La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reparación integral del daño es un derecho que poseen todas las víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos.

La resolución se expidió con motivo del análisis de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

La cuestión se debatió en la Acción de inconstitucionalidad 130/2017, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el 29 de agosto de 2017.

Al analizar la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, resolvió:

“Que el condicionar que la procedencia de las medidas de compensación, es decir, la erogación económica a que la víctima tenga derecho, exclusivamente a aquellos casos en los que se dé una violación grave a derechos humanos, no es compatible con los parámetros nacionales e internacionales…”

“…pues la reparación integral a las víctimas debe darse a todas las víctimas de algún delito o violación a derechos humanos y no solamente a quienes hayan sufrido graves violaciones de esos derechos.”

Por ello, el Pleno invalidó:

  • el artículo 46 en la porción normativa “ambos considerados como graves”;
  • el artículo 48, párrafo primero y párrafo segundo, en las porciones normativas “graves”;
  • el artículo 114, en la porción normativa “graves”, referido este artículo al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual condicionaba la entrega de recursos a los casos de violaciones graves de derechos.

Asimismo, el Alto Tribunal también invalidó el artículo 10, fracción III, párrafo tercero, en la porción normativa “bajo la disponibilidad presupuestal”.

La referida norma condicionaba a la disposición de presupuesto el otorgamiento de atención a víctimas en aquellos casos urgentes en los que se recurra a instituciones particulares, lo que resultaba violatorio de la Constitución Federal y contrariaba lo dispuesto en la Ley General de la materia.

Finalmente, cabe mencionar que el Tribunal Pleno continuará con el análisis de este asunto durante la próxima sesión para abordar el concepto de violaciones graves que contiene el artículo 67 de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.