Martín Aleñar FeliuHace poco más de un año, Martín Aleñar Feliu ganó las elecciones al decanato del Colegio de Abogados de las Islas Baleares. Sin embargo, este letrado especializado en Derecho Inmobiliario lleva mucha más experiencia a sus espaldas ya que ejerce la abogacía en Palma desde 1984. En esta entrevista, Aleñar valora el primer año de su legislatura en el ICAIB y opina sobre cuestiones de actualidad jurídica como la ley de tasas, la reforma de la ley de servicios profesionales o las propuestas planteadas para evitar los juicios paralelos o mediáticos.

¿Cuáles eran los principales retos que se planteó al ocupar del decanato y cómo ve la situación un año después?

En el programa de nuestra candidatura hablábamos de que nuestros pilares eran la formación, la deontología y las nuevas tecnologías. En cuanto a formación, hemos estado trabajando intensamente y este año ya hemos hecho unas 200 actividades, que son una barbaridad.

Sobre la formación, consideramos que había que darle una organización nueva al asunto, de manera que constituimos y nombramos a un director de formación que a su vez compuso un equipo con las distintas ramas del derecho. Con esta fórmula hemos conseguido que haya un buen equilibrio en la oferta formativa, ofreciendo formación de todas las áreas.

En relación a las nuevas tecnologías, nuestro interés era facilitar el trabajo de los colegiados al máximo posible y pensamos que las nuevas tecnologías nos podían ayudar a ello. En ese sentido creo que también hemos avanzado considerablemente y hemos modernizado el colegio. Hemos implantado nuevas técnicas para que los colegiados pongan en conocimiento de la institución tanto las cuestiones que les afectan, como las denuncias o las quejas. También estamos trabajando en el colegio sin papel, de manera que nuestras comunicaciones ya son prácticamente telemáticas en todo tipo de asuntos; en la implantación del wi-fi en los juzgados y en un proyecto de digitalización de expedientes. En fin, estamos trabajando mucho en ese aspecto.

Después de un año creo que muchas de las cuestiones que nos propusimos las hemos conseguido y todavía nos queda trabajo por realizar.

¿Cómo describiría el panorama actual de la abogacía en las Islas Baleares?

Creo, por la opinión que percibo de mis colegas decanos, que el panorama está igual que en el resto de España. Sobre todo en los colegios de la dimensión aproximada del de Baleares.

Son tiempos complicados, tiempos de cambio, en que se están reformando todo tipo de leyes y donde se aventura una nueva dimensión de la profesión. El momento es complicado porque la crisis también afecta a la abogacía y la afecta considerablemente, pero es un tiempo de trabajo. Aunque cueste cobrar el trabajo, es un tiempo de oportunidades. De momento, los abogados están trabajando mucho y tienen que hacerlo para poder superar esta crisis. Pero somos optimistas en el sentido de que vamos a superar estos momentos complicados.

¿Las dificultades a la hora de cobrar son una de sus máximas preocupaciones?

No vamos a ser idealistas. Lógicamente, los abogados, como cualquier otro padre de familia, se preocupa por la subsistencia de su familia. Como he dicho antes, los tiempos son complicados para todos y evidentemente también para los abogados. Pero, siendo eso una preocupación, también hay que decir que lo que preocupa a la abogacía son los cambios constantes, y a veces sin un rumbo fijo, en las continuas reformas legislativas, como la ley de tasas, que está afectando gravemente a la profesión.

Sobre la ley de tasas, ¿que le pareció el Real Decreto que las modifica?

Hemos repetido en muchas ocasiones y en la misma línea que lo hace el Consejo General de la Abogacía que esto no es más que un parche. De hecho, podemos calificarlo de “propina” porque incluso el propio Ministerio de justicia ha manifestado que con esta reforma simplemente van a disminuir un 5% los ingresos previstos por tasas, lo que ya da una idea de que se trata de un lavado de cara ante el rechazo de todos los operadores jurídicos.

Seguimos pensando que estamos ante un problema grave, ante un problema de una ley que es excluyente porque impide que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos en los tribunales. Y creemos que esta reforma no soluciona el problema de fondo. Sobre todo, en materia de recursos. El importe de las tasas que tienen que abonarse para que un ciudadano pueda recurrir una resolución sigue siendo un auténtico disparate.

¿Han notado ya un efecto en la reacción de los clientes cuando les dicen lo que cuesta recurrir?

Claro, hay muchos clientes para los que la tasa es la gota que colma el vaso. Ya es conocido que la justicia es cara. Llevar pleitos es costoso: hay que pagar profesionales, procuradores, abogados, peritos… Si a esto le añades tasas, en muchas ocasiones se convierten en la gota que colma el vaso.

Nos estamos encontrando con muchos casos en los que los clientes deciden no seguir adelante con sus reclamaciones debido a la tasa. Casos habituales son, por ejemplo, que aceptan acuerdos muy a la baja con compañías de seguros porque saben que discutir no sale a cuenta. En otras ocasiones se conforman con resoluciones que serían recurribles. Y muchas veces es una cuestión puramente matemática y económica dado que ya no sale a cuenta recurrir.

Estas son circunstancias que ocurren día a día en nuestros despachos y que además las vamos recogiendo para transmitirlas al Consejo General de la Abogacía, que está llevando un registro de casos en los que los ciudadanos tienen que renunciar a reclamar.

Al igual que algunos colegios, el CGAE presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la orden ministerial que regula la ley de tasas pero la Defensora del pueblo finalmente no recurrió la ley.

No la recurrió, pero sí que me consta que se presentó por el PSOE y también me consta que hay un cierto movimiento en Europa dado que preocupa la aplicación de esta ley en cuanto a las garantías de los ciudadanos.

De todos modos, se necesitará tiempo para que haya una resolución…

Este es el problema y precisamente esta era una de las cuestiones que se planteaba en Europa. Se decía que había la posibilidad de promulgar una directiva para que se suspendiese la vigencia de la ley de tasas. Pero eso está en el Parlamento Europeo y vamos a ver qué se decide.

La crisis ha hecho aumentar las peticiones de justicia gratuita y al mismo tiempo, las Administraciones Públicas tienen problemas para pagar. ¿Cómo están gestionando este conflicto y cómo está la situación en su colegio?

Efectivamente, se ha notado un incremento de justicia gratuita y los abogados tienen que defender asuntos a cambio de una mínima compensación. Pero sí que hemos de decir que de momento no tenemos problemas en cuanto al cobro de estos mínimos honorarios o compensaciones por los casos de oficio. Con un trimestre de retraso se está cobrando por parte de los abogados lo que deben percibir.

Insiste en que se recibe una mera compensación…

Sí, porque llevar todo un procedimiento en ocasiones significa más de un año de diligencias y actuaciones judiciales. Un abogado cobra 200 euros por eso y entendemos que eso no es mínimo, sino ínfimo. Es una compensación ínfima, prácticamente de los gastos que le suponen al abogado tener que afrontar la defensa de un caso.

Según las últimas estadísticas, Islas Baleares es la única comunidad donde ha bajado el paro en toda España. Al mismo tiempo, sin embargo, la pobreza infantil en Mallorca se ha disparado casi en un 60%. ¿Cómo percibe la situación y qué cree que puede hacerse desde el Colegio?

Desde el Colegio estamos haciendo todo cuanto está en nuestras manos. Incluso estamos ofreciendo asesorías, implantando la abogacía pro-bono y tenemos una enorme conciencia social sobre la situación. La disminución del paro no deja de ser un dato optimista, pero la situación de crisis es la misma que en todo el país. Somos conscientes de que tenemos que tener una responsabilidad social y desde el colegio de abogados haremos cuanto esté en nuestras manos para dar solución a los problemas sociales graves.

Como experto en derecho inmobiliario, ¿Cómo diría que está afectando la crisis a los abogados especialistas en este campo?

La profesión ha cambiado. Lo que hacíamos antes eran contratos, traspasos, ventas… y ahora, la profesión ha dado un giro porque hay poco negocio. Se reclaman derechos e incumplimientos de contratos. Pero no solamente en el ámbito inmobiliario, sino prácticamente en todos los ámbitos donde cuesta cumplir las obligaciones que se han contraído en tiempos de bonanza. Ahora nos encontramos ante un trabajo que más que creativo es de reclamación de incumplimientos contractuales.

En cuanto a la reforma de la ley hipotecaria, ¿Cuál cree que sería la fórmula más justa para todas las partes implicadas?

Ya me gustaría a mí saber cuál es la mejor solución. Creo que hay que poner imaginación y que es absolutamente necesario que se adopten medidas valientes para acabar con este auténtico drama social que son las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos de las viviendas propias. Aquí en Baleares se presentó recientemente una proposición de ley por parte del Partido Socialista que se llama “Proyecto de insolvencia singular”. Es una propuesta más, no se si al final va a prosperar o no, pero quienes tienen la facultad de poder legislar son los que tienen que poner imaginación y ser valientes. Claro que se pueden encontrar soluciones. Y no tan solo se puede sino que se debe. Hay que frenar esta sangría de una forma inmediata.

¿Está a favor de la dación en pago?

Por supuesto que sí. Pero posiblemente debería ir acompañada de una serie de medidas que den solución al problema porque la dación en pago no evita el desahucio. Lo único que evita, y no es poco, es que al menos esa persona pueda cerrar el expediente de la deuda definitivamente. De otra forma, toda su vida está hipotecada con una deuda que difícilmente va a poder liquidar, de manera que se convierte en una especie de casta ínfima para la sociedad impidiendo que tenga cualquier propiedad porque ya es, prácticamente, un insolvente de por vida. Esto no es tolerable. La sociedad no puede tolerar esto y quienes legislan tienen que adoptar medidas valientes y ponerse de acuerdo.

Usted se ha pronunciado más de una vez sobre la falta de presunción de inocencia en los casos mediáticos. ¿Qué se puede hacer para mejorar este problema?

Efectivamente, me he pronunciado en diversas ocasiones sobre el daño que hacen los juicios mediáticos a cualquier procedimiento judicial en trámite. Creo que se está haciendo un daño tremendo a la justicia cuando en cada procedimiento de cierta relevancia se filtran informaciones parciales de lo que está ocurriendo, que al final, lo que hacen es prácticamente sentenciar a la persona a quien se le tiene que reconocer esa presunción de inocencia. Hay que reconocerle su derecho a tener un juicio justo en el que se van a valorar todas las cuestiones, datos y circunsancias, tanto los que están a favor como en contra. Espero que la reforma prevista del proceso penal de solución a esta cuestión porque es una buena oportunidad para ello.

¿Qué prevé la reforma?

En principio, hay toda una serie de medidas que tienden a evitar que se produzcan estos juicios paralelos o que se atente a la presunción de inocencia. Por ejemplo, la denominación actual de imputado se asimila prácticamente a la de condenado, cuando un imputado, en principio, no tiene más que una garantía procesal. Con la reforma, el imputado deja de ser imputado y pasa a ser únicamente investigado. Y no se puede facilitar la más mínima información sobre la cuestión.

También hay que decir que no ayuda a la justicia el hecho de que las instrucciones se alarguen durante muchos años. En este sentido, la reforma del proceso penal limita la instrucción en el tiempo, de manera que se obliga a que haya una diligencia y una celeridad en las actuaciones penales. Habría que ver y estudiar las demás medidas pero entiendo que van en la línea de evitar todos estos problemas que estamos viendo a diario.

Otra de las reformas legislativas que inquieta a los abogados es la relativa a la ley de servicios profesionales. ¿Qué destacaría de todo lo que se ha filtrado?

Efectivamente, es una reforma que nos tiene preocupados porque ya son muchos los cambios que se vienen produciendo. Y sí que nos preocupa el hecho de que se filtren tantas reformas cuando al final no sabemos exactamente qué va a venir.

Sobre la colegiación, entendemos que los colegios están haciendo un trabajo muy importante, tanto en el ámbito formativo como en el ámbito deontológico. Entendemos que es imprescindible la colegiación obligatoria para los abogados que actuan ante tribunales, que se mantiene, por lo que sabemos. Pero no estamos de acuerdo en cuanto a que los que no hacen judicial no deban estar colegiados.

En mi opinión particular, entiendo que esa labor que están ejerciendo los colegios garantiza a la sociedad que tiene un profesional bien preparado y que cumple escrupulosamente con los principios éticos y los principios que rigen la profesión. El colegio está garantizando a la sociedad una conducta leal, adecuada y una profesionalidad. Por lo tanto, no creo que se consiga ningún beneficio con el hecho de que no se colegien abogados que no se van a dedicar a lo judicial.

¿Y qué opina sobre los cambios anunciados sobre la ley de acceso a la abogacía?

La ley de acceso, si no recuerdo mal, fue promulgada hace siete años y después de este tiempo todavía no sabemos cómo va a acabar. La posibilidad de que se elimine una prueba final ya es el enésimo cambio. Lo que interesa evaluar, en cualquier caso, es que los abogados tengan una experiencia y una preparación, sea con o sin examen.

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