El Bitcoin, para quienes no estén muy familiarizado con el concepto, es una criptomoneda basada en un sistema descentralizado, ya que no está controlada por ningún Estado o institución financiera. Las transacciones se realizan directamente entre personas y no están supervisadas ni hay que pagar por ellas, por lo que se están erigiendo como la gran alternativa para los negocios. Cada vez son más quienes se convencen de sus ventajas y pasan a formar parte de la inmensa comunidad internacional que ha generado.
Pero cabe plantearse preguntas en torno a su legalidad. El Bitcoin no es una moneda fiduciaria cuyo valor esté determinado por los Estados, ni se emite por ninguno de ellos. Su producción parte de la minería de datos, y su valor está relacionado con la confianza de quienes la adquieren, transfieren y minan. Escapan con facilidad al control estatal, de manera que ya hay países que la han prohibido como China, Bolivia, Islandia o Rusia.
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Significativo es el caso de Venezuela que, sin haberlo hecho, si persigue a las personas que manejan criptomonedas, aunque no les aplican penas. Y es que no son estas las que persigue expresamente, sino las granjas dedicadas a minería que muchos deciden montar alentados por lo barata que es la electricidad en el país. La actividad resulta, pues, sumamente rentable.
La tributación del Bitcoin
En 2018, la ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno instaría a quienes manejen criptomonedas a declararlas. Algunos entendieron la noticia como una lucha contra el Bitcoin al aplicar un impuesto tanto a esta como a otras criptomonedas. Según anunciaba la ministra, el objetivo era identificar a los titulares de este tipo de divisas, a los beneficiaros de los medios de pago y los saldos.
Al anunciar el anteproyecto, se hablada de “lucha contra el fraude”, y se explicaba que el control se iba a ejercer a través de las casas de cambio y de las billeteras electrónicas, que obligan a los usuarios a registrarse con sus datos personales y a verificarse para que así Hacienda pudiera conocer su patrimonio en criptomonedas. Además, ese control no solo se circunscribe a las monedas que se tienen en España, sino también a las que se tienen el extranjero.
Así pues, quienes manejen Bitcoins deben saber que los beneficios generados de sus operaciones generan rentas sujetas a IRPF, en concreto, con la calificación de ganancias patrimoniales. Deben incluirse en la casilla 389, y los usuarios tienen que informar a Hacienda de cuántas criptomonedas tienen y qué operaciones hacen con ellas. El objetivo, decíamos, era evitar la fuga de capitales, el lavado de dinero o cualquier operación fuera de la ley.
El impuesto que se aplica se divide por tramos: de 0 a 6000 euros pagan un 19%, de 6000 a 50 000 euros un 21%, y más de 50 000 implica un 23%. La no tributación genera un recargo del 5%, el 10% o el 20%, según el tiempo de demora. No habría que pagar multa.
Las criptomonedas se deben tributar cuando pasan a euros, cuando se cambian por otra o cuando la persona se dedica a la actividad de datos. De hecho, para operar como tal se exige el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la Seguridad Social.
Algo sí que confirmaba el anuncio de la ministra de Hacienda: el bitcoin había llegado para quedarse, y día a día está más implantando en nuestras vidas. De hecho, ya en 2018 había grandes empresas que, a través de diferentes plataformas, permitían la adquisición de productos y servicios con Bitcoin.
Qué se puede hacer con Bitcoins
Del hecho de tener que tributar se deduce que las compras con Bitcoins son completamente legales. Es más, mucho antes de 2018, en 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos clasificó al Bitcoin como moneda virtual descentralizada, y emitió una guía en la que explicaban que quienes obtienen monedas virtuales y las usan para comprar no son considerados transmisores de dinero, y están operando dentro de la legalidad vigente. Sí eran considerados como tal los mineros de Bitcoin que cambiaban la criptomoneda por dinero “real”.
Se puede operar con ellas sin problemas, de forma que puedes comprar y almacenar Ripple o cualquier otra criptomoneda siempre que te acojas a las condiciones de tributación. Pero es cierto que, más de una década después del nacimiento de las criptomonedas sigue faltando un marco regulatorio unitario que se aplique en el mercado global.
Y es que, decíamos, su admisión es dispar según el país. En Bangladesh, el delito punible que es la transacción con Bitcoins, puede estar penado con hasta 12 años de cárcel. En Ecuador, más allá de perseguir su uso, diseñaron un sistema estatal de dinero electrónico que está vinculado a la moneda local y controlado por el Gobierno.
Delitos con Bitcoin
Tiene sentido que los Gobiernos quieran saber quién tiene criptomonedas y qué volumen de negocio generan. El anonimato y la falta de control e intermediarios del sistema abre la puerta a crímenes de corrupción, narcotráfico, financiación del terrorismo y tráfico sexual, entre otros. De hecho, en 2019 New York Times publicó que el grupo miliciano de Palestina Hamás, considerada una organización terrorista por los gobiernos de Occidente, desarrolló una campaña para recaudar dinero por medio de Bitcoin.
Por el momento, el control sobre las Bitcoins en España se basa en la tributación de estas y de la actividad de minería de datos, pero ya decimos que hace faltar desarrollar un marco regulatorio unitario entre países. Al fin y al cabo, el sistema está marcado por su carácter internacional.
