El informe refleja un «claro crecimiento» del empleo público, «en tasas superiores a las del conjunto de la economía» y constata que mientras éste «mantiene su tono de crecimiento» en 2009, «el privado experimenta una gran disminución».
En cifras, el aumento total del empleo público entre 2004 y 2009 fue del 11,9%, con una tasa del 2,3% anual, muy superior al incremento del empleo en el sector privado, con lo que el peso de los trabajadores del sector público sobre el empleo total ha aumentado hasta situarse en el 14,1% en 2009.
El porcentaje medio de empleados públicos sobre el empleo de cada comunidad autónoma durante los últimos cinco años registró un valor máximo en Extremadura, donde el 23,3% del total de empleados de la economía son públicos. Superando el 15% figuran también Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.
En este contexto, la organización afirma que, «en el contexto de un Estado descentralizado, que el personal de las comunidades autónomas y ayuntamientos haya crecido entre un 12% y un 15% entre 2004 y 2009 parece lógico, pero no tanto que la Administración central continúe creciendo como lo ha hecho con un aumento del 6,1% de sus empleados».
El informe apunta que «la intervención de la Administración en la economía debe ser la mínima posible cuando los servicios pueden ser prestados por la iniciativa privada con mayores niveles de eficiencia», y que cuando los tiene que prestar forzosamente el sector público, «lo debe hacer con criterios de eficiencia».
