Congreso tributario

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) manifestaron, en el IX Congreso Tributario organizado por ambas instituciones, la “necesidad de que partidos políticos y jueces colaboren para cumplir el mandato constitucional que defiende un sistema tributario que sea proporcional y no confiscatorio, y pueda así responder con eficacia a su función redistribuidora de la riqueza social sin violar los principios generales del Derecho”.

La sesión inaugural corrió a cargo del alcalde de Granada, José Torres, del vicepresidente del CGPJ, Fernando de la Rosa, y del presidente del TSJ de Andalucía, Lorenzo Jesús del Río. En la apertura de la jornada se hizo hincapié en la importancia de la independencia del Poder Judicial y en la necesidad de acometer una reforma de la Justicia, “para que siga siendo el pilar fundamental de nuestro Estado de derecho y permita afrontar con más garantías la actual situación de crisis”. “Dicha reforma debe plantearse, siempre, desde el Derecho, evitando las tentaciones populistas”, añadieron.

Posteriormente, tanto el magistrado del TSJ de Valencia, Manuel Baeza, como el presidente de AEDAF, Antonio Durán-Sindreu Buxadé, destacaron la “importancia del diálogo” entre la judicatura, la Administración tributaria y los asesores fiscales a la hora de regular sobre temas de gran relevancia cuya complejidad requiere un estudio interdisciplinar, tales como el blanqueo de capitales, el delito fiscal y el nivel de confiscatoriedad del sistema tributario español. Estas cuestiones protagonizaron las sesiones de la primera jornada del Congreso.

En la ponencia inicial se mostró la preocupación ante las causas últimas de las reformas que se están realizando en España. Los participantes aseguraron que, en muchos casos, “parecen responder más a reacciones sociales que a los principios jurídicos que deben ser respetados en todo tiempo y lugar y que deben regir toda actividad normativa”. Y añadieron: “Si bien la Constitución recoge los derechos fundamentales, el reverso de la misma es el Código Penal. Un ejemplo es la sentencia del Alto Tribunal del 5 de diciembre de 2012 (“Sentencia Ballena Blanca”) sobre el blanqueo de capitales y su posible concurso con el delito fiscal, que atenta contra el principio non bis in idem, que impide castigar doblemente, tanto en el ámbito de las sanciones penales como en el de las administrativas”.

Otra cuestión que, según los participantes, refleja este aparente “divorcio” entre los principios generales del Derecho y la actividad normativa es la reforma del artículo 305.5 del Código Penal, por la cual la Administración tributaria puede continuar con el procedimiento administrativo ordinario a pesar de iniciarse un proceso penal por Delito contra la Hacienda Pública. Esta modificación es contraria a la propia Constitución, al permitir la incoación de dos procedimientos, penal y administrativo. Todo ello, llevó a los participantes a preguntarse si se está produciendo una indebida “deriva administrativa” del Derecho Penal.

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