Juan Antonio Xiol, foto de Nacho Calonge.
A lo largo de toda esta semana el remozado Hotel Felipe II del Escorial, lugar de impartición del Curso sobre la Reforma del Código Penal, ha sido testigo de la llegada y comparecencia ante los diferentes medios de comunicación de juristas de primera fila. Con la paciencia de los organizadores de estas Jornadas los ilustres ponentes han soportado con buen fair play todas las preguntas que los periodistas les hemos realizado, estuvieran o no relacionadas con la conferencia que iban a impartir ese dia. Solo en aquellos temas de actualidad en los que estaban inmersos su respectivo tribunal declinaron opinar al respecto de forma lógica.
Juan Antonio Xiol, presidente de la sala primera del Tribunal Supremo, (en la foto), dio su opinión sobre el adelanto electoral que van a dejar diversas leyes pendientes de su correspondiente tramitación parlamentaria “Desde el punto de vista no puedo opinar, como jurista y titular del poder judicial aún no sabemos el destino de cada una de ellas. Creo que las que son claves para la Administración de Justicia se aprobarán antes de la disolución de las Cámaras en septiembre. Muchas de ellas se están tramitando por consenso político y esperemos que dé tiempo su aprobación y publicación posterior en el BOE”. Respecto al problema suscitado por diversas comunidades autónomas que anuncian una posible devolución de competencias, Xiol señaló que se está creando un problema constitucional que habría que abordar con calma y que es posible que a medio plazo sea llamado como Poder Judicial para tomar decisiones, “con lo cual prefiero no dar mi opinión sobre este tema en concreto”.
Sobre la LECRIM aunque no puede pronunciarse de forma directa da la sensación que no dará tiempo para su aprobación en esta legislatura al estar aún falto de tramitación parlamentaria “sin embargo es evidente que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es absolutamente necesaria”. Respecto al nuevo papel de los fiscales, ahora como responsables de la investigación, recordó que él fue nombrado integrante de la Comisión que impulsó esta reforma, “donde el juez tendrá otra función más cercaca a sus rasgos jurisdiccionales habituales. Preguntado si sería necesario resucitar el Pacto de Estado por la Justicia que unió a PSOE y PP en el 2008 durante dos años, subrayó que es necesario un consenso amplio entre las fuerzas políticas, “aunque claro está depende de su voluntad. Pero si es necesario que la reforma de la justicia se haga por consenso”.
Juan Saavedra, en calidad de presidente de la Sala Segunda penal del Tribunal Supremo, que luego analizaría con brillantez la viabilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su posible constitucionalidad en determinados casos, subrayó a los medios que es inviable que la LECRIM se apruebe antes de la disolución de la Cámaras al no haber siquiera haber entrado en el Parlamento. Sobre el papel nuevo que se quiere asignar al Fiscal en el citado anteproyecto se mostró partidario de su nuevo rol investigador “aunque eso supondrá reestructura de otra forma la investigación para que esté todo más equilibrado”. Cuando se le preguntó por la posible derogación de la Doctrina Parot, indicó que estaba en contra porque respondía a un modelo bien pensado por el Tribunal Supremo quien en el 2006 introduzco esta figura para el cumplimiento de diversas penas simultáneas
En relación a si con esta última reforma del Cödigo Penal convierte a esta normativa en una de las más duras del Viejo Continente Saavedra señalo que “cuando ves los efectos que genera su aplicación adviertes que es un Código Penal muy exigente tanto en la parte que tiene que ver con los delitos económicos como en los relacionados con la libertad sexual; corrupción de menores, medioambiente”. Y es que este nuevo texto normativo ha elevado la cuantía de las penas en la mayor parte de los casos y creado nuevos tipos delictivos desde la perspectiva que el Parlamento da respuesta a ciertas demandas sociales “Nosotros aplicamos el Código Penal y juzgar la proporcionalidad de las penas con los propios hechos, es tarea del Parlamento”
Para Eloy Velasco, Juez de Instrucción Central de la Audiencia Nacional que gestiona unos cuatrocientos casos anuales con el solo apoyo de una veintena de funcionarios, los cambios que está acometiendo la Audiencia Nacional relacionado con la digitalización de sus documentos, son un gran acierto y” hace que la institución se proyecte de veras en el siglo “XXI. Sobre si comparte los criterios de su presidente Angel Juanes de que hay que redefinir las competencias de la propia Audiencia, comentó que esa “es una tarea que se debe abordar. Es evidente que hay una especialización en los temas de terrorismo y en cuestiones internacionales como el caso de la piratería del barco Alakrana, pero realmente lo que se debe organizar bien es todo lo concerniente al crimen organizado”. Desde su punto de vista no queda bien definido en el artículo 65 las competencias entre los jueces que nos dedicamos a ello. Hay elementos que se solapan.” Si la ley fuera mejor no perderíamos el tiempo en discutir con los jueces locales sobre estos temas”-
Sobre su pertenencia a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial advierte que quiere colaborar como un integrante más y que han visto que “el poder ejecutivo y el legislativo se parecen mucho; es más el poder ejecutivo ha absorbido al poder legislativo.” Bajo su punto de vista los dos únicos controles que quedan ante esta situación son el control judicial y el control de la prensa. “ Si como parece la prensa esta absorbida por líneas ideológicas ya solo falta que los políticos metan su ideología en la justicia”. Para Velasco no es bueno hablar de jueces conservadores y progresistas porque genera desconfianza al ciudadano y distorsiona la imagen de la justicia. “Este es el motivo de la creación de dicha plataforma compuesta por jueces; catedráticos, juristas que clamamos por que el ejecutivo no controle el poder judicial porque de esta forma se acabaría con uno de los controles de la democracia.”
