El estudio «Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2009» refleja que, en opinión de los españoles, la protección del medio ambiente es una responsabilidad que deben compartir las Administraciones Públicas y los ciudadanos, si bien las primeras deberían jugar un papel más activo.

El 43% de los españoles justifica el fraude fiscal y basa su opinión en que son las circunstancias las que obligan a defraudar para salir adelante (el 34%) o en que lo normal es evadir los impuestos (el 9%), según el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

Además, el 57% de los españoles considera que no se puede justificar el fraude fiscal, por una cuestión de solidaridad y principios.

En cuanto a la ocupación o actividad de los entrevistados, son los empresarios (50%) y los profesionales (48%) quienes se muestran más proclives a justificar el fraude, frente a los asalariados y los agricultores que lo justifican menos (40%), así como los inactivos (42%).

El estudio subraya cómo la tolerancia hacia el fraude se incrementa según aumenta la edad productiva de los ciudadanos, para empezar a descender conforme se acercan a la edad legal de jubilación, donde se observa la mayor intolerancia hacia el fraude fiscal. Además, el 52% piensa que el grado de cumplimiento fiscal ha empeorado en los últimos cinco años.

El informe señala que los servicios sanitarios, las infraestructuras y los transportes públicos han sido los más utilizados por los españoles durante 2009, con una moderada satisfacción de los ciudadanos. Todos estos servicios y prestaciones son considerados útiles y necesarios, y la mayoría justifica el pago de los impuestos.

El acceso universal a la oferta pública de servicios y prestaciones, especialmente a la sanidad, es uno de los aspectos mejor valorados por los ciudadanos, aunque el 73% cree que existe margen de mejora en la prestación.

El 57% piensa que la iniciativa privada no debería participar en la gestión de los servicios y prestaciones públicas, y el 55% que tampoco debería hacerlo en la financiación.

Según el estudio, el 68% de la población conoce los servicios de la Agencia Tributaria, si bien únicamente el 38% los utiliza, principalmente los profesionales (52%) y los asalariados (44%), mientras que los agricultores (27%) y los parados (30%) son los que menos.

Según informa el Ministerio de Economía, este «barómetro fiscal» se basa en una encuesta anual, realizada mediante entrevistas personales a una muestra aleatoria nacional de 1.500 ciudadanos distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales liberales, trabajadores asalariados e inactivos) y seleccionados por cuotas de hábitat, género, edad y categoría socioeconómica.

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