Estas restricciones provocaron daños por valor de ocho millones de euros a 30 ciudadanos, quienes reclamaron esta cantidad total ante el Notariado por los daños económicos surgidos por no haber tenido acceso a los libros de registro tras la firma de escrituras, en su mayoría por la compra-venta de inmuebles.
«Se está sufriendo un deterioro del sistema de seguridad jurídica preventiva, porque el sistema de acceso ‘on-line’ a los registros no está disponible», afirmó en rueda de prensa el presidente del máximo órgano de los notarios, Antonio Ojeda.
El Notariado acusa a los registradores de incumplir la Ley Hipotecaria 24/2005 que les obliga a dar acceso a los libros de registro a todos los funcionarios sin necesidad de intermediación profesional, por lo que pide a la DGRN la apertura de expedientes disciplinarios contra los registradores por incumplir este reglamento.
Los notarios alegan que una de las razones del posible incumplimiento de la Ley son los ingresos de un total de 30,2 millones de euros en 2007 y los 21,1 millones de euros de facturación durante los tres primeros trimestre del 2008 conseguidos por los registradores por el arancel de emisión de las notas en papel y telemáticas con información del registro, según los datos enviados por éstos al Ministerio de Justicia.
«Esos ingresos desaparecerían, porque el acceso directo se hace sin intermediación y sin tasa económica», explicó Ojeda, quien apuntó que pueden haber otras razones como que todavía no estén digitalizados todos los libros de registros o que la información no esté actualizada.
