La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la discriminación en la administración de bienes dentro de la sociedad conyugal.

La cuestión surge tras el amparo de revisión número 1079/2018. En el mismo se plantea la inconstitucionalidad del artículo 170 del Código Civil del Estado de Chihuahua vigente en 1989.

El Código cuestionado rememora ciertas cuestiones atávicas relacionadas con la figura patriarcal del hombre en el matrimonio y el rol de la mujer destinado a las labores domésticas, privilegiando al varón en la administración de los bienes.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del 10 de abril de 2019 con Ponencia de la  Ministra Norma Lucía Piña Hernández, determinó que las normas civiles en las cuales se excluye a la mujer casada de la administración de la sociedad conyugal o de la representación conyugal son discriminatorias.

El alto tribunal lo considera así al contravenir el derecho humano a la igualdad, pues el efecto de esas disposiciones es denegar a la mujer casada su autonomía legal, lo cual incluso deriva en una disminución de la capacidad jurídica de la mujer para invocar la protección judicial de los derechos que derivan de tal sociedad.

Por ello, la Sala declaró inconstitucional el artículo 170 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, vigente en 1989, que establecía que la administración de los bienes de la sociedad conyugal estaría a cargo del cónyuge que se hubiera designado para ello; de lo contrario, ante la falta de designación, quien debía ejercer tal función era el varón.

La normativa actual del artículo 170 recepciona el derecho constitucional a la igualdad entre hombres y mujeres, disponiendo que:

La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan y en lo que no estuviere expresamente estipulado o cuando no existieren, por las disposiciones de este Capítulo, o, en su defecto, por las relativas al contrato de Sociedad.

La administración de los bienes de la sociedad estará a cargo del cónyuge que para tal efecto se designe en las capitulaciones. En el caso de que se omita esta designación, o no existan las capitulaciones, la administración de los bienes de la Sociedad Conyugal corresponderá a ambos cónyuges, quienes podrán acordar la manera de manejar los bienes comunes.

Esta solución se aplicará salvo que se determine otra cosa por sentencia, en caso de ausencia, impedimento o abandono injustificado del domicilio familiar, por más de seis meses.

El cónyuge administrador podrá enajenar o gravar los bienes muebles de la sociedad, sin el consentimiento del otro cónyuge. Cuando la administración recaiga en ambos cónyuges, los dos deberán consentir en la enajenación.

Finalmente, dispone que la designación del administrador de los bienes de la sociedad conyugal podrá ser modificada por el simple acuerdo de los cónyuges; si éstos no se pusieren de acuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación, México