En el norte de México, pueblos indígenas exigen el reconocimiento constitucional de su derecho a no migrar.

A través de tres “foros de consulta” realizados en el norte del país, pueblos indígenas, población indígena migrante y jornaleros agrícolas aportaron sus ideas y necesidades para la construcción de la reforma constitucional sobre sus derechos fundamentales.

El Estado de Durango, durante los foros celebrados en Ensenada y San Quintín, Baja California, y Mezquital, consultó a los pueblos cochimí, cucapá, kiliwa, kumiai, paipai, ku’ahl, o’dam, wixárika, cora, mexicanero, afromexicano, población indígena migrante e indígena jornalera.

En estos espacios de consulta, la población indígena migrante residente en el norte de México, externó la urgencia de que se reconozcan y garanticen sus derechos colectivos fuera de sus comunidades originarias.

Además, solicitaron que se impulsen políticas públicas desde el Estado para fortalecer y preservar su identidad cultural, su inclusión social en los lugares donde radican, que se les garantice su derecho a no migrar mediante la implementación de proyectos y programas que aseguren el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y laborales en sus comunidades de origen.

En Ensenada, Baja California, con la participación de 328 reclamaron mejores condiciones laborales para las mujeres indígenas, que se garantice la protección de sus derechos individuales y colectivos mediante intérpretes, defensores y peritos con perspectiva de género en las diferentes instancias de atención.

Asimismo, los pueblos exigieron su derecho a mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y conocimientos tradicionales, por lo que manifestaron la urgencia de contar con una ley de propiedad intelectual colectiva para evitar el plagio de sus expresiones artísticas y saberes ancestrales.

También fue motivo de diálogo garantizar la comunicación y conectividad a las poblaciones más alejadas y marginadas. En este sentido, se propuso garantizar a los pueblos indígenas el acceso a frecuencias óptimas del espacio radioeléctrico en las que puedan expresarse en sus propias lenguas y realizar sus prácticas culturales.

Los representantes consensaron en la necesidad de que se reconozca en la Constitución su derecho a la consulta libre, previa e informada, y pidieron que el Estado garantice que los ejercicios de participación a los pueblos indígenas y afromexicano se lleven a cabo de manera culturalmente adecuada y a través de sus instituciones representativas.

Entre las peticiones más apremiantes, los pueblos kiliwa, cucapá, paipai y kumiai requirieron la protección de sus lenguas indígenas, que se encuentran en riesgo de desaparecer; pidieron al Estado adoptar medidas eficaces para su preservación y fortalecimiento, pues expresaron que son parte de la riqueza lingüística y cultural de México y la herencia más íntima de su historia.

El valle agrícola de San Quintín, Baja California, reunió las voces de pueblos indígenas migrantes asentados al sur y noreste del municipio de Ensenada. En este diálogo multicultural solicitaron garantías sobre sus derechos laborales en la Ley Federal del Trabajo.

Representantes de pueblos indígenas migrantes y jornaleros agrícolas solicitaron garantizar sus derechos laborales en la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, exigieron la protección y ejercicio de sus derechos colectivos en sus lugares de residencia, asegurando su vinculación familiar y comunitaria mediante programas y acciones del Gobierno de México.

Fuente: Presidencia de la República, México