importancia de pagar la tasa al final del proceso y no al principio.

El caso catalán: la doble imposición

En Cataluña el copago judicial ha despertado muchos comentarios especialmente porque el Parlamento catalán ha establecido una nueva tasa en la ley de medidas fiscales y financieras para aquellos servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de justicia de competencia de la Generalitat. Una tasa que se aplicará conjuntamente a la que prevé el gobierno estatal. Esta doble imposición ha enfadado y de qué manera, a los abogados catalanes. A través del Colegio de Barcelona han manifestado su disconformidad con esta nueva tasa de 120 euros, que aseguran en un comunicado «reace sobre los servicios de apoyo al ejercicio de la potestad jurisdiccional mientras que la tasa estatal grava la misma potestad jurisdiccional, de forma que el usuario no recibe otro servicio que no sea el único que deriva de el ejercicio de la potestad jurisdiccional».

 

4 Comentarios

  1. El Ministerio de Justícia nos esta dando de que hablar con sus decisiones. El ministro que en cuestión económica no dejo bien a la ciudad de Madrid parece tener la solución para la participación de la justícia en la crisis y ésta está muy alejada de la que el poder constituyente vislumbró al concebir la justícia gratuita que, por sí, resulta incompatible con el establecimiento de cualquier tributo y que, a mi juicio, incluso repudia las costas judiciales por el criterio del vencimiento porque siempre hay litigios razonables y necesarios que no merecen tamaño castigo aun cuando parece haber límites en la LEC.

    Si hay crisis y hay quien obtiene beneficios de la misma que se actue sobre ellos. Parece que le cuesta a la UE y a España afrontar la realidad de los mercados y entrar tributariamente en el círculo vicioso generado por los mismos que la iniciaron (como grupo) y la disfrutan como individuos.

    La justícia no merece ser castigada economicamente pues se trata de una necesidad primaria que debe ser atendida preferentemente con los tributos pagados por los ciudadanos que la necesitan. La justícia necesita reordenación, un cambio de giro y de estructura, con la plantación de una vez por todas de la justicia de proximidad, con la figura del juez árbitro capaz de asumir una parte importante de los juicios verbales y ordinarios que se acumulan en los diferentes juzgados: por ejemplo, los temas de comunidades de vecinos, los problemas de consumidores, etc; estableciendo unos juicios ágiles con instancia, vista y resolución.

    El mecanismo de apagar la crisis acudiendo al terreno económico lejos de amparar una tutela judicial lo que provoca es una renuncia sin fundamento constitucional a la misma y ceo que ya es hora de dejar la Constitución tranquila y no reinterpretarla a conveniencia. Hecho de menos un buen Ministerio Fiscal, independiente y con capacidad para actuar de oficio contra cualquier ataque a los derechos fundamentales.

  2. No es la Justicia el lugar ni la materia sobre la que tiene que recaer la incqapacidad de los gobernantes para regir debidemante y constitucionalmente el orden social y ciuudadano. La Constitución dispone emn su artículo 119 lqa gratuidad de la Justicia, como principio si bien deja lugar a que por Ley se pùeda gravar. Pofr esto ha sido gtrayuita durante años y ahora los grandes solucionadores del PP, por Lwey la quieredn gravar. Qué magnifico ejemplo de buen gobierno !

    • Grabar la Justicia es grabar el Derecho de los ciudadanos a obtener lo justo, si no pagan. El sistema de Justicia gratuita que se tramita a través de los Colegios de Abogados es complicado y facilmente rechazado por los mismos ya que lo que se paga por el servicio que se presta es absolutqamente injusto en la mayor parte de los casos y no digamos cuando una de las partes pleitea de «rico» y la otra u otras gratuitamente. La Constitución establece el principio de «igualdad de armas» ¿Hay alguien que puede creer que es observado ?

  3. El Reu felipes vi que no tiene poder ejecutivo jurò «cumplir y hscer cumplir la Constitución y las Leyes» Como puede hacer cumplir sí no tiene poder ejecutivo? Jurò en falso ?

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