Luis RomeroLa imputación de la Infanta Cristina ha sido, sin duda, una de las noticias más destacadas de lo que llevamos de año. El juez José Castro ha considerado que hay indicios suficientes para interrogar a la hija del Rey por supuestos delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal que habría cometido a través de Aizoon, la empresa cuya propiedad compartía al 50% con Urdangarín.

Ante ello, y en muy pocos días, se han sucedido varios capítulos: ni defensa ni fiscalía han decidido volver a recurrir el auto de imputación, de 227 folios de longitud; el juez ha adelantado el interrogatorio de la imputada al 8 de febrero para evitar la presión mediática; el minstro Gallardón ha pedido que se evite el ‘paseíllo’ de la Infanta al juzgado y el fiscal Horrach ha atacado al juez por imputar a la Infanta con “teorías de conspiración”. Todo ello, antes que el juez Castro citara a declarar a los autores de los informes de Hacienda que exculpan a la Infanta, sin responder a la reprimenda del fiscal.

Sobre todo ello hablamos con Luis Romero, Presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de España, quién critica abiertamente la estructura jerárquica a la que están sometidos los fiscales en España y la actuación de la Abogacía del Estado y explica por qué éste caso está lleno de excepcionalidades en lo que al procedimiento penal se refiere. 

¿Cómo valora el proceso judicial seguido hasta ahora con el caso Noós?

Hay una excepcionalidad con todos los actos procesales que se han producido. Lo habitual es que cuando un juez estima que alguien tiene que ser imputado y llamado al juzgado para aclarar la cuestión, el fiscal no se oponga. Incluso los abogados de la defensa casi nunca recurrimos a esa imputación porque sabemos que tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial no nos lo van a estimar.

Si el juez estima que hay indicios criminales de que un ciudadano ha cometido un delito, lo llama y normalmente no hay motivación ninguna para las imputaciones y la citación a declarar. Se envía un simple burofax, un telegrama o una comunicación por escrito. Cuando hay una querella de por medio, lógicamente, el juez tiene que argumentar el auto de admisión de la querella y las diligencias que acuerde, pero no fundamenta la citación o la imputación. Por eso digo que todo ha sido excepcional.

¿Qué opina de la actuación del fiscal?

Tampoco es habitual que el fiscal vaya de la mano de la defensa, y lo ha hecho. En el primer recurso, como la defensa recurrió, él también lo hizo. Y ahora la defensa ha decidido no recurrir y él tampoco ha recurrido. Es un papelón…

Los abogados sabemos la auténtica dependencia jerárquica y política que existe y que no es propia de un Estado de Derecho democrático como el nuestro. Aquí los fiscales dependen directamente del Fiscal General del Estado. Como el fiscal General del Estado lo pone el Gobierno, el Gobierno da las directrices. Se acusa a quién quiera el Gobierno. Y como a la Casa Real no se la puede tocar, por una forma equivocada de defender la monarquía o el Estado, se considera que la hija del Rey no puede comparecer. El Gobierno da una orden a la Fiscalía General del Estado y el señor Torres Dulce da las órdenes a los fiscales.

¿No hay margen de duda para afirmar que Torres-Dulce está detrás de actuación del fiscal?

Yo no tengo la prueba, pero al menos lo deduzco por mi experiencia profesional. He llevado casos de corrupción urbanística en las Islas Baleares en las que todos cargos públicos eran del Partido Socialista y estábamos en el Gobierno de Zapatero. El Fiscal General del Estado lo había puesto Zapatero. Critiqué la situación públicamente y me lo reconocieron quienes me lo tenían que reconocer. Es decir, me dieron la razón de que, efectivamente, había habido llamadas.

De todas formas, la vergüenza ya no es el papel del fiscal en este caso, sino también del Abogado del Estado que siempre defiende a la Agencia Tributaria porque es el Estado. Y en este caso, aunque la Agencia Tributaria también ha hecho un papelón por los distintos informes que ha modificado y los distintos pareceres respecto si las facturas son válidas o no para deducir si existe delito, el Abogado del Estado tenía que defender al fisco, al Estado. Y si alguien ha defraudado, hay que ir en contra del imputado (en este caso la imputada). Pero ahí ha ocurrido igual: el Abogado del Estado, igual que el fiscal, ha estado siguiendo los pasos de la defensa.

¿Por qué cree que la Infanta ha decidido no recurrir la segunda imputación?

En primer lugar hay que tener en cuenta que la imputación ha sido por delitos distintos. La primera vez fue por delito de tráfico de influencias, ahora es delito fiscal y de blanqueo de capitales. Y a parte de eso, yo entiendo que ellos han decidido no recurrir porque saben que iban a perder. El auto de más de 200 páginas estaba bien fundamentado y eso lo que ha hecho, sin duda, es perjudicarles. Hubiera sido mejor ir la primera vez y defenderse por tráfico de influencias. Le ha salido muy mal esa estrategia a la defensa.

¿Es habitual que se adelante la fecha de declaración de un imputado?

Eso sí que se suele hacer, ya sea porque el cliente tiene un compromiso laboral o un viaje, o porque al abogado se le solapa la cita con otro juicio, u otra cosa. Se solicita por escrito que se cambie la fecha y normalmente los jueces suelen aceptar. No es tan excepcional.

El fiscal ha dicho que el juez está apoyando una “teoría conspiratoria”…

El fiscal está haciendo un flaco favor al Ministerio Público y a la acusación pública. Por un lado, a mi me parece bien, como abogado penalista, que un fiscal muestre públicamente su desacuerdo con un juez de instrucción. Eso es bueno para la democracia, aunque tampoco es habitual. Lo que no me parece tan correcto es que lo hiciera porque esté muy posicionado con la teoría y estrategia de la defensa.

Si se quieren pelear entre ellos, yo lo veo como un ejercicio democrático muy saludable, porque normalmente lo que hacen los jueces y los fiscales es ir a tomar café juntos y pactar antes de presentar el escrito. Primero hablan y si el juez le dice que se lo va a admitir, el fiscal lo presenta. Por eso casi el 100% de las veces se admite lo que piden los fiscales. Eso tampoco es bueno porque hay un principio del derecho procesal penal que es el principio de la igualdad de las partes, por lo que se tiene que tratar igual a la defensa que a la fiscalía. Pero normalmente no es así. Los jueces tratan por igual a los fiscales y a nosotros normalmente se nos trata a un nivel inferior.

El juez ha decidido adelantar la fecha de declaración de la Infanta para evitar la presión mediática y el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha alentado a que la entrada no se haga a pie. ¿Considera legítima la diferencia de trato respecto al resto de ciudadanos?

Lo que ha dicho el Ministro de Justicia me parece una intromisión en los órganos judiciales respecto a esa petición que ha hecho la Infanta y su abogado. Yo, en todo caso, vería justificado que se hiciera una excepción en este caso y la Infanta no tuviera que hacer el paseíllo por motivos de seguridad, para evitar, por ejemplo, que le arrojaran objetos. Pero lo que no veo correcto es que el Ministro de Justicia tenga que hacer indicaciones a los órganos judiciales, o al juez decano de Palma, diciéndole que no tiene que hacer el paseíllo. Lo más correcto es respetar la independencia judicial.

¿Hasta qué punto cree que la Justicia es igual para todos?

Yo veo que en España hay varios niveles de actuación de la Justicia en función de si el justiciable tiene influencias o no. Tras 22 años de ejercicio profesional, confío mucho en el sistema judicial que tenemos, en nuestro ordenamiento jurídico. Pero en el ámbito que llamamos procedimiento penal hay veces que me llevo sorpresas porque, aunque se diga que no, sí que es verdad que hay favoritismos en nuestro sistema judicial.

Pero bueno, peores están otros países. Por lo menos en nuestro país no hay noticias más alarmantes como que los jueces se dejan sobornar. Hay muy pocos casos en los que ha habido jueces procesados por dicho motivo.

¿Qué se podría hacer para mejorar la independencia judicial?

Lo que tendría que ocurrir, sobre todo si finalmente se aprueba el nuevo Código Procesal Penal y finalmente los fiscales van a ser los instructores, es eliminar la dependencia jerárquica y política que hay actualmente y que se dotara de independencia a los fiscales. Para eso habría que modificar las normas, entre otras, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Por otra parte, en cuanto a lo que es la designación por parte del Gobierno de los órganos judiciales, como el CGPJ, ahí no se está respetando la separación de los poderes y se están dando las directrices para nombrar a los miembros del Supremo y del Constitucional. Eso hace que como después los políticos más importantes son juzgados precisamente por el Tribunal Supremo y el Constitucional, también se hace un trato de favor. Para eso, lo que habría que hacer es modificar la ley como prometió Gallardón en las últimas elecciones y no ha cumplido. Porque nuestra Constitución sí que prevé que los jueces se nombren entre los propios jueces.