I.- INTRODUCCION

En esta ocasión quiero abordar como materia y análisis a tratar, varios aspectos referentes a las personas mayores, especialmente las declaradas incapacitadas o con problemas de discapacidad, y a su incidencia en sus derechos en general y, en particular, al derecho a la tutela judicial efectiva que predica el Art. 24.1 CE. En este punto, he de empezar diciendo que en Septiembre de 2018 fue aprobado por el Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal en materia de Discapacidad[i]. En Noviembre del mismo año, el Pleno del CGPJ aprobó un Informe que avalaba el Anteproyecto de Ley citado. El Dictamen obtuvo voto unánime de los 21 vocales que integran el Pleno y emite juicio favorable a la reforma legislativa. El Anteproyecto reforma el Código Civil; la Ley Hipotecaria; la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley del Registro Civil; la Ley de la Jurisdicción Voluntaria; y el Código Penal.

Por y para ello, el 6 de Abril de 2017 la Comisión Permanente del CGPJ aprobó la figura jurídica del Delegado o Delegada de discapacidad en el seno de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, entendido este nuevo operador jurídico como la persona, integrante de la Carrera Judicial, encargada de coordinar, promover e impulsar las actuaciones no jurisdiccionales para la adecuada tutela de los derechos de las personas con discapacidad en los órganos judiciales adscritos a un determinado Tribunal Superior de Justicia; existiendo un Delegado o Delegada de discapacidad en cada TSJ. En aquellos TSJ´s que cuenten con más de una sede, podrá designarse un Delegado o Delegada de discapacidad para cada una, siendo competentes para su nombramiento, la Sala de Gobierno de cada TSJ. Para profundizar más en su análisis, recomiendo el siguiente link[ii]. Asimismo se creó una específica plaza de Fiscal de Sala en la FGE para la protección de las personas con discapacidad y mayores[iii]

Continuando con el examen de las circunstancias de este colectivo respecto a la necesidad del Anteproyecto de Ley, me referiré someramente al edadismo. El edadismo, según la OMS es una actitud negativa que comporta la estereotipificación y discriminación contra personas por motivo de edad. El edadismo estigmatiza a las personas por su edad, subclasifica y vuelve a discriminar a las personas incluso por su género, y acepta como válido y  “normal”, el falso binomio clasificatorio edadista, respecto a cuándo se es mayor según estos términos:

HOMBRE: Se es mayor cuando se jubila.

MUJER: Se es mayor al iniciar su deterioro físico.

Ello comporta no únicamente la discriminación sino aspectos tales como una limitación de la autonomía de los mayores y discapacitados; la homogeneización del colectivo; su “infantilización” y anulación como ser humano y sujeto de Derecho, lo que se traduce en que generamos una inexistente “distancia” entre “ellos” y “nosotros”. También tendemos a darles un trato paternalista que no les beneficia en nada; y en aspectos de praxis jurídica, únicamente citaré como ejemplos la evidente  discriminación laboral por edad o el hecho de que ante un ERE, la tónica es que siempre la acusan más rigurosamente los mayores de determinada edad (45 años o más). Concluyendo con los datos sobre el edadismo, según un Informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2016 referido a la evolución de la discriminación en España, un 67% de la población se encuentra potencialmente discriminado y en desigualdad de condiciones en criterio de oportunidades laborales y contratación por ser mayor de 55 años y un 47%, por razón de encontrarse en situación de discapacidad[iv].

FUENTE: Special Eurobarometer 437 (“Discrimination in the EU in 2015”)

y Special Eurobarometer 393 (“Discrimination in the EU in 2012”)

Después de este breve introito sobre lo necesario de las modificaciones introducidas, a continuación analizaremos la normativa afectada, entrando de lleno en materia

II.- ANTEPROYECTO DE LEY QUE REFORMA LA LEGISLACION CIVIL Y PROCESAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD. NORMATIVA A LA QUE AFECTA

A las situaciones antedichas ha venido, muy acertadamente además, a ofrecer soluciones jurídicas el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal en materia de Discapacidad. Al margen de las modificaciones a continuación indicadas, afecta e incorpora aspectos referidos al régimen jurídico que rigen los ingresos en residencias de personas mayores; al guardador de hecho; a la Autotutela; a los Poderes Preventivos; y a la accesibilidad en el ámbito judicial. Veamos caso a caso.

Respecto al Código Civil, es preciso indicar que la más extensa y de mayor calado ya que modifica los Arts. 9.6; 10.8; 15.1; 20.2; 21.3.c); 21.3.d); 22.2; 81; 82.2; 91; 94; 96; 112; 121; 124; 125; 137.1; 137.2; 156.5; 199 a 300; 443; 663; 665; 695; 697; 706.3; 709; 709; 742.2; 753; 776; 808; 813; 822.1; 822.2; 1041; 1052; 1057.3; 1057.4; 1060; 1163.1; 1263; 1291.1; 1299.2; 1301; 1302; 1304; 1314; 1330; 1387; 1393.1; 1459.1; 1548; 1700.3; 1700.4; 1732; 1764; 1765; 1773; 1811; y 1903.3. El elemento sobre el que pivota la nueva regulación no es ni el proceso de incapacitación ni la modificación de la capacidad sino más bien su idea central es el apoyo a la persona que, según las propias palabras de la Observación General Número 1 del 2014 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones: desde el acompañamiento amistoso o persona de apoyo hasta la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o métodos de comunicación diferentes a los habituales pasando por el diseño e implementación universal de medidas de accesibilidad o  ruptura de barreras arquitectónicas así como recibir el consejo y toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad[v]. El cambio más sustancial pivota en la concepción de la figura jurídica de la incapacitación, porque sustituye el contenido de los Arts. 199 y 200 CC, por un nuevo Art. 248 que en lugar de tutela otorga “…las medidas de apoyo necesarias para que las personas mayores de edad o emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad”, las cuales, en tanto sean de “…origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate”. Entre otras cuestiones, precisamente por ello, la nueva regulación otorga preferencia a las medidas preventivas, es decir, a aquellas respecto a las cuales el propio afectado puede tomar en previsión de una futura necesidad de apoyo, necesidades que en todo caso, han de prevalecer sobre las medidas que se hayan establecido con carácter previo y de forma externa, así adquieren relevancia y especial importancia los mandatos preventivos, así como la  autotutela[vi]. Mención aparte merece el reforzamiento de la figura jurídica de la guarda de hecho a que se refiere el Art. 303 CC[vii], que se transforma en una institución jurídica de apoyo, dejando de ser una situación provisional cuando se manifiesta como suficiente para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad.

En relación al Decreto de 8 de Febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción de la Ley Hipotecaria, afecta a sus Arts. 2.4; 42.5; 165.6; 168; 192; y 222 bis.5.

Referente a la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, modifica los Arts. 748.1; 749.1; 749.2; 751.2; 753.1; 753.3; 756 a 759; 760.1; 760.2; 761; 762 y 770.8.

Respecto a la Ley 20/2011, de 21 de Julio, del Registro Civil, afecta a sus Arts. 4.10 a 4.15; 11.i); 44.7; 72.1; 73; 75; 77; 83.1; y, 84.1.

En referencia a la Ley 15/2015, de 2 de Julio, de Jurisdicción Voluntaria, modifica los Arts. 43; 44; 45.1; 45.2; 45.4; 45.6; 46.2; 46.3; 46.4; 48.1; 49.1; 51.1; 51.2; 51.3; 51 bis; 51 ter; 52.1; 52.3; 61; 62; 65.4.

Por último y referente a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, afecta a los Arts. 118.1 y 120.1.

III.- REGIMEN JURIDICO PARA EL INGRESO EN RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES

Esta situación de hecho la regula actualmente el Art. 763 LEC, aunque los párrafos 1 y 2 del Art. 763.1 fueron declarados inconstitucionales por STC 132/2010 de 2 de Diciembre; PONENTE: Sr. GAY MONTALVO (FJ 3), por ser materia reservada a Ley Orgánica y vulnerar el Art. 81.1 CE. Así pues, caso de enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico, que impidan prestar consentimiento, ha de recabarse preceptivamente autorización judicial con carácter previo al ingreso o comunicarlo a la autoridad judicial en plazo de 24 horas en los supuestos de urgencia[viii], tal plazo será computable “…desde el momento en que se produce materialmente el ingreso del afectado en el interior del recinto y contra su voluntad[ix]…“; caso de que exceder el plazo de 24 horas, el TC señala que se puede acudirse al procedimiento de habeas corpus. Es por tanto, la Autoridad judicial quien ha de examinar si las condiciones del ingreso son o no ajustadas a la legalidad y autorizar las restricciones imprescindibles para la protección de la salud, integridad física o vida del internado.

Mención aparte pero no menos relevante, es la  STC 34/2016, de 29 de Febrero (Sala Segunda); PONENTE: Sr. ENRIQUEZ SANCHO que se refiere a personas que ingresadas en centros geriátricos. Su punto de inflexión es la imposibilidad decisoria de la persona respecto a su internamiento no voluntario; la inexistencia de autorización judicial para ello y, que ambos aspectos, lesionan gravemente el derecho fundamental a la libertad personal del Art. 17.1 CE con arreglo a la interpretación que deriva del contenido de los Arts. 5.1.e) y 5.4 CEDH. Ello al margen de que un internamiento no voluntario asimismo afecta a:

  • La necesidad de existencia de un Informe médico que avale y aconseje, por causas de peligro para el internado o el resto de personas o circunstancias sociales, sanitarias o conductuales del internado (STC 13/2016, de 01 de Febrero (Sala Primer); ECLI: ES: TC: 2016: 13; PONENTE: Sr. OLLERO TASSARA;
  • Derecho del internado, a elegir su lugar de residencia; y,
  • Derecho a la tutela judicial efectiva y un proceso con todas las garantías.

En la Sentencia reseñada, nos hallamos ante el internamiento de una persona con Alzheimer en fase avanzada en un centro socio sanitario de forma involuntaria. El Juzgado tras recabar Informe Médico forense y examinar a la presunta incapaz, ratifica el internamiento por razones de trastorno psíquico (“demencia fronto-temporal”) haciendo saber que la resolución judicial no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación. Instado incidente de nulidad de actuaciones y recurso de apelación por la representación legal de la internada, la resolución judicial impugnada se confirmó por la Audiencia. Presentado recurso de amparo ante el TC, el Alto Tribunal estima el amparo y declara vulnerado el  derecho a la libertad personal y acuerda la inmediata puesta en libertad de la internada por incumplimiento de los presupuestos y garantías del procedimiento del Art. 763 LEC, así como por el incumplimiento del presupuesto de inexistencia previa de Informe médico que justifique la adopción de la medida de internamiento. La STC considera improrrogable el plazo de 24 horas una vez producido el internamiento  como sucede con otros plazos de detención judicial, y su obligación compete al responsable del centro donde se produzca el internamiento y se producirá ante el Tribunal competente a  efectos de su ratificación; ratificación que deberá efectuarse en plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del Tribunal.

Como corolario, indicar que existe una realidad incontrovertible e indiscutida: numerosas personas son ingresadas en centro de mayores, careciendo de autonomía para consentir y sin control judicial. Y hay que dar una solución, porque  los Juzgados, por razones de sobrecarga de trabajo, de dificultades de comunicación procesal o por no ser competente el Juzgado o por proliferación de centros geriátricos que satura de trabajo a los órganos jurisdiccionales, no son capaces de dar respuesta a esta cuestión. Además del hecho de que un 32% de la población mayor de 65 años presenta algún tipo de discapacidad. ¿Soluciones ante esta infinidad de contrariedades y controversias? Variadas:

  • Una adecuada regulación de los Arts. 762 y 763 LEC que ofrezca una respuesta diferenciada a los ingresos de personas mayores respectos a los ingresos psiquiátricos. Un problema diferente exige una solución diferenciada;
  • Modificación del Art. 42 del Reglamento 1/2005 de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales que ofrezca solución a la cuestión, bien otorgando jurisdicción a los Juzgados de Guardia bien a los de 1ª Instancia con un sistema de guardias;
  • Que en la resolución judicial se autorice al tutor al internamiento cuando sea necesario[x]; y,
  • Definir y establecer algún tipo de protocolo para que los centros de mayores sepan en qué casos y situaciones tienen que acudir al Juzgado; plazos para hacerlo; órgano jurisdiccional ante quien comparecer y documentación que han de acompañar.

IV.- EL GUARDADOR DE HECHO

La realidad y cotidianeidad demuestran que en la mayoría de los casos donde nos encontramos ante un discapaz, éste se encuentra atendido por un guardador de hecho –generalmente un familiar–, que no precisa de investidura judicial formal, extremo que la persona con discapacidad tampoco desea. Para los casos en que se requiera al guardador acreditación de representación, se prevé que se obtenga autorización judicial ad hoc. La figura jurídica de la guarda de hecho se regula ex Arts. 261 a 265 del Anteproyecto. Nos encontramos ante una situación en que una persona con discapacidad tiene alguien que le apoya sin supervisión judicial y sin que se encuentren delimitadas y precisadas cuáles son las facultades del guardador de hecho. Podemos encontrarnos ante situaciones en que una persona con discapacidad intelectual o psicosocial, se vea sometida completa e innecesariamente a la voluntad de su guardador sin que existan medios para evitarlo, con el agravante de que el guardador de hecho pueda ser autorizado por el Juez para ejercer funciones representativas y sustituir a la persona con discapacidad en la toma de decisiones sin autorización judicial alguna en actos y negocios jurídicos sobre sus bienes “…de escasa relevancia económica[xi]..”, o que pueda, con autorización judicial, prestar  consentimiento “…en los actos que impliquen riesgo para la vida, la integridad física o la libertad de la persona a su cuidado..”; por lo demás, esta sustitución de la voluntad de la persona por la de su guardador de hecho se refuerza con la previsión de que “…los actos realizados por el guardador relativos a la persona a la que presta su apoyo o a los bienes de ésta no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad”, planteamiento que concuerda plenamente con el Art. 304 CC.  El Anteproyecto pretende evitar una regulación excesivamente burocratizada de las instituciones de apoyo y despojar a la guarda de hecho “…de una investidura judicial formal que la persona con discapacidad tampoco desea[xii]…”, pero sería preferible que se hiciera con una garantía más eficaz de la libertad de la persona con discapacidad, siendo necesario quizás establecer expresamente que la persona con discapacidad que cuente con guarda de hecho tiene plena libertad de decisión, previendo que siempre que la guarda de hecho pueda tener efectos de alguna naturaleza en relación con los actos y negocios jurídicos deba plasmarse en un acuerdo entre la persona concernida y el guardador que sea comunicada al Ministerio Fiscal y limitar el ejercicio de funciones representativas a los supuestos en que la persona lo haya querido expresamente o a aquellos en que se encuentre absolutamente imposibilitada de comunicar su voluntad.  Respecto a la obligación de rendición de cuentas en previsión de evitar perjuicios en los bienes y derechos que pudiera sufrir el sometido a guarda de hecho, el Art. 52.1 Ley 15/2015, de 2 de Julio, de Jurisdicción Voluntaria establece que “A instancia del Ministerio Fiscal, del sometido a guarda o de cualquiera que tenga un interés legítimo, el Juez que tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y bienes del menor, de la persona con capacidad modificada judicialmente o de la que hubiera de estarlo, y de su actuación en relación con los mismos”.

Como ejemplo de cómo y por donde se decanta la jurisprudencia podemos poner la STS 1901/2017 (Sala Primera, Sección 1ª), ECLI: ES: TS: 2017: 1901, de 16 de Mayo, PONENTE: Sra. PARRA LUCAN, que estima parcialmente el recurso de casación instado frente a la modificación de la capacidad de una persona mayor que precisara la extensión y los límites de dicha modificación de la capacidad, constriñéndola en el ámbito personal y patrimonial. O la STS 846/2018 (Sala Primera, Sección 1ª), ECLI: ES: TS: 2018: 846, de 15 de Marzo, PONENTE: Sra. PARRA LUCAN, que estima totalmente el recurso de casación interpuesto ante la Sentencia de un Juzgado de Primera Instancia sobre nulidad matrimonial de pleno derecho con causa a la falta de capacidad para emitir el consentimiento por enfermedad mental.

V.- LA AUTOTUTELA

La autotutela es una institución jurídica que permite conferir poder suficiente a una persona para que, en previsión de una modificación de su capacidad de obrar anticipadamente designe a una persona física o jurídica para que sea esta y no la que se fije judicialmente, quien adopte toda disposición relativa a su persona y bienes. Es decir, nos hallamos ante una medida preventiva donde una persona anticipadamente designa quien quiere que sea el que administre y disponga de sus derechos en previsión de su deterioro físico o psíquico antes de que se declare judicialmente. Se encuentra regulada normativamente ex Art. 223 CC “…cualquier persona con capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor”. El Art. 223 CC resultó modificado por el Art. 9.1 Ley 41/2003, de 18 de Noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria. La autotutela también encuentra reflejo en el contenido del Art. 234 CC que designa un determinado orden de preferencia respecto a quien sea designado como tutor. Es decir, se permite que, si la persona afectada por discapacidad está en condiciones de hacerlo, exprese su voluntad y predilección acerca de quién prefiere que asuma el cargo de tutor o curador en el momento en el que se proceda a su nombramiento. El fundamento de la autotutela es doble: por un lado el principio de autonomía de la voluntad, y, por otro, el interés del discapaz y la protección de la persona sometida a esta figura jurídica, que, en palabras del TS “…está por encima de la autonomía de la voluntad[xiii]”. Para que opere válidamente requiere expresa manifestación de voluntad formulada en documento público. Tal documento público será comunicado de oficio por el Notario autorizante al Registro Civil. La designación puede ser conferida según doctrina jurisprudencial, tanto a una persona física como a una jurídica (normalmente una Institución o Fundación).

Como ejemplos de jurisprudencia sobre la autotutela, su alcance y efectos, citaremos la STS 1901/2017 (Sala Primera, Sección 1ª), ECLI: ES: TS: 2017: 1901, de 16 de Mayo, PONENTE: Sra. PARRA LUCAN, o la STS 2805/2018 (Sala Primera, Sección 1ª), ECLI: ES: TS: 2018: 2805, de 18 de Julio, PONENTE: Sr. SEIJAS QUINTANA.

 

VI.- LOS PODERES PREVENTIVOS

Ejemplo de definición legal de “poder preventivo” sería todo aquel documento público otorgado ante Notario, que permite a una persona física (poderdante) designar a otra persona, sea esta física o jurídica (apoderado), para que le represente y pueda actuar en determinados actos jurídicos previamente definidos por el poderdante en el documento público, caso de ver alterada la capacidad de obrar. Reitero el importante aspecto de que el significado de “pérdida de capacidad” lo define el poderdante con carácter previo y en el documento público (con la consiguiente garantía del control de capacidad de prestar consentimiento que otorga el Notario). Su regulación normativa se sustenta ex Arts. 223 II y 1732 III CC (potestad de otorgamiento y causas de extinción del mandato. respectivamente), en los siguientes términos “…cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor” y “El mandato se extinguirá, también, por la incapacitación sobrevenida del mandante a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste. En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor”. Por tanto, existen 2 situaciones que pueden plantearse:

  1. Poder que subsiste incluso en caso de incapacidad del poderdante (Art. 1732 III CC); y,
  2. Poder que despliega sus efectos caso de incapacidad del poderdante (Art. 223 III CC).

Los poderes preventivos dejan de tener eficacia jurídica mediante resolución judicial, aunque no basta una mera resolución judicial de incapacidad como medio de extinguir el poder sino que es necesario que la resolución judicial se pronuncie sobre su vigencia. El otorgamiento ha de ser comunicado por el Notario al Registro Civil, obligación que nace de los Arts. 223.3 CC y 46 Ter de la Ley del Registro Civil tras la reforma de la Ley 1/2009, de 25 de marzo. Los poderes preventivos pueden ser otorgados indistintamente a favor de personas físicas o jurídicas y puede fijarse retribución económica al apoderado aunque “A falta de pacto en contrario el mandato se supone gratuito[xiv]”. El apoderado ha de actuar conforme “…a las instrucciones del mandante…”, y falta de ellas, como “…un buen padre de familia” (Art. 1719 CC).  Se encuentra obligado respecto a la rendición de cuentas (Art. 1720 CC).

Dicho lo anterior, el Art. 222-2.1 Ley 25/2010, de 29 de Julio del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña relativo a la persona y la familia, va más allá regulando expresamente  los poderes preventivos al establecer: “No es preciso poner en tutela a las personas mayores de edad que, por causa de una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico, no pueden gobernarse por sí mismas, si a tal efecto han nombrado a un apoderado en escritura pública para que cuide de sus intereses”.

Respecto al Anteproyecto de Ley, expresamente se contempla ex Arts. 254 a 260.

VII.- ACCESIBILIDAD Y DERECHOS EN EL AMBITO JUDICIAL

El sustento normativo del derecho a igualdad de trato de los discapaces es el RDL 1/2013 de 29 de Noviembre. Concretamente sus Arts. 5.f) y 7.3 declaran expresamente que “Las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal se aplicarán, además de a los derechos regulados en el Título I, en los ámbitos siguientes: Administración de justicia” y que “Las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva…”. Asimismo, el Informe de 23 de Marzo de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho de acceso a la Justicia en virtud del Art. 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ofrece en sus Recomendaciones 63 y 64[xv], plena eficacia y cumplimiento al Art. 13[xvi] de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que obliga a los Estados a asegurar y a que tengan acceso efectivo a la Justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, las personas con discapacidad.  Los ajustes de procedimiento son adaptaciones o modificaciones que flexibilizan los procesos judiciales ajustándolos a las necesidades de las personas y garantizando que puedan comprender y participar en los procesos judiciales. También ha coadyuvado a ello, la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia[xvii], que declara el derecho de los ciudadanos a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles evitando el uso de elementos intimidatorios innecesarios; a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos no especialistas en derecho; y a que las sentencias y resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas sin perjuicio de su rigor técnico., siendo obligación de los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales, velar por la salvaguardia de esos derechos[xviii]. También declara el derecho de los ciudadanos afectados por alguna discapacidad sensorial, física o psíquica, al uso de “…aquellos medios tecnológicos que permitan tanto obtener de forma comprensible la información solicitada como la práctica adecuada de los actos de comunicación y otras actuaciones procesales en que participen[xix]”. Por ello, el 18 de Octubre de 2018 se firmó entre el CGPJ y la Confederación Plena Inclusión, Convenio de colaboración que permitirá que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, puedan comprender las resoluciones judiciales que les afectan. Asimismo, prevé la participación activa de otras Instituciones como el Ministerio de Justicia o las Administraciones autonómicas, a quienes corresponderá la asunción del coste de la adaptación de los textos judiciales. El Ministerio de Justicia será, la institución que deberá autorizar la participación de los Letrados de la Administración de Justicia en la adaptación de los textos.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ADAPTACION SENTENCIA

En resumen nos hallamos ante una resolución judicial (habitualmente Sentencia) que se encuentra dirigida a un justiciable con sus capacidades cognitivas mermadas; a un incapacitado judicialmente o a un discapaz (todos ellos sujetos de Derecho), donde por una parte se resume el contenido de la resolución y por otra, se procede a una redacción que contenga términos sencillos y comprensibles que evite el uso de tecnicismos, facilitando así la comprensión al justiciable no especialista en Derecho. La situación es extrapolable a cualquier persona que, aun sin limitaciones cognitivas, carezca de conocimientos en Derecho.

VIII.- CONCLUSIONES

Como todo colectivo, tanto los mayores como los discapaces y también los declarados incapacitados, como justiciables tienen unos derechos vinculados a su condición de sujetos de Derecho y a una serie de específicas necesidades respecto a las cuales el Derecho y sus actores, tienen la obligación y el deber de ofrecer respuesta.  Me refiero, por ejemplificarlo, a aspectos tales como la colectivización y confusión existente entre personas mayores, discapacidad, deterioro físico inherente al proceso de envejecimiento o edadismo. Asimismo el colectivo citado tiene dificultades y reticencias específicas y distintas de cualquier otro usuario de la Justicia a la hora de acudir a ella. Es por ello que el acceso a la justicia, siendo como es, principio básico del Estado de Derecho proclamando ex Art. 24 CE, no pueda verse impedido, limitado o constreñido por circunstancia alguna, y tampoco por razón de edad o discapacidad.

No nos hallamos ante una decisión legislativa gratuita o graciosa, sino ante un fenómeno que precisa de una actuación normativa urgente y adecuada. Además, el Anteproyecto trae causa en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de Nueva York de 13 de Diciembre de 2006. España firmó la Convención de Nueva York, el 30 de Marzo del 2007 y la ratificó el 21 de Abril de 2008. Tiene como propósito declarado “…promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente[xx]”. El núcleo del Anteproyecto de Ley, en palabras de D. Antonio Pau Pedrón, lo constituye transformar la incapacitación en apoyo, apoyo que debe estar sustentado y orientarse “…a una meta principal: conocer y respetar la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad[xxi]”. La pretensión de la reforma, es adaptar la legislación civil, procesal y penal hacia una nueva concepción de la persona con discapacidad, situación demandada socialmente habida cuenta del cambio de actitud ante conceptos como la vejez o la discapacidad. A ello, sería altamente recomendable, añadir la adaptación de la regulación de los internamientos no voluntarios, así como efectuar un ejercicio de análisis sobre el derecho de las personas con discapacidad a la salud sexual y reproductiva, lo que afectaría a la regulación de las esterilizaciones involuntarias autorizadas judicialmente, normativamente contempladas en el CP[xxii]. El Anteproyecto comprende, abarca y afecta a una ingente normativa, y es producto, entre otras, de la necesaria adecuación de nuestro ordenamiento jurídico interno a un Tratado Internacional; la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.


Sobre el autor

 

[ii] Vidhttp://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c1f22df2b43ac510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=b608b767601ac510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES

[iii] Vid. Art. 1.1.a) Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

[iv] Vid. http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2018/EvolucionDiscrimEsp2018-0159.pdf

[v] Párrafo 3, Art. 12 Observación General Nº 1 de 2014 de la ONU.

[vi] La autotutela es la potestad que permite que una persona con capacidad de obrar suficiente, en previsión de que ser incapacitado judicialmente, pueda dejar por escrito cómo desea que se organicen y administren los asuntos relativos a su persona y bienes, incluida la designación de tutor.

[vii] La guarda de hecho es una situación jurídica en la que un sujeto, sin contar con nombramiento judicial para ello, se encarga de la guarda de alguien en quien concurren posibles causas de incapacitación.

[viii] Art. 763.1 LEC.

[ix] Párrafo 8 FJ 3 STC 13/2016, de 01 de Febrero.

[x] Aunque ya se encuentra contemplado ex Art. 760.1 LEC.

[xi] Art. 285.4º Anteproyecto de Ley por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal en materia de Discapacidad.

[xii] EXPOSICION DE MOTIVOS III, párrafo 4º Anteproyecto de Ley por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal en materia de Discapacidad.

[xiii] Párrafo 9 FD TERCERO, STS 2805/2018, de 18 de Julio.

[xiv] Art. 1711 I CC.

[xv] Vid. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/368/76/PDF/G1736876.pdf?OpenElement

[xvi] http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir131206-je.html

[xvii] Vid. https://sedejudicial.justicia.es/sje/PA_WebApp_SGNTJ_NSJE/descarga/Carta%20de%20derechos%20de%20los%20ciudadanos.pdf?idFile=a9809969-7228-4a35-97f2-b924ec38ab44

[xviii] Puntos 5 a 7 CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA.

[xix] Punto 30 CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA.

[xx] Art. 1 Instrumento de ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

[xxi] Vid. Antonio Pau  «De la incapacitación al apoyo: el nuevo régimen de la discapacidad intelectual en el código civil». Revista de Derecho Civil. http://nreg.es/ojs/index.php/RDC. ISSN 2341-2216 Vol. V, Nº 3, Julio-Septiembre, 2018. Págs. 5-28.

[xxii] Véase párrafo 2º  Art. 156 CPNo será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil”.