Los Gestores Administrativos aseguran que la nueva norma por la que los parados emigrantes pierden el derecho a la sanidad a los 90 días de vivir fuera del país crea desigualdad «sobre todo entre los más jóvenes». Según los Gestores, «vivimos unos tiempos en los que habría que facilitar los trámites a todos los parados españoles que salen al extranjero a probar suerte».
Los Gestores Administrativos consideran que la nueva norma plantea más interrogantes que respuestas. Por ejemplo, se preguntan: «¿qué pasa con el emigrante español en paro que lleva más de tres meses en el extranjero y no encuentra trabajo y enferma? Es obvio que los servicios sanitarios del país en donde resida le van a atender, sí, pero deberá abonar la factura. ¿No es injusto hacerle pagar por algo que en España tendría cubierto?»
También se preguntan por qué se aplica esta normativa a los jóvenes que cursan estudios no homologados fuera de nuestro país, o a aquellos que están sin una beca, si la práctica totalidad de ellos figuran como beneficiarios de la tarjeta sanitaria. Consideran que se les hace un agravio con los estudiantes Erasmus, y que por obligación van a tener que contratar un seguro privado.
Los Gestores Administrativos señalan que el hecho de que tengan que solicitar los emigrantes, una vez de regreso a España, el reconocimiento del derecho ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no hace sino cargar de trabajo a los organismos públicos de manera innecesaria. Asimismo, se cuestionan si todas las Comunidades Autónomas van a actuar de la misma manera y van a reactivar la tarjeta con la misma celeridad, o está dispuesto el Ministerio a redactar normas de obligado cumplimiento.
