En el Senado de la República se perfila llevar adelante una reforma integral para garantizar libertad de expresión en Internet.

La senadora Antares Vázquez Alatorre expresó que es “necesario, encontrar un punto medio para asegurar los derechos de todas y todos los usuarios de la red.”

Tras la convocatoria de la senadora Antares Vázquez Alatorre, este lunes comenzaron las mesas de diálogo entre legisladores y representantes de organizaciones civiles, que buscan una reforma integral para garantizar la libertad de expresión en la web.

Lo que se pretende es garantizar los derechos de autor pero también la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet.

En la inauguración del foro, la legisladora perteneciente al grupo Morena explicó que en el contexto del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se realizó una reforma a la Ley de Derechos de Autor y al Código Penal Federal.

Entre los puntos más controversiales de estas modificaciones está la inclusión de un mecanismo denominado “notificación y retirada” que, a decir de algunas organizaciones civiles, obliga a proveedores de servicios de Internet a retirar cualquier contenido bajo el argumento de violar derechos de autor, sin presentar pruebas ni orden judicial.

Otro de los puntos polémicos lo constituyen las sanciones por la modificación de candados digitales.

En este contexto, Vázquez Alatorre señaló que es necesario encontrar un punto medio para garantizar, por un lado, los derechos de autor, pero también la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, conforme con las disposiciones constitucionales vigentes.

Por ello, esta semana se entablará un diálogo abierto para encontrar coincidencias y promover los cambios legales que garantice la protección de los derechos humanos.

Este lunes se abordaron los riesgos del mecanismo de “notificación y retirada”, el próximo jueves se tratarán las medidas tecnológicas de protección, propiedad intelectual y derecho a reparar, para cerrar el viernes con el análisis de las excepciones y limitaciones del derecho de autor para el acceso a la cultura y preservación de la memoria.

Por su parte, la senadora Eunice Romo Molina, de Encuentro Social, aclaró que en ningún momento los legisladores han pensado en aprobar leyes para violentar un derecho y este gobierno también ha priorizado este objetivo.

Paulina Gutiérrez, de Artículo 19, señaló que la reforma implica una restricción a la libertad de expresión, porque no se establecieron mecanismos para que los usuarios puedan interponer algún de tipo de queja y si las llegan a contemplar están sujetos a la inspección de entidades privadas, y esta facultad para decidir qué es legal y qué no lo es, es un problema para la libertad de expresión.

A su vez, Luis Fernando García, director Ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, señaló que el Estado tiene que abstenerse de interferir con el derecho de expresión y tiene la obligación de protegerlo de violaciones que no sólo provienen del mismo Estado sino de empresas particulares que ejercen un gran poder en sus plataformas digitales.

Finalmente, Corynne Mc Sherry, directora jurídica de “Electronic Frontier Foundation”, indicó que compañías como Google, YouTube e Instagram, constantemente silencian la libertad de expresión a través de sus filtros, lo que sus sistemas de notificación, retirada y filtración afectan los derechos humanos, por lo que sugirió que desde el Poder Legislativo se regulen los procedimientos de estas plataformas.

Fuente: Senado de la República de México

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