Por José Maria Garcia, presidente Asociacion Española de Abogados Urbanistas.

 

Con la llegada de la Directiva Bolkestein ó Directiva de servicios algunos lo calificaron como un nuevo modelo de intervención publica en la economía, con importantes repercusiones sobre el derecho Administrativo. Dentro de la estrategia de Lisboa se establecen cuatro principios que caracterizan el sistema de relación entre la Administración y sus ciudadanos: garantizando la libertad económica mediante la libertad de establecimiento y prestación de servicios, garantizando los derechos de los usuarios de los servicios y mejorando la calidad de los mismos mediante la eliminación de trámites burocráticos, la simplificación de los procedimientos administrativos, el establecimiento de ventanillas únicas, establecimiento de sistemas electrónicos de acceso a la información y finalmente reforzando la coordinación inter administrativa entre los estados.

-. Ambito de aplicación

Resulta de aplicación a cualquier actividad por cuenta propia o no asalariada, que se preste mediante remuneración. No obstante entre las exclusiones del art 2 se encuentran los servicios financieros, seguros comunicaciones electrónicas, transporte, actividades del juego y apuestas, los prestados por notarios y agentes judiciales. La Directiva no se aplica a los servicios sin contraprestación económica por lo que también se excluyen los servicios no económicos de interés general. Pero tampoco resulta de aplicación a los servicios económicos de interes general como la electricidad, gas, telefono, por resultar de aplicación directivas anteriores que habían procedido a una liberalización por sectores (art 9).

Además están excluidos los servicios del transporte (Transporte aéreo, marítimo, terrestre, taxis, ambulancias y trasporte urbano en general) y los servicios financieros (bancarios, de crédito, seguros, valores, fondos de inversión, etc excepto los arrendamientos financieros).

. Doctrina del Triple Test:

Otra cuestion bastante relevante es la denominada, “doctrina del Triple test”, o dicho de otro modo cualquier norma de derecho público que someta a autorización previa o licencia no podrá ser discriminatoria por razón de nacionalidad, deberá fundarse en razones imperiosas de interes general y ser proporcionada, es decir, que no exista otra medida administrativa menos restrictiva como una comunicación a posteriori.

Esta doctrina ha obligado a revisar multitud de normas estatales, autonómicas y locales, se estima que unas 60 leyes y mas de 2.000 normas de rango inferior, lo que ha provocado no solo la elaboración de una norma de transposición  “parcial” sino que además se ha tenido que auxiliar de la Ley Omnibus para proceder a toda esta adaptación masiva de normas.

Dentro de este orden de cosas las razones imperiosas de interés general se configuran, por tanto, como la razón nuclear en torno a la que gira cualquier restricción a la libertad de establecimiento como la autorización previa o licencia Art 4.8 de la Directiva. Los poderes públicos no podrán restringirla de modo arbitrario. La directiva enumera la diversa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Finalmente se procede a generalizar el silencio positivo que tan solo podrá restringirse en virtud de los susodichas razones imperiosas de interés general.

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