Proponen que en detenciones de hablantes de lenguas indígenas se cuente con intérpretes desde su presentación a las autoridades.

Existen millones de personas indígenas que no hablan español, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad cuando ocurren este tipo de detenciones.

La diputada María del Rosario Reyes Silva (Morena) planteó una iniciativa con la que busca coadyuvar a terminar con la discriminación hacía los miembros de las comunidades indígenas, para ello, presentó el proyecto por el que se obliga a otorgar intérpretes a los detenidos por flagrancia o en caso urgente, que sean hablantes de lenguas indígenas.

Al respecto de su propuesta, la legisladora argumentó en un comunicado que si bien existen disposiciones que protegen a los integrantes de comunidades indígenas en procesos penales, éstos sólo garantizan a los intérpretes hasta que se celebra la audiencia de vinculación, de acuerdo con el procedimiento.

Con lo cual, los detenidos padecen de un lapso que transcurre desde la detención hasta la disposición del Ministerio Público y las 48 horas de verificativo de la flagrancia, tiempo en el que la persona indígena no cuenta con asesoría por parte de un intérprete, espacio en el que sin duda, “se vulneran sus derechos humanos, toda vez que es incapaz de comprender a plenitud cuáles son sus derechos”.

En ese tenor, la diputada indicó que de acuerdo con información del Inegi, en el país se identifican como personas hablantes de lengua indígena cerca de 7 millones, y según el Sistema de Información Cultural del Gobierno Mexicano, existen 70 pueblos indígenas y 68 lenguas indígenas con sus respectivas variantes. Lo cual muestra el tamaño de cobertura necesaria.

“Este proyecto que presento otorga la protección a nuestras hermanas y hermanos indígenas, permitiendo garantizar la no discriminación y un pleno conocimiento, que permita que ellos conozcan sus derechos”, expresó.

Bajo esa óptica, Reyes Silva recordó los tratados internacionales a los que México está adscrito, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, o el Convenio 169 de la OIT, los cuales determinan que los Estados miembros deben implementar acciones para evitar la discriminación en todas sus formas hacía integrantes de pueblos originarios.

Por ello, expresó que es necesario armonizar la legislación, acorde a estos convenios y es ese el propósito de la iniciativa en comento.

“En el gobierno de la Cuarta Transformación estamos comprometidos con el bienestar de todas y todos los mexicanos, así como la erradicación, la discriminación de nuestros grupos más vulnerables y la promoción de garantías y respeto del derecho humano a la igualdad”, apuntó.

La iniciativa, que reforma los artículos 147, 150 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue remitida a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para su dictaminación.

Fuente: Notilegis

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