Por Manuel Molina, abogado del Departamento de Derecho Procesal de Adarve Corporación Jurídica.

Durante el año 2010 han aparecido en el Boletín Oficial del Estado los últimos intentos del poder legislativo para superar la crisis económica en la que nos encontramos sumergidos. La consecuencia práctica ha sido la modificación de la ley de lucha contra la morosidad (Ley 3/2004), observándose en esta modificación una tendencia protectora hacia la figura del acreedor.

Si en algo resulta clara la modificación objeto de estudio es en la trasformación en derecho imperativo de todo lo concerniente a plazos para el pago y contabilización de éstos.

Así pues, se prohíbe expresamente la posibilidad de fijación inter partes de plazos de pago más amplios que los recogidos en la ley -restringiendo de esta forma el principio de autonomía de la voluntad-, tal y como se recoge en el artículo 4.1.a), al expresar éste la invalidez del acuerdo ampliatorio del plazo para el pago. Pero, ¿podrían las partes acordar un plazo inferior de pago?. Del dictado de la ley se desprende que es factible tal acuerdo, pues lo que sanciona y pretende impedir la Ley 15/2010 es el abuso en los retrasos y prórrogas en que incurren los deudores que, ocupando una posición de manifiesta superioridad económica, deciden alargar excesivamente los plazos de pago como forma substitutoria de financiación. Esto crea grandes problemas económicos a las PYMES contratantes -objeto de protección de la ley-, lo que se intenta solucionar mediante la promulgación de una ley de máximos cuya intención es corregir los desequilibrios habidos en el momento de realizar el contrato en la relación inter partes.

Dicho lo anterior, se procede al estudio sucinto de las modificaciones introducidas, comenzando por el primer artículo modificado, el artículo 2.d), el cual, amplía su redacción estableciendo que la forma de contabilización de los plazos para el pago de la deuda se referirá a todos los días naturales y añade el carácter imperativo de éstos.

La segunda modificación afecta al apartado primero del artículo 3, en lo relativo a la remisión a la Legislación aplicable en los supuestos en que los contratantes son una sociedad y la Administración Pública. Ello como consecuencia de la promulgación de la ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, que modificó la legislación a la que se remitía este artículo en la ley anterior.

El tercer artículo modificado es el artículo 4, siendo esta una de las reformas más importantes que se han realizado por la cantidad de modificaciones llevadas a cabo en el redactado del mismo.

La primera de estas modificaciones ha sido otorgar carácter imperativo e indisponible a la norma, ya que la nueva redacción del artículo señala que no podrán prorrogarse por acuerdo inter partes los pagos más allá del nuevo plazo estipulado de sesenta días, suprimiendo el carácter subsidiario y disponible de la anterior legislación, que establecía que en defecto de acuerdo el plazo para el pago se fijaba en treinta días.

Además en esta materia hay que tener en cuenta lo contenido en la Disposición Adicional Primera y la Disposición Transitoria Segunda y Tercera de la Ley:

En la Disposición Adicional Primera se fija la excepción al plazo general en los supuestos de productos de alimentación frescos y perecederos, cuyo plazo para el pago se reduce a treinta días improrrogables a partir de la fecha de entrega de las mercancías.

Posteriormente, la ley define producto fresco o perecedero como aquel que por sus características naturales conserva sus cualidades aptas para la comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días -de ahí la fijación del plazo para el pago en treinta días. Se pueden aquí generar, desigualdades por razón de la materia que se comercializa y que se tratarán más adelante al examinar la modificación del artículo 4.

En cuanto a la Disposición Transitoria Segunda, el legislador establece un calendario de plazos para aquellos casos en los que las partes han fijado plazos de pago superiores a los fijados por la ley, siempre y cuando tales pactos sean anteriores a la entrada en vigor de la presente modificación y no afecten a productos perecederos, puesto que en este punto la modificación expresamente fija el plazo de pago en treinta días.

Este calendario de pagos se configura de la siguiente forma:

Desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, los plazos serán de 85 días.

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, serán de 75 días.

A partir del 1 de enero de 2013, serán de 60 días.

A este respecto debemos tener en cuenta que la Disposición Transitoria Tercera establece un calendario de pagos para los contratos realizados con las Administraciones Públicas antes de la entrada en vigor de la Ley, aunque este calendario es más benevolente que el expuesto en la Disposición anterior.

Otra de las modificaciones del artículo 4 es la desaparición en la nueva redacción de lo preceptuado en el antiguo artículo 4.2.b), en el que se fijaba que si existían dudas sobre la fecha de recibo de la factura o la solicitud de pago equivalente, se debía pagar en los 30 días siguientes a la recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Ahora la ley impone la obligación al proveedor de hacer llegar la factura o la solicitud de pago a sus clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación del servicio. Cabe a estos efectos el envío de la factura por medios electrónicos siempre y cuando se encuentre garantizada tanto la identidad como la autenticidad del firmante, así como la integridad de la factura y la recepción de ésta.

De dudosa interpretación es la supresión del legislador del término “solicitud de pago equivalente “en el artículo 4.2.d), en lo relativo a pagos tras procedimiento de aceptación. La ausencia de este término puede tener dos interpretaciones bien distintas: La primera de ellas, de conformidad con la interpretación global del texto legal, es que puede interpretarse como un “olvido” del legislador. Y la segunda interpretación es la que sugiere la obligación del acreedor de emitir una factura, no bastando pues la recepción de la solicitud del pago como elemento determinante para el inicio del cómputo de los plazos de pago; plazos éstos que deberán respetar siempre la norma de los sesenta días.

Por último en lo que respecta a la modificación de este artículo 4, también se ha admitido la posibilidad de realizar una factura que agrupe la totalidad de facturas producidas durante un tiempo determinado, nunca superior al plazo de 15 días y a partir del cual el deudor tiene un plazo para el pago de sesenta días computado desde la mitad del periodo comprendido en la factura resumen o “factura madre”. Esta creación responde a evidentes conveniencias de práctica comercial.

Más controvertida resulta la posibilidad de que una empresa dedicada a la venta de productos perecederos y no perecederos, pueda realizar una factura resumen o “factura madre” en la que se incluyan partidas perecederas y no perecederas.

Al problema planteado pueden dársele dos soluciones de distinto calado: La primera de ellas consiste en admitir la imposibilidad de tal acumulación de facturas sobre la base del concepto facturado; y la segunda de las soluciones pasaría por admitir la posibilidad de generar este tipo de facturas siempre y cuando ambas partes hayan fijado por contrato que el plazo de pago de las facturas no podrá ser superior a treinta días –plazo más corto. Todo ello bajo el argumento de que la prohibición de disposición general de los plazos que regula la ley 15/2010 es de máximos, pudiendo estar al alcance de las partes la disminución de éstos, puesto que, a sensu contrario, la garantía establecida mediante la imperatividad de las disposiciones de la presente ley carecería de sentido al perjudicar a la parte protegida.

También se modifica el artículo 8, siendo de notable importancia la supresión del segundo párrafo contenido en la Ley anterior, que declaraba la improcedencia de la indemnización de los costes de cobro cuando este importe hubiera sido cubierto con la condena en costas del deudor.

Tras la modificación y supresión de segundo párrafo, debemos afirmar que pese a la condena en costas en procedimiento judicial el acreedor podrá exigir el pago de esta indemnización con independencia de las costas generadas en el proceso.

Esta modificación tiene su fundamento en la necesidad de castigo a la parte deudora que, teniendo un saldo deudor respecto a la acreedora, ha rehusado el pago de éste sin que sobre aquel recaiga una pena excesiva por tal comportamiento; de ahí que la modificación de la ley de lucha contra la morosidad haya querido sancionar tales prácticas dilatorias, las cuales afectan de forma tan relevante al mercado económico nacional.

En cuanto a la modificación del artículo 9, ésta se divide en dos partes, siendo la primera una modificación intrascendente en relación al orden de los párrafos y la segunda de mayor calado. Ésta última se refiere tanto a la confidencialidad que otorga la ley a la denuncia promovida por las entidades del artículo 9.4.b), como a la introducción de un apartado quinto, en el que se otorga legitimación procesal y administrativa a las entidades mencionadas en el apartado cuarto del mismo artículo para interponer la acción de cesación frente a las empresas incumplidoras con carácter habitual de los periodos de pago en los contratos que no están incluidos en el ámbito de la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación.

Esta introducción del apartado quinto del artículo 9, hace pensar en que el poder legislativo faculta, a iniciativa privada o incluso pública, la de creación de un Registro Central de Sociedades incumplidoras de los plazos de pago, como ASNEF, RAI o similares.

Por último, la modificación incluye un artículo 11 en el que insta a las Administraciones Públicas a que promuevan la celebración de Códigos de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria la incorporación a estos sistemas de solución de conflictos extrajudiciales.

En definitiva, la modificación de la Ley de lucha contra la morosidad, llevada a cabo en apenas algo más de un lustro desde su entrada en vigor, se ha realizado por parte del legislador atendiendo a razones y problemas de la práctica mercantil habitual, intentando equilibrar las posiciones de igualdad entre acreedores y deudores y estableciendo para ello normas de derecho imperativo protectoras del acreedor en las que se fije de forma legal un plazo máximo para el cobro de las facturas.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.