Por Eduard Sagarra i Trias, Abogado, Presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España y profesor de ESADE
En el dramático y sangriento asunto de Siria, nuestra impotencia, como personas defensoras de las personas y ante la postura de la ONU, los Estados Unidos, Francia, Rusia o China, nos afrontamos -a título individual y como sociedad- a una terrible disyuntiva:
I) Intervención en defensa de los derechos humanos.
II) Castigo colectivo o judicial a Siria.
III) Sanción a un gobierno por la vulneración de un tratado que prohibe el uso de armas químicas.
IV) Represalias internacionales pero sin cambiar la situación política y seguir observando la guerra civil en Siria.
Todos tenemos una mezcla de sentimientos que es muy difícil expresar o sostener y que nos lleva irremisiblemente a una situación límite de esquizofrenia.
Por un lado, el corazón y las terribles imágenes (de niños asesinados impunemente) nos harían aceptar una inmediata acción multilateral o, si esto no fuera posible, admitir una acción militar «proporcionada y limitada» unilateral de los Estados Unidos y de alguna otra potencia «sensible». Esta acción, al final, podría considerarse incluso justa si aceptamos y aplicamos el «derecho y deber de intervenir ante asuntos humanitarios». El parámetro que justificaría esta acción, fuera de la defensa de la población y la defensa de los derechos de millones de personas indefensas que no tienen otra ayuda exterior ni interior, ni protección eficaz.
La población civil (con más de 110.000 muertos en el conflicto) solo tiene la salida de huir y refugiarse en otro país vecino, como lo han hecho 2.000.000 de personas o que se arriesgan a morir en manos del gobierno o de los opositores (insurrectos).
La justificación o base legal o legalista y el conocimiento y respeto del derecho y de lo que está pactado nos hace analizar la situación con una lectura des de la vertiente del «derecho internacional humanitario» y «del derecho internacional público general». Des de esta perspectiva, la legalidad internacional, que podría justificar la sanción multilateral al régimen sirio (aunque, en definitiva, pensamos que el Estado es el régimen pero también su población) pasa, necesariamente por la ONU.
Recordemos que la intervención multilateral en Irak por parte de los Estados Unidos y sus aliados (entre ellos España, gobernada por el PP y el presidente Aznar) fue una intervención ilegal ya que no tenía ningún respaldo jurídico, sino que se llevó a cabo en base a las sospechas de que Irak tenía armas de alcance nuclear, que podían poner en peligro la paz mundial.
Cabe recordar, pero, que para que la ONU y el Consejo de seguridad actúen y funcionen como «mecanismo de seguridad colectiva» es necesario mucho tiempo, diplomacia, mucho dinero (no previsto ni presupuestado) y la unanimidad de cinco miembros del Consejo de seguridad (Estados Unidos, Rúsia, China, Francia y Reino Unido), que ya se ve que no cederán en sus respectivas zonas de influencia e intereses. Y estos no son precisamente humanitarios.
La otra vía, dentro de la legalidad, sería que los Estados (o alguno de ellos) demandaran a los causantes del uso prohibido de armas químicas (¡qué contradicción decir que hay armas buenas y armas malas!) al Tribunal Internacional de Justicia, que es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, que juzgue y condene a Siria por vulneración de los tratados que prohíben esas armas químicas. Esta vía no es solo larguísima, sino que la sentencia, cuando llegue, ya no tendría ningún tipo de eficacia, pues seguramente los culpables «ni estarán, ni se les espera».
La legalidad impuesta por los Estados en el Derecho internacional y la justicia que todos reclaman, ante la impotencia la muerte inexplicable por culpa de idearios, religiones, intereses económicos, estratégicos o de simple tráfico de armas, nos parecen incompatibles. La gran pregunta es: ¿lo son?
Es preciso que la justicia que todos sentimos y entendemos se base en la legalidad. Pero debe tener especialmente en cuenta que lo más importante son los ciudadanos, la gente y sus derechos fundamentales, especialmente el de vivir. Este es el principal motor de la justicia. De otro modo, siempre se cuestionará su eficacia y efectividad.
