Diputada nacional impulsa iniciativa para prohibir la exigencia de los patrones respecto de las pruebas de VIH en los estudios preocupacionales. 

La diputada Julieta Macías Rábago (MC) impulsa una iniciativa por la cual pretende reformar los los artículos 133 y 134 de la Ley Federal del Trabajo.

La propuesta tiene como eje la prohibición a los patrones de realizar o solicitar pruebas de detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

La propuesta señala que es indispensable garantizar el ejercicio de los derechos de las personas que viven con VIH, por lo que no se podrá establecer la excepción explícita entre las obligaciones del trabajador, a someterse a este examen médico.

Las compañeras de bancada, diputadas Ana Priscila González García y Maiella Gómez Maldonado, consideran que estas acciones son violatorias a las garantías individuales.

Ejemplo de ello es la resolución emitida por la Conapred donde indica que realizar pruebas de detección de VIH  como requisito para obtener un empleo y utilizar el resultado de la misma como elemento en el proceso de selección de ingreso, es violatorio del derecho al trabajo a la igualdad y no discriminación, dado que esta condición de salud no repercute en el desempeño laboral.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) arrojó que una de cada cinco personas declaró ser discriminada en el último año.

Frente a este panorama, las legisladoras estiman indispensable reforzar las políticas públicas para combatir y revertir los sistemas de desigualdad que están tan arraigados en la sociedad.

Lo manifestado, sostienen, es necesario, ya que quienes son portadores del VIH frecuentemente se vuelven víctimas de discriminación por prejuicios relacionados con su salud, pues de acuerdo con la encuesta antes mencionada, el 36 por ciento de la población cree que convivir con estas personas, “siempre es un riesgo”.

Según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), para diciembre de 2017, vivían en el país 230 mil personas con este virus.

Además, el Conapred informó que hay 301 presuntos actos de discriminación hacia personas que viven con VIH, investigados entre 2012 y 2018.  En el 41% de los casos las víctimas fueron discriminadas en el trabajo y en el 36% se vulneró su derecho al empleo.

Una de las formas en que las empresas y empleadores discriminan y vulneran los derechos de las personas que viven con VIH, se da cuando insisten en forzarlos a practicarse el examen de sangre ELISA, el cual detecta anticuerpos, en ocasiones incluso sin su conocimiento, durante los procesos de ingreso y promoción en el empleo, utilizando dichos estudios para descartar a quienes arrojen resultados positivos.

La iniciativa será analizada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social con el propósito de evaluar si estas prácticas son contrarias a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues las personas con enfermedades derivadas del VIH pueden llevar una vida saludable, larga y productiva.

Fuente: Cámara de Diputados, Gobierno de México