La iniciativa se plasma con la constitución de la Mesa de lo Social de la Audiencia Nacional, en un acto que estará presidido por el presidente del Tribunal, Ángel Juanes, y al que asisten los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la Audiencia Nacional, José Manuel Gómez Benítez, y la jurisdicción social, Félix Azón, así como el presidente de la Sala de lo Social, Ricardo Bodas.

Al acto asisten también los presidentes de los Consejos Generales de la Abogacía, Carlos Carnicer; los Procuradores, Juan Carlos Estévez; los Graduados Sociales, Francisco Javier San Martín, y los directores generales de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, y de Modernización, José de la Mata, entre otras autoridades.

La Mesa de lo Social de la Audiencia Nacional tendrá representación de todos los operadores jurídicos y económicos implicados: jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados del Estado, abogados, procuradores, graduados sociales, patronal y sindicatos.

Con su puesta en marcha se pretende contribuir a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en un momento «histórico» en el que la crisis económica va a medir su capacidad de dar una respuesta ágil y razonable a las demandas de justicia de los ciudadanos, explicó la Audiencia Nacional.

Para ello, el órgano judicial pretende aprobar un Código de Buenas Prácticas con una serie de medidas, entre las que destaca su apuesta por las nuevas tecnologías generalizando, por una parte, la utilización masiva de Lexnet por los profesionales y digitalizando, por otra, los expedientes.

Esto permitirá conseguir sentencias firmes en una tercera parte del tiempo que se necesita actualmente, contribuyendo, de esta manera, a mejorar la confianza de los profesionales y especialmente de los justiciables en esta institución.

Este plan, cuya experiencia podrá ser utilizada en otros ámbitos jurisdiccionales, pretende la realización de diagnósticos comunes, así como la búsqueda de soluciones compartidas por todos los operadores jurídicos con el objetivo de mejorar el servicio público de la Administración de Justicia, demandada masivamente por la ciudadanía, especialmente en tiempos de crisis económica.

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