La Suprema Corte de Justicia de la Nación se expidió acerca de la inhabilitación perpetua y consideró que se trataría de una pena excesiva y desproporcional violatoria de la constitución general de la república.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, efectuada a través del sistema de videoconferencia, invalidó el artículo 144, fracción IV, inciso b) del Código Penal para el Estado de Jalisco.

Dicha normativa establece la inhabilitación perpetua para trabajar en el servicio público para los responsables de delitos por hechos de corrupción. Del mismo modo se los inhabilita para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito, excediera el límite de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El Pleno entendió que la sanción de inhabilitación perpetua establecida en dicho precepto, se traducía en una pena excesiva y desproporcional, que afectaba en grado predominante a la libertad de trabajo, el derecho de acceso a los cargos públicos y el derecho a ser votado, generando un efecto estigmatizante en la persona y que, por tanto, resultaba contraria a los artículos 18 y 22 de la Constitución Federal.

Por estas mismas razones, la SCJN invalidó la fracción V del mismo artículo, donde se preveía la inhabilitación perpetua como sanción para particulares, en el mismo supuesto de delitos por hechos de corrupción.

Sumado a ello, el alto tribunal invalidó el artículo 117 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, donde se preveía como sanción administrativa para los particulares que hubieren incurrido en actos de corrupción, la inhabilitación perpetua para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

En este caso, el Pleno consideró que el establecimiento de sanciones administrativas a cargo de las entidades federativas debe encontrarse apegado a las bases y regulaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme lo precisa el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal.

Fuente: Acciones de inconstitucionalidad 59/2019 y su acumulada 60/2019, promovidas por la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Jalisco y de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del mencionado Estado y sus Municipios, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad de 11 de mayo de 2019, mediante Decreto 27256/LXII/19.

Prensa: Suprema Corte de Justicia de la Nación 


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