El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebra el acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros reconociendo la gravedad de la emergencia provocada por los incendios y articular medidas extraordinarias dirigidas a proteger a las personas y los territorios afectados.
El Colegio valora especialmente que el Gobierno haya asumido la necesidad de ofrecer una respuesta excepcional ante una situación que ha provocado evacuaciones, confinamientos, restricciones de movilidad, cortes de comunicaciones y la imposibilidad de acceder a domicilios, despachos, documentación y equipos de trabajo.
La decisión confirma la necesidad de que los poderes públicos actúen de manera anticipada para impedir que una emergencia de estas características genere consecuencias jurídicas irreversibles para la ciudadanía.
Desde el inicio de los incendios, el ICAM ha defendido que ninguna persona debe perder una acción, un recurso, un trámite o una oportunidad de defensa por encontrarse evacuada, confinada o materialmente imposibilitada para cumplir una obligación procesal o administrativa.
Una iniciativa anticipada para proteger derechos
El domingo 26 de julio, la Junta de Gobierno del ICAM, reunida en sesión extraordinaria, solicitó al Gobierno y al Consejo de Ministros la adopción urgente de medidas normativas para proteger los plazos procesales y administrativos de las personas afectadas por la emergencia.
El Colegio reclamó, entre otras actuaciones, la declaración de los municipios afectados como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil; la suspensión de los plazos administrativos y procesales y la restitución, mediante un procedimiento sencillo y urgente, de aquéllos que hubieran vencido como consecuencia directa de los incendios.
También propuso medidas específicas para los procedimientos tramitados ante órganos judiciales o administrativos situados fuera de los territorios afectados cuando una de las partes, su abogado, su procurador o cualquier interviniente indispensable se encontrara imposibilitado para actuar por causa de la emergencia.
El ICAM subraya que esta iniciativa permitió anticipar uno de los principales riesgos jurídicos derivados de los incendios: que la imposibilidad material de actuar pudiera traducirse en pérdida de derechos, indefensión o desigualdad ante la Justicia.
Seguridad jurídica y criterios comunes para toda España
El Colegio considera que las medidas aprobadas deben servir también como punto de partida para establecer un marco jurídico estable, previsible y homogéneo ante futuras emergencias.
La protección de los derechos no puede depender de que cada persona tenga que acreditar individualmente una situación de fuerza mayor que afecta de manera general a un territorio, ni de la existencia de criterios diferentes según el órgano judicial o administrativo que conozca de cada asunto.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha declarado: “Esta respuesta confirma que era necesario actuar. El ICAM se adelantó desde el primer momento porque entendimos que una emergencia de esta magnitud no podía terminar provocando la pérdida de derechos de quienes habían sido evacuados, confinados o privados del acceso a sus domicilios y lugares de trabajo”.
Antecedentes
Desde el comienzo de la emergencia, el ICAM ha desplegado distintas iniciativas para proteger a la ciudadanía y apoyar a los profesionales afectados.
El Colegio activó una atención prioritaria para gestionar incidencias relacionadas con plazos, vistas, comparecencias y guardias; facilitar espacios y medios de trabajo; y canalizar ayudas económicas, asistenciales y psicológicas.
Asimismo, a petición de la Comunidad de Madrid, coordinó el despliegue extraordinario de profesionales del Servicio de Orientación Jurídica en los términos municipales de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial, con el fin de acercar información y asesoramiento a las personas afectadas.
El 26 de julio, su Junta de Gobierno aprobó solicitar medidas normativas urgentes para suspender y, en su caso, restituir los plazos afectados por los incendios. Un día después, el Colegio acudió al Tribunal Supremo para defender el derecho a la tutela judicial efectiva y promover una respuesta homogénea frente a una emergencia de alcance colectivo.
Todas estas actuaciones responden a un mismo principio: ninguna persona debe verse obligada a elegir entre proteger su seguridad y preservar sus derechos.
