La Suprema Corte respalda la disposición del Código Penal de Guanajuato que sanciona a quienes eviten el ejercicio de la actividad periodística por medio de la violencia.

En sesión del Tribunal Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó una disposición del Código Penal del Estado de Guanajuato donde se establece que se aplicarán de nueve meses a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días multa, a quien utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística.

La decisión del Supremo responde a una acción de inconstitucionalidad 149/2017, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 240-d, fracción I, del Código Penal del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del esa entidad el 26 de octubre de 2017, mediante Decreto 216.

La disposición avalada se encuentra en el título séptimo sobre los delitos contra la libertad de expresión (título adicionado P.O. 26-10-2017 – Capítulo Único Delito contra la Libre Expresión Capítulo adicionado P.O. 26-10-2017) del CP de Guanajuato, el cual expresa:

Artículo 240-d. Se aplicará de nueve meses a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días multa, a quien: I. Utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística. II. Obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión. El presente delito se perseguirá por querella.

El Pleno consideró que dicho precepto no viola el derecho a la exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad, pues si bien el legislador, al establecer las penas debe describir claramente las conductas merecedoras de sanción, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, ello no puede llegar al extremo de exigir la mayor precisión imaginable, es decir, el legislador no está obligado a definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, pues se tornaría imposible la función legislativa.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fundó que el concepto de violencia resulta claro e inclusive existe coincidencia entre su definición ordinaria y la de tipo técnico propia del derecho penal.

En conclusión, el Pleno resolvió que no se limitan los alcances de la protección a quien ejerza la actividad periodística o la prerrogativa de libertad de expresión, al implementar la locución “utilizando violencia”, dejando fuera de la salvaguarda los casos de ataques no violentos, pues el objeto de la norma es otorgar protección a la actividad periodística, considerando que otras acciones y omisiones puedan ser sancionadas también por medios menos lesivos o alternativos a la legislación penal.

Fuente: Documento con fines de divulgación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, República de México