Los datos surgen del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre.
Esta encuesta, en la que se evalúa la visión que tienen los ciudadanos sobre la Carta Magna y distintas instituciones del Estado, se basa en 2.469 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 238 municipios de 50 provincias realizadas entre el 3 y el 11 de noviembre, y tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento.
Los encuestados no tiene reparos en reconocer el escaso conocimiento que tenemos los españoles de nuestra ley fundamental, ya que siete de cada diez cree que la conocemos «muy poco» o «casi nada» y el 22 por ciento considera que sólo se sabe de su contenido «por encima». Cuando se les interroga sobre su propio conocimiento de la misma sólo el 12 por ciento dice conocerla «bien».
Aunque tres de cada cuatro entrevistados consideran que la forma en la que se hizo la Transición es un motivo de «orgullo» para los españoles, 32 años después de la aprobación de la Constitución un 39 por ciento se confiesa «poco» o «nada» satisfecho con la Carta Magna, frente al 45,8 que está «muy o bastante» satisfecho con ella.
Respecto a la necesidad de modificarla, cerca del 25 por ciento no es partidario de tocarla, pero hay un 54 por ciento que quiere hacer cambios, principalmente para reformar la Justicia (9,7%), el sistema autonómico (7%), para «adaptarse a los nuevos tiempos» (5,3%) y para garantizar los derechos sociales (5,2%).
La reforma relativa a la sucesión de la Corona, que en algún momento se ha barajado con el fin de garantizar la igualdad del hombre y la mujer al acceso a la Jefatura del Estado, sólo es reclamada por el 4,7 por ciento, mientras que un 3,4 por ciento quiere cambiar la monarquía como forma de gobierno.
También se acercan al 5 por ciento los que piden reformas que afecten a las Cortes y la ley electoral y el endurecimiento y cumplimiento de las condenas. Un 3,4 por ciento pide revisar la Ley del Menor y sólo el 1 por ciento aspectos relativos al derecho de autodeterminación y el federalismo.
La mitad de los españoles está «muy o bastante satisfecho» con el funcionamiento de la democracia, frente al 47 por ciento que confiesa que le satisface «poco o nada». En paralelo, sólo el 8 por ciento cree que la democracia española funciona mejor que las del resto de la Unión Europea, tres de cada diez considera que aquí funciona peor y un 38 por ciento no ve diferencias.
El sondeo revela también que está extendida la percepción de que los bancos y las grandes empresas tienen más poder que el Gobierno o el Parlamento. En concreto, el CIS ha elaborado una tabla de ‘poderosos’ en la que las entidades financieras ocupan el primer lugar (con un 31,6 por ciento menciones), el Gobierno figura con un 26,4 por ciento y las grandes empresas llegan al 15 por ciento.
Por detrás aparecen los medios de comunicación (8,7%), que se sitúan por delante de los partidos políticos (7,6%) y del Parlamento (2,6%). Los sindicatos se anotan un 2,1 por ciento y los militares se quedan a las puertas de 1 por ciento.
Las instituciones que más confianza merecen a los ciudadanos son, por este orden, las Fuerzas Armadas y la Monarquía, que son las únicas que aprueban. Les siguen el Defensor del Pueblo y los medios de comunicación, que superan el 4,5, y ya por debajo se sitúan los parlamentos y gobiernos autonómicos, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes. La lista la cierran los partidos políticos con una nota de 2,8 puntos, el Gobierno con un 3,5 y, tan solo una décima por debajo, aparece la Iglesia Católica.
Los españoles consideran que los medios de comunicación son los que tienen más capacidad de controlar un eventual abuso del poder por parte del Gobierno, seguido de los partidos que están en la oposición y del Tribunal Constitucional. Sin embargo creen que los ciudadanos no pueden hacer casi nada a ese respecto y tampoco confieren esta competencia al Defensor del Pueblo.
Cuando se pide opinión sobre la labor de las Cortes, se evidencia que los que piensan que en el Congreso y en el Senado se presta «demasiada atención a problemas de poca importancia» son más del doble de los que creen que en estas instituciones se analizan «problemas fundamentales para el país».
En concreto, un 61 por ciento cree que el Congreso se centra en temas superfluos y el 59 considera que el Senado hace lo mismo. En conclusión, el 66,7 por ciento se declara «poco o nada satisfecho» con el funcionamiento del Parlamento, que sólo respalda el 20 por ciento.
Los españoles piensan mayoritariamente que los partidos políticos son necesarios para el funcionamiento de la democracia, pero a la vez asumen que «sólo sirven para dividir a la gente», que se «critican mucho entre sí pero en realidad son todos iguales» y que «son necesarios para defender los intereses de los distintos grupos y clases sociales». Tres de cada cuatro españoles se declaran bastante o muy de acuerdo en que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensan los ciudadanos y siempre buscan sus intereses personales.
Respecto al trabajo del Tribunal Constitucional, el 34 por ciento lo avala, pero hay un 39 por ciento que lo critica. También son más (46%) los que consideran poco o nada útil la labor del Defensor del Pueblo que los que la respaldan (41%).
