En un contexto marcado por la celebración el pasado 12 de julio del Día de la Asistencia Juridica Gratuta en toda España, una de las funciones más meritorias que los profesionales pueden realizar por la sociedad, desde el Consejo General de Graduados Sociales se reclama que este colectivo pueda ofrecer este servicio y ayudar a muchas familias que están siendo perjudicadas por la crisis. Desde esta institución se recalca que es fundamental garantizar el derecho de defensa y del acceso a la justicia, se tenga o no recursos, es vital para la buena salud de un Estado.

Los Graduados Sociales ejercen su profesión desarrollando el asesoramiento jurídico laboral y fiscal a empresas, trabajadores, y resto de ciudadanos, incluyendo su representación técnica ante órganos judiciales del Orden Social (Juzgados de lo Social, y Tribunales Superiores de Justicia) así como ante los Juzgados de lo Mercantil, en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores afectados por un concurso.

La formación universitaria de estos profesionales les avala y se lleva a cabo en las Facultades de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en toda España, donde de forma exhaustiva se estudia el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como otras disciplinas relacionas con esta materia ( Derecho Civil, Administrativo, fiscal..)

 Desde la entidad colegial de este colectivo se señala que “además estos profesionales, por iniciativa propia y sin la ayuda de nadie, prestan un servicio de Asistencia Jurídica Gratuita  a través de los Colegios Provinciales, ofreciendo un asesoramiento,  que tristemente tiene mucha demanda, demostrando que la importancia de esta actividad esta latente entre la sociedad.”

Numerosos Graduados Sociales, de manera voluntaria y gratuita, pues no perciben ningún ingreso, colaboran en esta acción social, que sin lugar a dudas, este Consejo General apoya firmemente. 

Por ello, hoy más que nunca los Graduados Sociales reclaman su posición dentro de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que el Ministerio de Justicia pretende reformar, pues lo consideran una autentica discriminación el hecho que a estos profesionales del Derecho no se les permita prestar este servicio, en iguales condiciones que el resto de las profesiones jurídicas (Abogados y Procuradores), cuando la pretensión de este colectivo de envergadura ( 25.000 colegiados) es la de colaborar con la sociedad a cambio solamente de un reconocimiento social dentro de la norma jurídica considerando dicha ausencia como absurda y no ajustada a la realidad del momento. 

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