Los economistas auditores españoles exigieron ayer a la Administración Pública el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y la salvaguarda de la libre competencia en la contratación de servicios de auditoría en el marco de la XI Jornada Técnica de Auditoría. El coloquio, organizado por el Registro de Economistas Auditores del CGCEE (Consejo General de Colegios Economistas) con la colaboración del Colegio de Economistas de Cataluña, tuvo lugar ayer en Barcelona, donde se debatió sobre los cambios que han tenido lugar en la legislación española para adaptarse paulatinamente a la normativa europea, además de hacerse especial hincapié en la situación actual de auditoria que vive el sector público español.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich, recordó que la Ley de contratos del sector público pretende garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, además de salvaguardar la libre competencia en los servicios de contratación pública. Sin embargo, Pich manifestó que las obligaciones de transparencia de la Administración se están incumpliendo en la actualidad, tal y como ponen de manifiesto los medios de comunicación después de verificarse las cuentas anuales de los órganos propios del sector.

En el mismo sentido se manifestó el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA-CGCEE), Carlos Puig de Travy, quién reiteró que se estaban incumpliendo las obligaciones de transparencia y de salvaguarda de la libre competencia por parte de la Administración, por lo que era necesario exigir el cumplimiento de las mismas al sector público, “al igual que se exige al auditor que aplique las normas técnicas y éticas que regulan la actividad de la auditoría de cuentas”. En este sentido, Puig de Travy recordó que los profesionales que ejercen la actividad de la auditoría de cuentas están expuestos a la supervisión que realiza el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, con tal de que el ciudadano acepte con plena confianza la información económica verificada por un economista auditor, aludiendo así a la inexistencia de una regulación similar en el ámbito de la Administración Pública y en relación a las cuentas anuales de este sector.

Por su parte, el presidente del REA en Cataluña, Emilio Álvarez, añadió que “la función de la auditoría externa e independiente en este proceso de facilitar la transparencia del sector público sería un factor clave para mejorar el grado de confianza del ciudadano”. Además, los representantes de los economistas auditores de cuentas reivindicaron que están plenamente capacitados para poder discernir sus propias limitaciones “en base a las pautas que establece la misma Ley sin necesidad de que se les imponga por el sector público ninguna cláusula restrictiva adicional”.

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