La senadora Griselda Valencia de la Mora presentó una iniciativa con el objetivo de que los trabajadores puedan adquirir viviendas en condiciones de accesibilidad, tamaño suficiente, y que cuenten con infraestructura y servicios básicos.
Asimismo, la propuesta de la legisladora de Morena busca establecer seguridad jurídica en la tenencia de dichas viviendas para evitar desalojos arbitrarios de sus ocupantes por incapacidad de pago de créditos. Además, buscan brindar seguridad jurídica para evitar desalojos arbitrarios.
Para ello, la ley establecerá un modelo de cobranza social sin intermediarios para la recuperación de créditos que se ajuste a la situación económica, laboral, social y particular de cada acreditado.
La promovente indicó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) opera un sistema de financiamiento que permite a los trabajadores obtener créditos para la adquisición de viviendas, así como para la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones.
Actualmente, dijo, dicho Instituto ofrece, mediante intermediarios y programas, soluciones de pago a sus acreditados, pero esas opciones no han sido suficientes para atender y dar respuesta a la incapacidad de pago generada por la pérdida de empleos a causa de la pandemia de Covid-19.
Por esas razones, la senadora Valencia de la Mora propone un conjunto de modificaciones para de elevar a rango constitucional un modelo de cobranza social sin intermediarios para la recuperación de créditos que se ajuste a la situación económica, laboral, social y particular de cada acreditado.
Además de prever en la legislación un programa de restructuración y beneficios para el pago y cobro de los créditos acorde a las posibilidades y alcance de los trabajadores, así como garantizar la protección de su patrimonio.
El objetivo general de la iniciativa, precisó, es contribuir al cumplimiento del propósito del INFONAVIT, que es el “que existan más propietarios orgullosos y mucho menos deudores atormentados por un pago que parece imposible de liquidar. Dar certeza jurídica, brinda seguridad y tranquilidad a quienes no desean perder su vivienda como único patrimonio”.
El proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123, en sus apartados A y B, de la Constitución Política se encuentra en proceso de estudio y dictamen en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
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