«Debemos garantizar una sociedad segura, en la que los ciudadanos puedan abrir negocios, emplearse y emplear, sin arruinarse en el empeño, con garantía de continuidad para el promotor y garantía de seguridad para los ciudadanos afectados por la actividad», es una de las conclusiones del manifiesto que ayer se hizo público desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales suscrito por su presidente Francisco Javier Cobo

A lo largo de ese documento al que ha tenido acceso DIARIOJURIDO se reconoce que la preocupación de dicha institución ante  la dificultad que existe en la actualidad para la tramitación de licencias en la puesta en marcha de actividades económicas en España. Los procedimientos en muchas ocasiones son largos, complejos y varían no sólo en cada Autonomía, sino también en cada Provincia y en cada Municipio. » Esta situación complica enormemente la puesta en marcha de actividades económicas influyendo negativamente en el desarrollo económico de nuestro país.» según se comenta en el citado manifiesto.

En opinion de Cobo, este ejercicio de desregulación debe hacerse de forma comedida y prudente:»debemos señalar que NO es solución traspasar los controles de la Administración a la actividad enfuncionamiento, ya que se debe tener en cuenta el impacto económico que suponen las correcciones aposteriori e incluso la imposibilidad de realizar determinadas actuaciones en obras ya finalizadas. Se debe seguir un criterio de exigencia adecuado al impacto de la actividad.»

Para la consecución de este importante objetivo, los ingenieros industriales consideran que » el Gobierno debe elaborar una Ley que recoja un único criterio para todo el Estado Español estableciendo controles y procedimientos proporcionales al impacto de la actividad. Según el citado manifiesto algunos rasgos de esa reglamentación deben contemplar que:

1. Clasificación de las actividades en función de su impacto ambiental y redacción de procedimientos de revisión, documentación y autorización en función de dicho impacto.

2. Reducción de plazos del conjunto de la tramitación.

3. Definición del contenido y el alcance de la documentación a presentar con el fin de unificar criterios entre proyectistas y técnicos.

4. Utilización de tecnologías digitales que agilicen y faciliten las tramitaciones.

5. Exigir cobertura de seguros de responsabilidad civil profesional al técnico y de explotación al promotor.

6. En función del impacto de la actividad:

• Reducción o eliminación o delegación de revisiones en los procedimientos.

• Utilización de figuras como: comunicación previa, declaración responsable y licencias

condicionadas.

• Implantación del silencio positivo en determinados procedimientos

El Consejo General de Ingenieros Industriales ofrece, a través del manifesto que ha rubricado su presidente,  su máxima colaboración y respaldo para alcanzar este importante objetivo aportando nuestro conocimiento, nuestro trabajo y dilatada experiencia. Al final de lo que se trata es que » esta reducción  de plazos en lapuesta en marcha de actividades económicas, debe garantizar tanto al promotor como a la sociedad la seguridad derivada de la explotación de la actividad»

 

 

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