Los datos se desprenden del informe sobre delitos económicos y fraude empresarial elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC), a raíz de una encuesta realizada a 3.000 empresarios de 54 países entre julio y noviembre de 2009.
La principal conclusión de este informe señala que la recesión económica ha incrementado la motivación de determinados agentes para cometer fraudes debido, fundamentalmente, a la exigencia por mantener el resultado económico de las compañías, así como la consecución de los objetivos previstos o establecidos.
Las compañías españolas han padecido el mayor incremento en número de delitos económicos en los últimos 12 meses (53%). Sin embargo, el 24% de los directivos encuestados afirman desconocer el número de fraudes financieros en sus compañías, frente al 7% de sus homólogos europeos.
El 40% de los empresarios encuestados procedentes de otros países de Europa advirtieron un aumento del fraude en el último año y el 43% a nivel global. Esto refleja que existe una mayor correlación entre crisis económica y fraude en España que en el resto de países.
El 25% de los profesionales españoles desconoce la frecuencia con la que sus compañías realizaron evaluaciones de los riesgos de fraude en el último año y un 18% de los encuestados manifestó contar con una política de gestión del riesgo de fraude o haber llevado a cabo evaluaciones de estos riesgos en los últimos 12 meses.
El coste medio del fraude en las empresas nacionales superó los 730.000 euros en los últimos doce meses, sin contar los daños en su imagen o en la motivación de sus trabajadores.
Éstas mismas empresas consideran que, a diferencia de los directivos europeos, los delitos en los últimos 12 meses les han impactado en su negocio de forma muy significativa.
Esta diferencia se debe, principalmente, a que, en España, el perfil del defraudador pertenece habitualmente a la alta dirección mientras que en el caso europeo está asociado a mandos intermedios.
La mayor confidencialidad con la que se trata dichos asuntos en las empresas españolas provoca que, cuando se hace público, el impacto mediático sea superior al de las compañías europeas.
El director responsable de forensic services de PwC, Javier López Andreo, explicó que «los delitos económicos provocan perjuicio económico directo e impactos económicos y sociales indirectos, estos últimos, son los más graves y más difíciles de cuantificar».
El informe concluye que pese al aumento de acciones reguladoras y a los controles antifraude introducidos en los últimos años, el delito económico, en cualquiera de sus categorías, continua siendo una amenaza que afecta a las compañías.
