Así lo ha asegurado Joan Saura, consejero del Interior y Relaciones Institucionales del gobierno catalán, después de la primera reunión del Consejo Ejecutivo de la Generalitat tras el descanso veraniego, donde ha dejado claro que no se convocará ninguna manifestación pública antes de que se conozca el texto de la sentencia, descartando así la opción de la manifestación previa planteada por el vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira.
«El Gobierno acatará el fallo pero continuará con la defensa contundente del Estatuto sea cual sea el resultado de la sentencia», ha manifestado Saura, que ha aludido al artículo 150 de la Constitución, según el cual la Generalitat podría negociar de manera bilateral con el Gobierno central el traspaso de competencias. Además ha asegurado que si el Constitucional estima que un artículo del Estatuto solo es constitucional si se modifica una ley orgánica del Estado, la Generalitat optaría por impulsar esa reforma legal.
Para Saura, un fallo negativo del Tribunal Constitucional implicaría «rehacer el pacto político entre Cataluña y el Estado» porque afecta a la «ubicación de Cataluña dentro del Estado». En este sentido, el número tres del ejecutivo catalán ha resaltado que el Estatuto supone una «nueva relación en muchos aspectos entre Cataluña y España» y que significa, asimismo, un cambio de las relaciones políticas y económicas con el Estado».
Aunque la Generalitat defiende la constitucionalidad del Estatuto no descarta una sentencia que sea contraria a los intereses catalanes. En ese caso, ha explicado Saura, se convocará una cumbre de líderes políticos. No obstante, ha recalcado, el gobierno catalán en pleno es partidario de «esperar» al fallo del tribunal antes de tomar cualquier iniciativa, con independencia de que cada partido pueda optar por acudir o no a manifestaciones.
