Las veinte principales firmas financieras (los seis bancos del Ibex y las 14 mayores cajas por activos) están presentes en el capital de 465 promotoras en España (algunas entidades también tienen cierta presencia en mercados extranjeros). El 58% de estas compañías (270) está en números rojos, según los informes anuales.

No todas las entidades, afrontan, sin embargo, el mismo escenario. En algunos casos, el grupo está ganando entre 200 millones y 300 millones al año con una aportación negativa de las filiales inmobiliarias de entre 30 millones y 100 millones.

En otros, el resultado es inferior a los 200 millones y los números rojos de las promotoras, superiores a 175 millones. También existe un buen número de bancos y cajas en los que el negocio inmobiliario tiene un peso muy limitado en el conjunto del grupo.

El perfil de estas sociedades es variopinto. La banca está presente en el capital de grandes inmobiliarias (Metrovacesa, Colonial, Afirma…), aunque el grueso son participaciones en pequeñas promotoras no cotizadas. Estas compañías, filiales al 100%, o en las que se tiene un paquete accionarial de control o minoritario, tocan todo el negocio inmobiliario.

Las entidades son propietarias de firmas dedicadas a la adquisición, urbanización y venta de suelo. También controlan empresas para el desarrollo de redes de balnearios y campos de golf; y promotoras especializadas en vivienda, entre otros activos.

Existen igualmente sociedades inmobiliarias instrumentales, contenedores de las viviendas y terrenos que la banca está adquiriendo como consecuencia de los impagos y los canjes de deuda.
Estas firmas se están reforzando con personal y capital, por el fuerte aumento de la cartera de inmuebles.

Ante la caída de los resultados y del valor de los activos de estas compañías, está por ver qué estrategia va a adoptar el sector financiero. Las sociedades que aglutinan los inmuebles adjudicados «se van a gestionar con un horizonte de tres a siete años vista», dicen en un banco. Se trabaja para subcontratar determinados proyectos con terceras empresas o administraciones públicas, con el objetivo de compartir riesgos.

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