La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas electoral de Veracruz y Chiapas por falta de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez total del Decreto 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral y se reforman los artículos 22 y 171 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, ambos ordenamientos del Estado de Veracruz, publicado el 28 de julio de 2020.

El Pleno determinó que el contenido del decreto impugnado incidía directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas del Estado.

Conforme a los artículos 2° de la Constitución General y 6 del Convenio 169 de la OIT, las autoridades locales se encontraban obligadas a realizar una consulta de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en la que participaran dichos grupos.

Tras la declaración de invalidez, se ordenó el restablecimiento de la vigencia de las normas anteriores a las reformadas.

Además, se estableció que la consulta respectiva deberá realizarse y la nueva legislación emitirse, a más tardar, dentro de un año siguiente a la conclusión del proceso electoral del Estado de Veracruz.

La invalidez debe hacerse extensiva al diverso Decreto 594 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral para dicha entidad federativa, publicado el 1 de octubre del año en curso, aun cuando no hubiera sido impugnado.

Respecto a la normativa del Estado de Chiapas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó, por falta de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas, el Decreto 235, por el cual se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Decreto 237, por el que se expidió la Ley de Participación Ciudadana.

Al igual que en caso anterior, el Pleno determinó que el contenido de las disposiciones aludidas influía directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado.

Por los mismo motivos, las autoridades de Chiapas también se encontraban obligadas a realizar la consulta de forma previa en la que participaran dichos grupos.

Por lo que hace al Decreto 238 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal, el cual también fue impugnado, se desestimó la acción porque no se alcanzó una mayoría calificada a favor de su invalidez.

En conclusión, la SCJN determinó:

(i) la reviviscencia, es decir, el restablecimiento de la vigencia de las normas anteriores a las reformadas, dado que los decretos invalidados estaban referidos a la materia electoral, en la cual la certeza es principio rector;

(ii) la consulta respectiva deberá realizarse y la nueva legislación emitirse, a más tardar, dentro de un año siguiente a la conclusión del proceso electoral; y

(iii) extender los efectos de la invalidez al Decreto 007, publicado el 8 de octubre de 2020, por medio del cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación, República de México

Comunicado Veracruz

Comunicado Chiapas


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