SCJN comienza el análisis de la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería frente al derecho a la protección de la salud.

En el II Seminario regional sobre objeción de conciencia, realizado en Bogotá en Agosto de 2016, se concluyó que la conciencia es un atributo personal, presente tanto en la negación como en la prestación de servicios.

No obstante, la objeción no es equiparable a la obstrucción, el estrés moral, la desobediencia civil, ni la imposición de barreras.

La objeción de conciencia le permite a un médico o médica negarse a prestar un servicio que, si bien es legal y corresponde a las competencias técnicas de su profesión, no le es posible prestar por razones basadas en profundas creencias religiosas, morales o éticas.

Esta posibilidad de ningún modo modifica su obligación ética de no interferir con la autonomía de su paciente, de salvaguardar su bienestar y, más aún, de no hacerle daño o negarle información.

Impedir el acceso a un procedimiento médico necesario viola aquellos tres principios, sobre todo cuando se hace desde una posición de poder propia del ejercicio de la medicina y dista de obedecer a un ejercicio de conciencia para convertirse en una imposición de creencias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, inició el análisis del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, así como de los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se adicionó el artículo referido, publicado el 11 de mayo de 2018.

Ello, en el marco de la acción de inconstitucionalidad 54/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 10 Bis, Segundo y Tercero Transitorios de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de mayo de 2018.

En el mencionado precepto se prevé, sustancialmente, que el personal médico y de enfermería podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esa ley, sin que pueda invocarse cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.

El Pleno debe decidir si las normas impugnadas —que reconocen el derecho del personal médico y de enfermería a la objeción de conciencia— son respetuosas o no del derecho de protección a la salud de las personas.

El Pleno estableció el parámetro de control de la constitucionalidad y estudió el primer planteamiento de la accionante, concluyendo que las normas impugnadas no son violatorias de la Constitución General desde el punto de vista competencial.

Luego, los Ministros discutieron sobre el tema de fondo, pero dado lo avanzado de la hora, se levantó la sesión por lo que el estudio de este asunto continuará en la próxima sesión del Pleno de la SCJN.

Fuente: Prensa SCJN de México


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