“Las reformas en materia de justicia deben tener un amplio consenso porque deben perdurar en el tiempo”. Es una de las frases claves que subraya Manuel Almenar, vocal del CGPJ y co-autor del estudio de esta entidad sobre la planta y demarcación judicial,  cuando recibe a DIARIOJURIDICO para profundizar en este estudio que no ha dejado indiferente a nadie. En el plano de la justicia, al igual que ocurre en la Administración, la tendencia al inmovilismo  es notable: los cambios que se plantean siempre despiertan ciertas suspicacias. Además el ciudadano siente la justicia como algo próximo y propio. Si hay cambios que se puedan  percibir como un alejamiento respecto a la propia justicia también se ve  con malos ojos.” En su opinión estamos ante un nuevo concepto de acceso a la justicia, “Se basa sobre todo en mayor facilidad de acceso desde el punto de vista legal y organizativo a través de sus profesionales. Para ello es necesario reconducir el desplazamiento de los ciudadanos a los juzgados y tribunales a lo imprescindible. Y que no tenga que acudir a los tribunales tanto como ahora, sobre todo en determinados procesos penales”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó recientemente en un pleno de carácter extraordinario su propuesta de nuevo mapa de demarcaciones judiciales que, sustancialmente, propone la reducción en toda España hasta los 190 partidos judiciales de las actuales 431 unidades judiciales en nuestro país. En estos momentos, un partido judicial abarca un área geográfica de 15 kilómetros como media; la propuesta que se debate supone ampliar dicha área de influencia para que la distancia al servicio público no sea superior a una hora de viaje con las comunicaciones existentes. Gracias a la reordenación que conlleva esta ampliación, todos los ciudadanos tendrán acceso a los mismos servicios especializados y se establecerán las bases para la implantación de una organización judicial colegiada y para el despliegue de la Oficina Judicial.

Por poner un ejemplo, en la comunidad de Madrid la reducción sería de casi el 50%, pasando de 21 a 12 los partidos judiciales. Los vocales han acordado trasladar lo que denominan «documento de trabajo» a las Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia, que tendrán tres meses para presentar sus «sugerencias y aportaciones».

El documento, salvo algunas aportaciones de última hora agregadas por un grupo de vocales, corresponde al aprobado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces el pasado 19 de abril. Tras las aportaciones que puedan hacer los distintos órganos de gobierno del poder judicial, el documento será remitido al Ministerio de Justicia, que es el competente para impulsar  la reorganización del mapa judicial español.

A lo largo de su comparecencia ante los medios, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha insistido en la «provisionalidad» del documento, cuyo objetivo es «abrir el debate», y ha negado que vayan a suprimirse partidos judiciales. «Se trata de reorganizarlos en un nuevo diseño», ha manifestado, aunque reconoce que en algunas poblaciones podrían desaparecer las sedes de determinadas jurisdicciones, como la penal o la civil, en función del nuevo diseño.

El objetivo de esta iniciativa del CGPJ es superar el actual diseño, que data de 1988, con el fin de asegurar la proximidad de la justicia al ciudadano, lo que no está relacionado directamente, según Bravo, con el número de kilómetros que separen su domicilio del juzgado.

Según se explicó se pretende desvincular  también el concepto de juez unido al del órgano unipersonal al tiempo que se optimizarán los recursos en atención al «delicado» momento económico. Se aboga así por reducir los requisitos para la presencia del ciudadano en las oficinas judiciales a los supuestos «estrictamente necesarios» y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Entiende el CGPJ que la implantación del nuevo mapa judicial debe ser progresiva y apostar por una Justicia titular, relegando los interinos a supuestos excepcionales.

La reordenación de los partidos judiciales debe atender a las circunstancias geográficas, políticas y económicas de cada territorio, que ha señalado que las circunscripciones resultantes deberían tener una población superior a 100.000 habitantes para que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no exceda de una hora.

La aplicación de estos criterios permitirá la reducción de los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. En el 90% de las circunscripciones resultantes podrá procederse a la separación de jurisdicciones y la correspondiente especialización de los jueces; al despliegue de la nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes; a la implantación de gabinetes y servicios de todo tipo, y a la aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público, según los planes diseñados

 

Sr Almenar,  ¿Qué razones hay para que el estudio del CGPJ sobre la planta judicial haya levantado tantas suspicacias?

Sobre todo hay que darse cuenta que este informe tiene diferentes repercusiones en todos los ámbitos. Nuestra intención es generar debate sobre desde la organización territorial de la Administración de Justicia que es la base del entramado de la misma.

Cuando se habla de demarcación no estamos hablando de una simple delimitación geográfica, sino que es una cuestión más amplia. Hablar de modificaciones territoriales sin más, carece de sentido. Desde el CGPJ, la reforma de la demarcación se entiende en un contexto más amplio de la reforma de la Justicia como servicio público que es.

Se trata de tender a una organización judicial colegiada. A la vez, apostar por jueces titulares y profesionales relegando la justicia interina a supuestos excepcionales Asimismo,  desde este nuevo contexto organizativo se podría hacer el despliegue flexible de la nueva Oficina Judicial con sus unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes generales y de ejecución.

Con esta nueva estructura también se pretende desarrollar oficinas de atención al ciudadano y de servicios de apoyo y colaboración la propia administración de justicia; gabinetes psicosociales o puntos de encuentro entre otros.  Como puede ver la reforma es más amplia que un simple cambio de un municipio respecto de su cabecera comarcal a otra

Queda claro el concepto, pero en la última Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas las opiniones eran muy dispares

La verdad que todo lo que tiene que ver con la Administración suele revestir  un cariz inmovilista o conservador. Se piensa que es mejor mantener las cosas tal y como están. En el plano de la justicia la tendencia es igual: los cambios que se plantean siempre despiertan ciertas suspicacias

Además el ciudadano siente la justicia como algo próximo y propio. Si hay cambios que se puedan percibir como un alejamiento respecto a la propia justicia, el ciudadano lo rechaza, sobre todo si no sabe explicar el motivo”.

Y esto es lo que hay que combatir. No planteamos un alejamiento, sino todo lo contrario,  ofrecer un mejor servicio y de calidad. La idea es que la vinculación del ciudadano con la justicia sea más directa sin la necesidad de la proximidad geográfica, como hasta ahora se pensaba. Hay que sustituir esta proximidad por la propia calidad del servicio.

En estos momentos para ofrecer el mejor servicio al ciudadano, incluso especializado hay que tender a la concentración de los órganos judiciales de cara a mejorar su eficiencia y la calidad del servicio.

Esta concentración hay que hacerla compatible, en la medida de lo posible, con la cercanía de la justicia al ciudadano. Pero ahora el concepto de cercanía no es geográfico sino de facilidad de acceso al servicio público y este es un matiz muy importante.

Hay que darse cuenta que hoy disponemos de medios tecnológicos y de transporte diferentes a los que se valoraron para elaborar de la Ley de Demarcación y Planta actual que data de 1988. La tecnología acorta distancias y ahorra tiempo con lo cual pensar en tener tu juzgado al lado de tu casa no es necesario, afortunadamente.

¿Cómo se define entonces el llamado acceso a la justicia desde esta perspectiva?

Es un término con una nueva acepción. Se basa en la mayor facilidad desde el punto de vista legal y organizativo a través de sus profesionales.

Para ello es necesario reconducir el desplazamiento de los ciudadanos a los juzgados y tribunales a lo imprescindible,  de forma que su presencia en las Oficinas Judiciales sea cada vez más excepcional,  y que no tenga que acudir a los tribunales tanto como ahora hace por la especificidad de cada proceso.

En un proceso penal, desde que se pone la denuncia se puede llamar al ciudadano para diferentes asuntos antes y después del juicio oral pertinente. Hay que intentar reconducir este tipo de situaciones para  lograr menos perjuicios al propio ciudadano.

Cualquiera de nosotros puede saber si pierde una maleta dónde está y cuándo se va a recuperar. Sin embargo, en el ámbito judicial, parece complicado conocer el estado de ese procedimiento concreto, en qué fase se encuentra y cuál es el trámite siguiente. Eso es lo que tenemos que conseguir.

Da la sensación por lo que hemos leído de usted, que los propios periodistas no hemos sabido interpretar esta iniciativa suya del mapa judicial nuevo…

Es posible que no hayamos sabido explicarlo en profundidad como se merece. Si la información no se trasmite bien desde esos canales es evidente que no llega a ese destino ni logra los objetivos previstos.  También hay que darse cuenta que ni medios de comunicación ni ciudadanos tienen porqué tener una cultura jurídica extensa.

De todas formas, se nos ha explicado poco el origen de esta iniciativa que no arranca de ahora…

Es un proceso largo en el tiempo que voy a intentar sintetizarle. En 1988 la Ley de Planta y Demarcación que se aprobó fue un gran avance. Se trataba de sustituir un ordenamiento que procedía del siglo XIX, en un contexto en el que las infraestructuras de nuestro país eran muy deficientes.

Esa organización judicial, como estamos viendo ahora, presenta grandes insuficiencias en medios materiales y humanos. El concepto de partido judicial de la ley vigente responde a una realidad que ha cambiado mucho en estos veinticinco años.

Hay, por ello, un desfase grave entre la estructura de la organización judicial y lo que son las demandas de una sociedad que está en permanente proceso de cambio.

Esos desfases quedaron reflejados en el Libro Blanco de la Justicia que elaboró el CGPJ en 1996. Cinco años después el Pacto para la Reforma de la Justicia también se hacía eco de este cuestión donde se buscaba un mapa judicial objetivo y equilibrado…

 Le interrumpo… ¿Cómo es posible que en veinticinco años no se haya hecho nada sobre este tema del mapa judicial del que estamos hablando?

Creo que ha faltado consenso político para llevarlo a cabo. Y explicarle al ciudadano que los cambios, lejos de perjudicarle, serían positivos.

Es evidente que ese tipo de suspicacias se han utilizado como arma arrojadiza, por unos y otros, para impedir que se llevara a cabo cualquier modificación.

Volviendo de nuevo al relato cronológico anterior le puedo decir a que al Pacto de Estado que estamos hablando, siguió una intervención del actual CGPJ que en noviembre de 2008 acordó  poner en marcha un Plan de Modernizacion sobre La Justicia que incluía  la revisión de la demarcación.

Esta idea es recogida por el Gobierno  y en mayo del 2009, seis meses después, crea una Comision de Expertos para la elaboración de las bases de una nueva Ley de demarcación y Planta, entre ellos destacar a Fernando Ledesma; Cándido Conde Pumpido o el propio Juan Antonio Xiol , ahora presidente en funciones del Tribunal Supremo.

La citada Comisión publicó en el 2010 sus recomendaciones; la primera de ellas se refería a la necesidad de superar el concepto actual de partido judicial. Y es que aquella  realidad a la que respondió la Ley de 1988, ya no tenía nada que ver con la España actual. Desgraciadamente esa recomendación no quedó plasmada en ningún proyecto de ley posterior.

Sin embargo, el Ministro Gallardón desde el principio tiene claro su hoja de ruta e incluso ha creado una comisión sobre este tema de demarcación y planta.

La verdad que hemos visto tanto el interés del ministro en este tema como a la vez que el propio Parlamento, a raíz de la presentación de la Memoria del CGPJ por parte de nuestro presidente.

En ese momento, el propio Consejo de Ministros crea esa Comisión para la Demarcación que sigue trabajando en un proyecto similar al nuestro

Como puede ver el problema está ahí y todos los diagnosticamos que existe. Se trata ahora de buscar solución entre todos: Gobierno, Cortes Generales, Comunidades Autónomas, operadores jurídicos y nuestra institución.

¿Hay algún país de nuestro entorno que haya solucionado bien este cambio en el asunto de la planta judicial?

En estos momentos hay diversos países con una línea de trabajo similar a la nuestra. Es el caso de Portugal donde ya se busca fórmulas más amplias que el propio partido judicial. En este último año inician la revisión de esa demarcación para ir a la concentración de órganos judiciales. Así se está haciendo ahora en la metrópoli de Lisboa y en el propio Alentejo. De esta forma surgen los colegios judiciales que concentran servicios y permiten profundizar en la especialización para dar un mejor servicio.

Italia también inicia un proceso parecido en estos momentos. La propia Red Europea de Consejos Generales de Poder Judicial está abordando la revisión de la demarcación judicial con la finalidad de ahorrar costes, disminuir los tiempos de respuesta de los procesos y especializar  a los jueces. Respaldan el fenómeno de la concentración del que estamos hablando en esta entrevista.

En estos trabajos se vislumbra cierto deterioro geográfico en la relación del juez con el ciudadano. Sin embargo, los beneficios que se obtienen, son mayores que el eventual perjuicio. Al final advertimos, que este tipo de problemas  está afectando ahora a toda la UE.

Desde su punto de vista ¿Qué va a ser lo más complicado a la hora de adaptar un nuevo modelo de planta y demarcación judicial?

Por encima de cualquier cuestión, es un cambio de mentalidad. Estamos hablando de una reorganización global de la justicia para lograr evitar que el ciudadano sea sujeto activo de la justicia en lugar de sujeto pasivo u objeto de la justicia

Se trata sobre todo de saber qué tipo de justicia queremos para los próximos cincuenta años dándonos cuenta que el modelo actual está bastante agotado. Cuando tenemos que acudir a la justicia buscamos una atención y respuesta en tiempo razonable y motivada.

Debemos trabajar en esa dirección y desde el CGPJ pensamos que la implantación de los llamados colegios judiciales permitirán una respuesta dada por un juez especialista en la materia de la que se aborda con la atención que merece.

Este modelo parte de la necesidad de la implantación de los tribunales de instancia y, de forma paralela del nuevo modelo de Oficina Judicial, así como la dotación de todos los servicios de apoyo que sean necesarios. Es necesario, como ya le comentaba, una nueva reorganización territorial para que sea viable este nuevo modelo.

¿Hay algún cálculo del tiempo se necesita para implantar este proceso?

Hablamos en primer lugar, de un proceso progresivo. Esta reforma no es algo aislado. Se encuentra inmersa dentro de otra mayor de la justicia a nivel global. Supondrá, entre otros cambios una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y el cambio de los actuales tribunales por la nueva organización colegiada que ayudará como antes le comenté al despliegue de la Oficina Judicial.

Requiere tiempo y no en todas las comunidades debe hacerse a la vez. Hablamos de un modelo flexible adaptable al entorno en cuestión en función de las necesidades de justicia de cada lugar.

Lo ideal sería empezar por una comunidad autonóma significativa para acometer ese despliegue del que hablamos. Tanto Madrid o Catalunya podrían ser muy válidas como elemento de prueba para ver la viabilidad del proyecto.

¿Y es un sistema costoso éste nuevo basado en colegios judiciales?

La organización colegial supone un ahorro evidente. Pasamos del concepto de isla o célula autónoma del juzgado tradicional a otro en el que hay una plantilla de funcionarios que presten servicio a un conjunto de jueces.

A medio plazo se podrán crear juzgados especializados en diferentes materias. Se trata de especializar al propio juez separando jurisdicciones, al menos en los órdenes civil y penal.

Pensamos que una concentración de ocho juzgados puede ser ideal para poner en marcha este nuevo modelo. Un número menor podría llevar disfunciones. Desde ahí se puede especializar el colegio en secciones civil y penal del propio Tribunal de Instancia. Desde este planteamiento si se pueden vertebrar subsecciones específicas.

Sobre los costes supone emplear las economías de escala. Un juzgado tiene un coste que ronda los 380.000 euros, si tenemos en cuenta desenvolvimiento de personal y sus nóminas.

Con los estudios que hemos hecho, la implantación de pasar de un juez a cuatro que trabajan de forma colegiada no es cuatriplicar el coste, como ocurriría si se ampliase este número con el modelo del juzgado tradicional, sino que se ahorraría un tercio del coste global. A nivel de espacio, no duplicamos nada, solo se harían diferentes ampliaciones.

Nuestro país tiene el ratio de juez por ciudadano más bajo de la UE, sin embargo a nivel de funcionario estamos entre los primeros Con el nuevo modelo de mapa judicial que planteamos habría que hacer una redistribución de los mismos desde este nuevo concepto de organización colegial que le estoy explicando.

Concluimos ¿Cuál es el calendario previsto para saber si este u otro modelo se implantarán en nuestro país?

Esta iniciativa pretende modificar el primer eslabón de la organización judicial de nuestra justicia pero va ligado a otros dos trabajos.  Hay que ver que se hace con la justicia de paz y con los juzgados especializados. Habrá que trabajar en estas dos líneas también.

Sobre el  documento en cuestión del que hablamos, está ahora en pleno estudio por las Salas de Gobierno de los diferentes TSJ de nuestro país para que hagan las aportaciones oportunas. Después del verano analizaremos sus propuestas. Con posterioridad se trasladaran los trabajos a la Comisión que el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha en materia de Demarcación. Y ahí termina nuestro trabajo.

Al final de esta iniciativa subyace la necesidad de convencernos que la justicia debe ser una prioridad, al igual que es la sanidad y educación en nuestro país. Y que exista una voluntad política de diagnosticar los problemas y buscar las soluciones. Y asumirlas, aunque tuvieran un coste electoral, que no político. Este es uno de los ejes claves para una nueva administración de justicia, en definitiva.

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